Cuatro casos, 88 imputaciones y un candidato: las causas penales que acechan a Donald Trump

Repaso a las causas judiciales a las que se enfrenta Donald Trump antes de las elecciones presidenciales de 2024. RTVE.es

Convertido ya en el candidato republicano para las próximas elecciones presidenciales, en las que aspira a conseguir un segundo mandato, Donald Trump afronta la recta final de la campaña bajo la sombra de las cuatro causas penales abiertas contra él, las primeras imputaciones judiciales por este tipo de delitos contra un expresidente de Estados Unidos en toda la historia del país.

Última hora de los juicios penales de Donald Trump

Donald Trump es el primer expresidente de Estados Unidos juzgado en una causa penal con el inicio del juicio por falsificación contable a raíz de los pagos a la actriz pornográfica Stormy Daniels.

El jurado se compone de siete hombres y cinco mujeres. Fue elegido tras tres jornadas y todos los miembros han pasado un minucioso proceso para garantizar su objetividad.

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A excepción del caso ‘Stormy Daniels’, cuyo juicio comienza este lunes, es improbable que esos presuntos delitos sean juzgados antes del 5 de noviembre, cuando se celebran las elecciones. En cualquier caso, ninguna condena le inhabilitaría para ser elegido presidente ni para ejercer el cargo, por lo que su relevancia se mide en términos de reputación: parece complicado que un aspirante al cargo político más poderoso de las democracias occidentales pueda ser elegido con una mochila que incluye acusaciones de asociación criminal, obstrucción a la justicia o conspiración contra los derechos ciudadanos, entre otros.

Trump, sin embargo, ya volteó vaticinios similares en 2016, cuando alcanzó la Casa Blanca contra pronóstico, y su victimismo al presentarse como un perseguido político refuerza el apoyo de su base más fiel. A cambio, puede alejar a los votantes republicanos más moderados, a los que también necesita para ganar las elecciones. De ahí que sus abogados traten de dilatar todo lo posible los procesos judiciales, en un intento de que no haya sentencias antes de noviembre. 

A continuación se detallan los cuatro casos, con indicaciones sobre los cargos que se le imputan a Trump y la situación actual de los procedimientos judiciales, en los que el expresidente acumula 88 cargos por diferentes delitos, tanto estatales como federales.

Stormy Daniels y los pagos para acallar aventuras

El caso más célebre, aunque quizás el menos significativo desde el punto de vista judicial, es la investigación de la fiscalía de Nueva York por los pagos realizados a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que hiciera público un encuentro sexual con Trump de 2006. Será el primer juicio penal contra un expresidente y probablemente sea, además, la única de las cuatro causas que dé tiempo a juzgar antes de las elecciones presidenciales de este año, por lo que reviste una especial relevancia mediática y reputacional.

Aunque el expresidente ha negado haberse acostado con Daniels, su abogado, Michael Cohen, reconoció haber pagado 130.000 dólares a la actriz para que el encuentro no saliera a la luz, pocas semanas antes de la victoria de Trump en las presidenciales de 2016. Cohen, condenado en 2018 a tres años de prisión por este caso en un tribunal federal, confesó además haber comprado el silencio de otra mujer, la antigua modelo de Playboy Karen McDougal, quien asegura que también mantuvo relaciones sexuales con él durante diez meses en 2006. Por si fuera poco, en su confesión implicó directamente a Trump, al asegurar que fue quien ordenó los pagos para encubrir esas aventuras extramatrimoniales.

Con todo, la clave no estriba tanto en los pagos -no es ilegal pagar a alguien por su silencio- como en que Trump utilizara las cuentas de su empresa inmobiliaria para encubrir los desembolsos. Aunque en Nueva York esto es una falta menor, puede pasar a ser un delito grave si se demuestra, como pretende la fiscalía de distrito, que lo hizo para cometer otro delito. En concreto, Trump reconoció haber reembolsado a Cohen el dinero del pago a Daniels y lo justificó como gastos legales, pero la fiscalía cree que eran gastos de campaña y que violarían la normativa electoral. Por el momento, el expresidente está imputado con 34 cargos de falsificación de registros comerciales y el juicio comienza el lunes 15 de abril.

La injerencia electoral en Georgia

La causa por el intento de subvertir los resultados de las elecciones presidenciales en Georgia es la más ambiciosa de todas las instruidas contra Trump. Gracias a la potente ley estatal contra el crimen organizado, la fiscal Fani Willis acusa no solo a Trump sino a otras 18 personas -incluidos su último jefe de gabinete en la Casa Blanca, Mark Meadows, y su abogado y exalcalde Nueva York, Rudy Giuliani- de asociación criminal y conspiración para cambiar la decisión de las urnas.

El caso parte de una llamada telefónica, la que hizo el propio Trump al secretario de Estado de Georgia, el también republicano Brad Raffensperger, el 2 de enero de 2021. "No hay nada malo en decir, ya sabes, que te han fallado los cálculos", le dice el todavía presidente al responsable de supervisar todos los procesos electorales estatales, antes de pedirle claramente: "Mira, lo que quiero es encontrar 11.780 votos (...), porque hemos ganado en ese estado". Justo un voto más que la ventaja de Biden en Georgia, donde el escrutinio fue ajustadísimo, con menos de una décima de diferencia entre los dos candidatos.

