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El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión en una comparecencia institucional sin preguntas en la que no ha convocado elecciones anticipadas y en la que ha lanzado críticas al Gobierno de Pedro Sánchez. Y lo hace un año después de la dana en Valencia en la que murieron 229 personas porque "es el momento de reconocer errores propios" y la Generalitat necesita "un nuevo tiempo y que no haya una campaña de odio ni señalamiento contra nadie". Ha dicho que no debió mantener su agenda el día de la dana, en el que no estuvo en el Cecopi en las horas más críticas de la trágica riada. Solo se sabe que tuvo un "almuerzo de trabajo" con la periodista Maribel Vilaplana, pero se desconoce por qué no llegó al Cecopi hasta las 20:28 horas.

Han pasado 365 días desde la mortal dana que acabó con la vida de 229 personas en Valencia y todavía se desconoce con exactitud qué es lo que hizo el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en las horas más fatídicas de aquel 29 de octubre.

En estos 12 meses, Mazón ha dado varias versiones sobre lo que estuvo haciendo la tarde del día en el que la alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) estaba activada para la provincia de Valencia desde las 7:36 horas. El apoyo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mantenido, con matices, hasta el punto de inflexión: los gritos y reproches de las víctimas en el homenaje de Estado que se celebró la semana pasada por el aniversario de la tragedia.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reiterado este lunes que "no" se considera autor ni responsable de un presunto delito de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoce que su cliente defraudó dinero a Hacienda. El Tribunal Supremo le ha preguntado al respecto al inicio de un juicio inédito en España. Nunca antes el máximo representante de la Fiscalía se había sentado en el banquillo los acusados. Su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, denuncia un proceso injusto y marcado por la "idea preconcebida" de que García Ortiz era culpable.

Foto: EFE/Mariscal POOL

A las 10 de la mañana de este lunes ha comenzado un juicio histórico e inédito en nuestro país: el Fiscal General del Estado se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos. Se cuestiona si difundió un correo del abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía dos delitos fiscales. Si finalmente es condenado, se enfrenta a peticiones de cárcel de hasta seis años. En la sesión, están citados los fiscales que intervinieron en la investigación y otros relacionados con la causa.

Foto: EFE/Fernando Villar

Siete magistrados -cuatro hombres y tres mujeres- conforman el tribunal que, por primera vez en la historia de España, juzgará a un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz se sienta en el banquillo como único acusado de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce que éste había defraudado dinero a Hacienda.

El Tribunal Supremo juzgará así hasta el próximo 13 de noviembre si García Ortiz incurrió en este delito por el que las acusaciones particular y popular -entre las que está la pareja de la presidenta madrileña, Alberto Gómez Amador- solicitan entre cuatro y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación. La Fiscalía pide al Supremo absolver al fiscal general del delito de revelación de secretos.

La alerta sonó tarde y mal por la manifiesta pasividad de la Administración autonómica. En cada uno de sus escritos, la jueza de la dana, Nuria Ruiz, ha dejado clara su tesis, avalada por la Audiencia Provincial de Valencia. El órgano superior ha ido más allá y por primera vez cerca al president Carlos Mazón.

Su papel en las horas trágicas, cuando estaba comiendo en el Ventorro, aterriza ahora en la instrucción. La Audiencia quiere saber si influyó o no en la toma de decisiones y en el retraso de la alerta a la población "por acción o por omisión". Por eso, ha ordenado citar a la periodista Maribel Vilaplana, por si escuchó alguna de las constantes llamadas que recibió el president de Salomé Pradas, la consellera al frente de la emergencia.

En 11 meses de instrucción, han declarado más de 350 testigos. Los dos exresponsables de Emergencias imputados se han escudado en los técnicos y en la supuesta falta de información del Gobierno. Unos argumentos que han sido descartados por la jueza, que observa indicios abrumadores de una conducta negligente de la Generalitat.