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El Gobierno tiene previsto llevar este martes al Consejo de Ministros el nuevo proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) , que prevé que sean los fiscales quienes lleven las investigaciones penales, en lugar de los jueces, como hasta ahora. La norma actual que regula el procedimiento penal y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos ha sido reformada en varias ocasiones per mantiene las bases desde que fue aprobada en 1882. Además, el texto desvincula la figura del Fiscal General de la legislatura, y su mandato pasará de cuatro a cinco años. Solo podrá ser cesado si incumple de forma grave sus funciones. Y con la nueva ley los partidos políticos se quedan fuera de la acusación popular, que en la actualidad pueden ejercer para cercar al adversario y acceder de primera mano a toda la información sobre el proceso. Tampoco podrá ser ejercida por sindicatos o asociaciones que no tengan un vínculo con la causa. Foto: Un mazo de juez junto a un libro de derecho. Getty Images.

Durante tres días, más de 7.000 personas han conocido de primera mano la sede del Tribunal Supremo. Gracias a las jornadas de puertas abiertas, los más pequeños se han probado togas y han descubierto las salas donde se celebran los juicios. En esta ocasión, además de las visitas guiadas también se han producido sesiones teatralizadas para acercar una institución de la que se habla mucho, pero que es una gran desconocida para el público. Foto: Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

En el informativo '24 Horas de RNE' hemos analizado los temas más candentes de la actualidad en la tertulia de políticos ‘juniors’. Este martes han intervenido Víctor Camino, diputado del PSOE por Valencia en el Congreso; Tesh Sidi, diputada de Más Madrid (Grupo Sumar) en el Congreso de los Diputados y Míriam García Navarro, senadora del PP por Albacete.

Los temas analizados en la tertulia han sido la decisión del Senado sobre eliminar los pagos en metálico de sus dietas (tras la polémica por los sobres del PSOE a Ábalos); la aprobación del Consejo de Ministros de una partida de 500 millones de euros para reforzar el sistema de dependencia de los enfermos de ELA y la actual crisis de la vivienda en España.

La Fiscalía Provincial de Madrid considera que la exmilitante del PSOE Leire Díez lidera una "actuación delictiva, continuada y coordinada" para "desacreditar a los jefes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios".

Además de la exmilitante socialista, la Fiscalía Provincial apunta al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Así consta en el recurso de reforma que el Ministerio Público presentó ante el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid para pedir al juez Arturo Zamarriego que rectificara su decisión de no investigar las denuncias presentadas por los fiscales Ignacio Stampa y José Grinda en la causa que mantiene abierta contra Díez.

Imagen: EFE/ Chema Moya