El dilema de las condenas a Marine Le Pen y Donald Trump: ¿jueces o urnas?

• La extrema derecha internacional ha criticado a la Justicia tras la inhabilitación de Marine Le Pen para cargo público
• Las sentencias contra Le Pen y Trump muestran dos filosofías legislativas opuestas en la relación entre la ley y el voto popular

Marine Le Pen, en una imagen de archivo en la Asamblea Nacional francesa en enero. AP / THIBAULT CAMUS

Marine Le Pen ya hace años que era, a pesar de no gobernar, una figura política de peso que trascendía Francia. Era una veterana y un referente de la extrema derecha o nacionalismo populista internacional. Pero desde esta semana, desde que la Justicia francesa la ha inhabilitado para cargo público durante cinco años, es, además, una mártir. Una mártir y un ejemplo, para esa derecha mundial, de que las democracias liberales están controladas por una élite que los persigue y va contra millones de electores, de personas a quienes priva de su libre derecho a elegir.

Marine Le Pen, la protopresidenta

Recordemos primero el veredicto y la sentencia del lunes pasado. Un tribunal de París declaró culpable a Marine Le Pen y otros 23 correligionarios de malversación de fondos públicos por desviar dinero del Parlamento Europeo para financiar el partido (Agrupación Nacional) durante 11 años, a base de contratar a personal para el partido que hacían pasar por asesores de los europarlamentarios. La condena para Le Pen fue de cuatro años de cárcel, sólo dos firmes sustituibles por un brazalete electrónico, 100.000 euros de multa y, lo más trascendente, inhabilitación para cargo público durante cinco años, plazo, y aquí está el quid de la cuestión, que incluye las próximas elecciones presidenciales dentro de dos años, en la primavera de 2027.

Ahí está el núcleo de la polémica y el debate político porque Le Pen, a día de hoy, era la candidata favorita, según las encuestas. Iba a ser su cuarto intento y esta vez sí, esa era la convicción, podría convertirse en presidenta de la República. Aún no se sabe a quién se enfrentaría, pero los sondeos la situaban en cabeza con algo más de un tercio de los votos, entre un 34% y 38%.

Otro dato para el optimismo en sus filas era el éxito en su estrategia de "dédiabolisation" ("normalización") del partido, el Frente Nacional que fundó su padre, a quien echó, y partido al que le cambió el nombre por Agrupación Nacional. La primera vez que se presentó a presidenta, en 2012, con un 17,9% de votos no pasó la criba de la primera vuelta. A la siguiente, en 2017, consiguió clasificarse para la final con un 21,3% de votos y, en esa segunda vuelta, frente a Emmanuel Macron, se quedó en un 33,9%. En la última, en 2022, llegó también a la final con Macron y volvió a perder, pero acortando distancias: Le Pen alcanzó el 41,4% de los votos. Trayectoria ascendente, cada vez más cerca del preciado 50%, la llave del Olimpo, el Palacio del Eliseo.

Hace tres años el partido de los Le Pen ya no daba miedo, y esa es la base de la confianza que tenía la hija de Jean-Marie Le Pen en poder llegar a lo más alto del poder en Francia. Aquí es pertinente recordar que la Presidencia de la República Francesa no es meramente representativa, es un cargo ejecutivo, muy ejecutivo, ya que tiene las competencias en Asuntos Exteriores y Defensa, una capacidad que podemos observar en las acciones de Macron en este presente bélico y de rearme.

Es decir, antes de su inhabilitación esta semana, había serias posibilidades de que en dos años la extrema derecha, nacionalista y contraria a una Unión Europea fuerte dirigiera la segunda potencia de la Unión Europea, la única nuclear y con puesto en el Consejo de Seguridad permanente de la ONU. En ese contexto hay que entender su reacción furibunda, también la de sus seguidores, a la sentencia y la solidaridad expresada en varios países.

Del Kremlin a Trump, pasando por Orbán y Bolsonaro

En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, consideró la ocasión idónea para cargar contra Europa: "Más y más capitales europeas descienden por el camino de violar las normas democráticas". Para contexto, hasta la invasión de Ucrania en 2022, Marine Le Pen era una habitual de Moscú, hasta el punto de que en vísperas de la elección presidencial francesa de 2017 Vladímir Putin la recibió en el Kremlin y le regaló una sesión de fotos como si ya fuera la presidenta de Francia. Hasta febrero de 2022, el voto de los eurodiputados del Frente Nacional fue favorable a la Rusia de Putin, pero la indignación generalizada por la invasión a gran escala de Ucrania obligó a Le Pen a distanciarse de Putin y, en plena campaña electoral, a retirar propaganda donde lucía una de esas fotos con el presidente ruso. Estaba en juego alcanzar la cima del poder francés. Follow the money (siga el dinero), cuando en 2014 Le Pen tuvo dificultades para encontrar préstamos en la banca francesa, reticente a vincularse con la extrema derecha, un banco ruso próximo al Kremlin acudió en su ayuda con 9 millones de euros.

Ideología y préstamos bancarios unen a Marine Le Pen también con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el caballo de Troya del Kremlin (y no sólo) en la Unión Europea, miembros ambos del mismo grupo en el Parlamento Europeo, Patriotas por Europa, el mismo en el que están los españoles de Vox. En cuanto se conoció la sentencia contra Le Pen, Orbán escribió en X un solidario Je suis Marine!, así, en francés y con exclamación, "¡Yo soy Marine!".

