El Gobierno aprueba el anteproyecto de la nueva Ley de Industria para hacerla "más sostenible y digital"

• Así lo ha anunciado la ministra Reyes Maroto tras el Consejo de Ministros de este lunes
• La norma busca "situar a la industria española a la vanguardia de las transformaciones del siglo XXI”

Una planta de una fábrica de automóviles.

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto de la nueva Ley de Industria que, según el Gobierno, pretende reforzar el papel de la industria en la estructura económica y social de España y su contribución a la doble transición verde y digital.

“Aspira a situar a la industria española a la vanguardia de las transformaciones del siglo XXI”, ha asegurado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que ha remarcado que esta norma tiene un doble objetivo: una reactivación económica y social tras la pandemia y la guerra de Ucrania, y una modernización del modelo productivo para abordar la transición digital y ecológica y lograr una mayor cohesión social y territorial. “Cumplimos, porque somos un Gobierno que hace lo que dice”, ha matizado.

Esta norma dará cobertura a nuevos retos que la actual legislación, que data de 1992, no cumple, tal y como apuntan fuentes del Gobierno. "Creo que da respuesta a la necesidad que tenemos de modernización del modelo productivo", ha señalado Maroto.

El objetivo de este nuevo marco, según el Ejecutivo, no será solamente regular la actividad industrial en España, sino fijar instrumentos para que la industria española se adapte rápida y eficientemente a objetivos europeos y que pueda frente a los cambios y situaciones presentes y futuras, como la guerra de Ucrania y un crecimiento más sostenible y digital.

Entre sus objetivos también está establecer un marco de seguridad y de calidad industrial, según en Gobierno, que permita el desarrollo del sector en función de las exigencias del mercado. También contempla la neutralidad climática y la economía circular, teniendo en cuenta las circunstancias de las pymes industriales con un tratamiento diferencial que fomente su emprendimiento.

El pasado mes de abril, el Ejecutivo ya lanzó el proceso de consulta pública sobre esta nueva normativa, con el fin de recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas y afectadas por la futura norma.

Digitalización y neutralidad climática: los objetivos de la norma

La norma tiene una serie de objetivos que giran alrededor de aspectos como la promoción industrial y la mejora de su competitividad, la reindustrialización y la digitalización industrial. También enfoca en la adaptación de la industria a la neutralidad climática, la autonomía estratégica industrial, el impulso de los ecosistemas industriales, la seguridad y calidad industrial y la gobernanza.

Según el Gobierno, la ley regula por primera vez los proyectos industriales de interés general, es decir, aquellos que cumplan dos de las siguientes condiciones: un gran volumen de inversión y empleo indefinido, proyectos de sectores estratégicos o aquellos alineados con los objetivos industriales de la UE y dentro de los mecanismos de financiación europea. Además, establece directrices para proteger la libre circulación de productos industriales y garantizar la unidad de mercado.

"Esta Ley es un compromiso del Gobierno que impulsa una política industrial alineada con la digitalización, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular y potencia la autonomía industrial de nuestro país”, ha señalado la ministra.

En el ámbito de la seguridad, se centra en la prevención y limitación de riesgos y se centra en la protección contra accidentes y siniestros capaces de producir daños a las personas o al medio ambiente como consecuencia de la actividad industrial o el funcionamiento de los equipos de producción.

Protección de la industria energética para impulsar la competitividad

Para proteger e impulsar la competitividad del sector industrial, la norma reconoce una especial protección a la industria intensiva en energía y medidas para favorecer la descarbonización. También busca internacionalizar la empresa industrial y consolidar la industria española en el mercado global, atraer inversiones estratégicas y fijar un plan estratégico para salvaguardar la base industrial de suministros de recursos de primera necesidad y carácter estratégico.

En esta línea, otra de las prioridades de Ley es fortalecer la colaboración de los agentes y sistemas de gobernanza. Además, se elaborará una Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030, que será un documento con directrices básicas de la política industrial española y el Plan Estatal de Impulso Industrial.

Asimismo, se podrán establecer bancos de pruebas regulatorios para fomentar el desarrollo de proyectos piloto e impulsar la investigación.

En esta línea, las Administraciones Públicas promoverán medidas para implantar infraestructuras necesarias para fomentar diferentes áreas industriales y la promoción de suelo industrial se realizará mediante consenso con los actores implicados en su desarrollo y gestión. En esta línea, se conforma un Registro Integrado Industrial, adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para integrar la información sobre la actividad industrial, y elaborar estadísticas a nivel nacional.

Ordenación del proceso de reindustrialización

La norma establece una obligación a la empresa, en determinadas circunstancias, de anticipar un cierre o la reducción de actividad que involucre una importante reducción de empleo, y deben explorarse fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos asociados. Para ello, dota a los actores implicados de un plazo para buscar una solución a través de una Mesa de Reindustrialización donde intervendrá a Administración General del Estado.

Además, la Ley detalla unas sanciones calificadas como muy graves, graves y leves y con multas que van desde 60.000 euros hasta 100 millones de euros.