Los posibles crímenes de guerra que la ONU investigará en Gaza
- El Consejo de Derechos Humanos ha creado una comisión de investigación
- La legislación internacional obliga a proteger a la población civil
La tregua de 72 horas pactada entre Israel y Hamás y la retirada del Ejército israelí de Gaza abren la puerta a un arreglo diplomático que ponga fin a la operación "Margen protector" y que permita también investigar qué ha ocurrido durante estas 29 jornadas de ataques aéreos y lanzamiento de cohetes.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha puesto en marcha (con el voto en contra de EE.UU.) una comisión de investigación sobre estos actos. La comisión presentará sus conclusiones en marzo de 2015.
La Alta Comisaria de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, citaba varios hechos que podían ser constitutivos de crímenes de guerra: el bombardeo de escuelas de la ONU, los ataques de ambas partes contra la población civil y el ataque a hospitales e infraestructuras.
Pillay mencionaba también el paralelismo entre los sucesos actuales y lo ocurrido en la operación "Plomo fundido" (2008-2009), en la que murieron más de 1.300 palestinos. En su informe final sobre aquel ataque, la misión de la ONU acusaba tanto a Israel como a Hamás de violar la legislación internacional, principalmente la Cuarta Convención de Ginebra y los protocolos adicionales I y II que la completan.
Ataques a la población civil
Al menos un 70% de los palestinos muertos son civiles, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza. Israel ha atacado viviendas en las que supuestamente se ubicaban lanzaderas de cohetes, almacenes de explosivos o puestos de mando, o donde vivían dirigentes de las milicias palestinas.
En su comunicado de julio, Pillay citaba como ejemplo la muerte de cuatro niños palestinos que jugaban en una playa.
Por su parte, los cohetes lanzados por Hamás y las milicias palestinas (al menos 3.300) han llegado hasta Hadera, a más de 100 kilómetros de la franja, y han causado tres víctimas civiles, además de decenas de heridos y daños materiales.
Además, los milicianos han disparado desde áreas densamente pobladas o las cercanías de edificios civiles en Gaza. La propia UNRWA ha denunciado el hallazgo de municiones en algunas de sus instalaciones vacías. Su comisionado general, Pierre Krähenbühl, puntualizó que "estos descubrimientos no justifican de manera alguna los ataques a las instalaciones de UNRWA y especialmente a aquellas que albergan a desplazados internos".
La legislación internacional obliga a distinguir entre combatientes y población civil y prohíbe expresamente los ataques contra esta última.
Artículo 51 del Protocolo Adicional I a la Cuarta Convención de Ginebra - "Protección de la población civil"
1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, además de las otras normas aplicables de derecho internacional, se observarán en todas las circunstancias las normas siguientes.
2. No serán objeto de ataque la población civil como tal ni las personas civiles. Quedan prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la población civil.
3. Las personas civiles gozarán de la protección que confiere esta Sección, salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación.
4. Se prohíben los ataques indiscriminados (...)
6. Se prohíben los ataques dirigidos como represalias contra la población civil o las personas civiles. (...)
El artículo 52 del mismo protocolo protege los edificios civiles y precisa que "en caso de duda acerca de si un bien que normalmente se dedica a fines civiles, tal como un lugar de culto, una casa u otra vivienda o una escuela, se utiliza para contribuir eficazmente a la acción militar, se presumirá que no se utiliza con tal fin".
El aviso a los civiles antes de un ataque, una posibilidad prevista en el artículo 57 de la misma norma, no exime de sus obligaciones a ninguna de las partes en conflicto, subrayaba Pillay.
Bombardeo de escuelas de la ONU
Israel ha bombardeado tres escuelas de la Agencia de la ONU para la Ayuda a los Refugiados palestinos (UNRWA), en las que habían encontrado refugio los desplazados por los bombardeos.
El último de estos bombardeos, en Rafah, causó 10 muertos y provocó una fuerte reacción internacional. El secretario general de la ONU, Ban Ki moon, habló de "ultraje" y "crimen".
Se da la circunstancia de que Israel había recomendado precisamente a los vecinos del norte de la ciudad de Gaza que abandonaran sus casas y buscaran refugio.
Además de la protección debida a la población y a instalaciones civiles, el Estatuto de Roma, que crea el Tribunal Penal Internacional (TPI), consigna en su artículo 8 que constituirá un crimen de guerra "dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de Naciones Unidas (...)".
Israel no se ha adherido a dicho Estatuto y por tanto no reconoce la jurisdicción del TPI.
Ataques a hospitales y personal sanitario
La artillería israelí alcanzó el hospital de Al Aqsa, en Deir Al Balah, el 21 de julio. Murieron cuatro personas.
Israel aseguró que el ataque iba dirigido contra un depósito de proyectiles antitanque situado en las inmediaciones.
El artículo 18 de la Cuarta Convención de Ginebra establece que "en ninguna circunstancia, podrán ser objeto de ataques los hospitales civiles (...) deberán ser siempre respetados y protegidos por las partes en conflicto".
El artículo 20 extiende esta protección a todo su personal, incluyendo el "encargado de la búsqueda, de la recogida, del transporte y de la asistencia de los heridos y de los enfermos civiles, de los inválidos y de las parturientas".
Bombardeo de infraestructuras civiles
La destrucción de la única planta de producción eléctrica de Gaza dejó a gran parte de la franja sin luz, y dejó fuera de funcionamiento las instalaciones de bombeo de aguas residuales.
Además del ya citado artículo 52, que protege genéricamente las instalaciones civiles, el 54 ("Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil") prohíbe "atacar, destruir, sustraer o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la población civil", salvo en caso de que se estén utilizando exclusivamente para uso militar o por "necesidad militar imperiosa".
Negación de asistencia humanitaria
"Todas las partes en el conflicto comprenden el deber de permitir el libre paso de suministros médicos humanitarios, así como de envíos de víveres indispensables y ropa para niños y mujeres encintas o parturientas lo más rápidamente posible". Así lo establece el artículo 23 de la Cuarta Convención.
El artículo 70 del Protocolo Adicional I dispone que las partes en conflicto "permitirán y facilitarán el paso rápido y sin trabas de todos los envíos, materiales y personal de socorro", aunque para ello deban recibir garantías de que no beneficiarán al enemigo.
Sin embargo, los primeros suministros y ayuda humanitaria llegaban a Gaza el 5 de agosto, 29 días después de iniciarse el ataque, y cuando los hospitales estaban colapsados.
¿Cómo pueden juzgarse?
El artículo 145 de la Cuarta Convención obliga a los beligerantes a "buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, una cualquiera de las infracciones graves" y "hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad". Como es de suponer, esto no siempre ocurre.
Tras el informe de la ONU de 2009, solo cuatro soldados israelíes fueron encausados por tribunales locales (uno de ellos por robar una tarjeta de crédito), y ningún responsable de Hamás ha sido juzgado.
La ONU pidió entonces, sin éxito, que el Consejo de Seguridad enviara la denuncia al fiscal del TPI, con sede en La Haya.
"Es imperdonable --ha lamentado Navi Pillay-- que la comunidad internacional no pueda encontrar la solución política para aplicar las resoluciones del informe. Estas fueron escritas para evitar futuras violaciones, y para acabar con la impunidad".
Amnistía Internacional (AI) ya ha solicitado en una carta abierta que el Consejo de Seguridad remita el caso al TPI. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia tienen derecho de veto en el Consejo.
-
Facebook
-
Twitter
-
WhatsApp
-
Copiar Enlace
-
Guardar en Mis Listas
-
Enviar e-mail