Raffensperger no solo se negó, sino que hizo pública la conversación. Y al tirar del hilo, la fiscalía ha encontrado indicios de presiones a otros cargos estatales, de presentar documentación falsa para desacreditar los resultados asegurando que votaron menores de edad, personas fallecidas o que no estaban registradas en ese estado, acceso no autorizado a máquinas de votación e incluso intentos de presentar a falsos electores por Georgia en la certificación de los resultados de las presidenciales. En total, Trump se enfrenta a 10 cargos y cuatro de los acusados ya se han declarado culpables de conspirar para revertir ilegalmente la derrota republicana, de forma que cuando se celebre el juicio -sin fecha por ahora- podrían testificar.

El asalto al Capitolio

Otra causa más, en este caso federal, investiga también los intentos de revertir la derrota electoral de Trump, en relación con el asalto al Capitolio por parte de sus seguidores el 6 de enero de 2021, cuando el Congreso estadounidense debía ratificar los resultados de las elecciones presidenciales. Trump está acusado de cuatro cargos: conspiración para defraudar a Estados Unidos; conspiración para obstruir un procedimiento oficial, la certificación de la victoria de Biden; obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial; y conspiración contra los derechos ciudadanos, por  negarle a los ciudadanos su derecho a votar y a que su voto sea contado.

Bajo esos cargos se juzgarán los repetidos cuestionamientos de Trump, los días antes y durante la jornada del asalto, de los resultados electorales; las presiones a funcionarios y cargos estatales -incluido el vicepresidente, Mike Pence- para subvertir los resultados en los estados con resultados más ajustados -como Georgia-; y los intentos de suplantar a los electores que debían ratificar los resultados en varios estados. El expresidente se ha declarado no culpable y todavía no hay fecha prevista para el juicio.

Por el momento, los abogados de Trump tratan de dilatar el procedimiento, recurriendo a todas las instancias judiciales con el argumento de que, como presidente en ejercicio en el momento de los presuntos delitos, es inmune a cualquier enjuiciamiento criminal. Dos tribunales ya han rechazado esa justificación y el recurso ha escalado hasta el Tribunal Supremo -donde los jueces conservadores son mayoría y tres de ellos fueron nominados por el propio Trump-, que el 25 de abril escuchará los argumentos de ambas partes. 

Los documentos clasificados de Mar-a-Lago

La última causa contra Trump también ha supuesto un hito en la historia estadounidense: ningún expresidente había sufrido un registro domiciliario hasta que, el 8 de agosto de 2022, los agentes del FBI entraron en Mar-a-Lago, el exclusivo club de golf que Trump posee en Florida, para recuperar cientos de documentos clasificados que había conservado al abandonar la Casa Blanca.

Los documentos, que llegaron a estar guardados en cajas en dependencias como un baño, un almacén o un salón de baile de un edificio donde se alojan huéspedes, tratan aspectos como armas nucleares, planes del Pentágono, comunicaciones con líderes extranjeros o debilidades y fortalezas de países rivales y aliados. Abarcan distintos grados de confidencialidad: según los medios estadounidenses, se recuperaron 184 expedientes, de los que 25 eran alto secreto, 92 estaban marcados como "secreto" y otros 67, como confidenciales. Trump llegó a alardear de poseer información clasificada ante sus invitados y se sospecha que los mostró a personas no autorizadas.

Cuando las autoridades se los reclamaron, no sólo se negó a devolverlos en su totalidad, sino que dificultó la investigación; por ejemplo, ordenando a dos de sus empleados -ahora también imputados- que trasladaran las cajas o que borraran las grabaciones del circuito de seguridad de Mar-a-Lago. Por todo ello, se le imputan 40 cargos federales, fundamentalmente por violar la Ley de Espionaje al retener deliberadamente información que atañe a la defensa nacional, pero también por obstruir la acción de la justicia y dar falsos testimonios. El juicio está fijado para el 20 de mayo de este año, pero es muy probable que se aplace.

Trump, ya condenado por tres procesos civiles

Al margen de las cuatro causas penales, Trump ya ha sido condenado en tres procesos civiles, el más reciente de ellos este mismo año: en febrero, un juez de Nueva York sentenció que debía pagar 354,9 millones de dólares por varios casos de fraude en su empresa familiar, la Organización Trump, al tiempo que le prohibía hacer negocios en el estado durante tres años.

Un mes antes, un jurado le condenaba a pagar 83,3 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por difamar a la escritora E. Jean Carroll en 2019, que le había acusado de abuso sexual. Trump aseguró entonces que no conocía a la periodista y negó cualquier tipo de agresión sexual.

Sin embargo, en mayo de 2023, otro jurado de Manhattan ya le había declarado culpable de abuso sexual -por insertar sus dedos sin consentimiento en la vagina de la escritora-, en un probador de unos grandes almacenes y difamación, aunque descartó la acusación de violación. Como el caso se inició por la vía civil, no tiene penas de cárcel asociadas y Trump únicamente tiene que pagar la indemnización.