Al otro lado del Atlántico, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, él mismo con problemas judiciales acusado de intento de golpe de Estado, también corrió a criticar la sentencia contra Le Pen porque lo considera "activismo de izquierdas". Según el expresidente brasileño, "la izquierda ha encontrado una manera fácil de perpetuarse en el poder usando el activismo judicial."

En términos muy parecidos se han pronunciado el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente, J.D. Vance, el miembro que, junto con Elon Musk, más destaca por su inquina contra la Europa liberal, a la que no para de criticar mientras se ampara en una ultraderecha a la que considera marginada injustamente del poder. En su red social, el presidente Trump ha criticado la sentencia contra Le Pen y equiparado a las causas judiciales contra él, usando la nefasta referencia histórica de "caza de brujas", que es, según Trump, "otro ejemplo de los izquierdistas europeos usando lawfare (la ley con fines políticos) para silenciar la libertad de expresión y censurar a sus oponentes políticos". El presidente se extiende en su escrito y termina con sus habituales mayúsculas, que en redes equivalen a gritos, "¡LIBERAD A MARINE LE PEN!".

Un abanico de reacciones que refleja una clara solidaridad de lo que algún medio ha calificado como la "internacional de extrema derecha", pero sería erróneo pensar que sólo esa parte del espectro político recela de esa sentencia.

Críticas y temor más allá de la extrema derecha internacional

También ha habido críticas por parte de algunas figuras de la izquierda por considerar la decisión política, que pretende apartar a un candidato del poder. En Francia, Jean-Luc Mélenchon puso el dedo en la llaga de un debate cada vez más actual que abordaremos más abajo: "La destitución de un cargo debería recaer en el pueblo".

Otra estrella, esta internacional, de la izquierda, el exministro griego Yanis Varoufakis, fue tan lejos como equiparar la Justicia francesa a la turca, considera que la inhabilitación de Marine Le Pen para cargo público es "ridícula" y califica la reacción del progresismo de "hipocresía descomunal": "Cuando un tribunal en Turquía inhabilitó al principal opositor del presidente Erdogan los progresistas se quejaron, cuando Francia hace lo mismo, los progresistas se alegran y cacarean que 'la ley es la ley'. Una hipocresía descomunal". Como Mélenchon, Varoufakis no hace distingos entre la calidad comparativa de las democracias y los sistemas judiciales y extrapola: "Me preocupa que hoy el objetivo sea la extrema derecha; mañana nosotros, al siguiente nadie estará libre de la larga mano del totalitarismo. Mi preocupación es la de un demócrata decidido a proteger el derecho de mi enemigo a votar y que le voten".

También recelan algunos políticos moderados en Francia porque temen que la consecuencia sea que esa sentencia alimente el victimismo con que hacen campaña este tipo de opciones políticas y las refuerce, presentándose como perseguidos por un sistema corrupto que usa la ley y los pactos para mantenerlos a ellos, verdaderos representantes del pueblo, fuera del poder. La primera en reaccionar así fue la propia Marine Le Pen y sus correligionarios la han seguido.

¿Quién aplica la Justicia?

La condena y sentencia contra Marine Le Pen se ha producido apenas cuatro meses y medio después de la elección de Donald Trump en los Estados Unidos. Un presidente a quien, medio año antes de ser elegido, un jurado de Nueva York declaró culpable de 34 delitos. La condena no implicó su inhabilitación para presentarse pocos meses después al cargo, es más, quedó completamente libre sin cargos. ¿Por qué? Porque los abogados de Trump lograron alargar y alargar el proceso judicial casi dos años, hasta pasadas las elecciones presidenciales, de modo que para el día en que el juez dictó sentencia, el 10 de enero pasado, las urnas habían absuelto al delincuente.

El propio juez, muy duro con Trump durante todo el juicio, consideró que retrasar la sentencia a después de las elecciones evitaría lecturas políticas (como las que está habiendo con la sentencia a Le Pen). Pero para entonces ese juez ya tenía poco margen de maniobra, porque Trump había ganado las elecciones y en diez días iba a jurar el cargo de presidente de los Estados Unidos, "y la Constitución -argumentó el juez en su sentencia- protege a los presidentes de juicios penales". Lo que no hace de ningún modo, prosiguió, "es reducir la gravedad del delito o justificar que se haya cometido (...) ni borra el veredicto del jurado". Y así Donald Trump se convirtió el 20 de enero en el primer presidente de los Estados Unidos que es un delincuente convicto.

En el caso de Marine Le Pen, los jueces franceses, como el neoyorquino, se amparan en que aplican la ley, o más exactamente el texto de una y el espíritu de otra. El texto de una ley de 1992, que preveé la posibilidad de la inhabilitación para cargos públicos culpables de desviar fondos públicos, y el espíritu de una ley posterior por pocos meses a los delitos de Le Pen. Esa ley, de 2016, endurece la anterior -tras múltiples casos de corrupción política- y obliga a inhabilitar al culpable de desviar fondos públicos. Esa ley se aprobó por amplia mayoría, incluido el voto de la diputada Marine Le Pen. Le Pen es el caso tal vez de mayor trascendencia, porque tenía serias posibilidades de convertirse en presidenta de la República, porque es la líder indiscutible y difícil de sustituir en la extrema derecha francesa, y por la capacidad de agitar la opinión pública que tiene hoy esa derecha, pero no es la primera figura política francesa inhabilitada por la Justicia.

El debate está servido. ¿La ley o las urnas? ¿os jueces o los votantes? ¿Quién tiene la última palabra sobre si alguien es digno o no de un cargo público?