Tribunales

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reiterado este lunes que "no" se considera autor ni responsable de un presunto delito de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico en el que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoce que su cliente defraudó dinero a Hacienda. El Tribunal Supremo le ha preguntado al respecto al inicio de un juicio inédito en España. Nunca antes el máximo representante de la Fiscalía se había sentado en el banquillo los acusados. Su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, denuncia un proceso injusto y marcado por la "idea preconcebida" de que García Ortiz era culpable.

Foto: EFE/Mariscal POOL

A las 10 de la mañana de este lunes ha comenzado un juicio histórico e inédito en nuestro país: el Fiscal General del Estado se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos. Se cuestiona si difundió un correo del abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía dos delitos fiscales. Si finalmente es condenado, se enfrenta a peticiones de cárcel de hasta seis años. En la sesión, están citados los fiscales que intervinieron en la investigación y otros relacionados con la causa.

Foto: EFE/Fernando Villar

• La periodista que comió con Mazón "dará la matrícula" de su vehículo para volver a pedir el recibo del aparcamiento
• Vilaplana ha negado que le enseñara al presidente valenciano el vídeo de las inundaciones de Utiel durante la comida
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• Por primera vez en la historia, el jefe de la Fiscalía se sienta en el banquillo, pero no declarará hasta el 12 de noviembre
• El fiscal del caso de González Amador, Julián Salto, asegura que "nunca" ha ofrecido un pacto a un abogado
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• Su testimonio podría contener "elementos de interés" para la causa contra la gestión de la dana
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Siete magistrados -cuatro hombres y tres mujeres- conforman el tribunal que, por primera vez en la historia de España, juzgará a un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz se sienta en el banquillo como único acusado de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce que éste había defraudado dinero a Hacienda.

El Tribunal Supremo juzgará así hasta el próximo 13 de noviembre si García Ortiz incurrió en este delito por el que las acusaciones particular y popular -entre las que está la pareja de la presidenta madrileña, Alberto Gómez Amador- solicitan entre cuatro y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación. La Fiscalía pide al Supremo absolver al fiscal general del delito de revelación de secretos.

• Álvaro García Ortiz se sienta en el banquillo como único acusado de un delito de revelación de secretos
• Alberto Gómez Amador está citado a declarar este martes y el fiscal general tomará la palabra el 12

• En otras imágenes se escucha decir a la exconsellera "eso es lo que nos está preocupando más" en referencia al barranco
• En otro vídeo incorporado a la causa le informan de posibles inundaciones en municipios como Quart de Poblet o Aldaia

• Fuentes de su entorno aseguran que comunicó a Mazón el envío del mensaje en una llamada a las 19:43 horas
• Constan dos llamadas —a las 19.10 y a las 19.36 horas— de Pradas a Mazón, que este no responde

• El juez señala que algunos pagos de los que habla la UCO no constarían en la información facilitada por el PSOE
• Advierte de que no hay explicación "suficiente" sobre el origen de las cantidades en metálico en la sede del partido

• Se le aplica atenuante por una alteración psíquica, aunque los expertos aseguraron que fue consciente de sus acciones
• El asesino mató a los tres hermanos septuagenarios y no huyó a Pakistán porque "no tenía dinero"

• Se trata de 418 reclamaciones de 158 familias, 12 de las cuales han sufrido también la pérdida de seis familiares

• En este incendio en agosto murieron tres personas y el Monumento Natural de Las Médulas quedó arrasado
• La Asociación Bierzo Aire Limpio presentó una denuncia por posibles delitos por omisión y contra el medio ambiente

La alerta sonó tarde y mal por la manifiesta pasividad de la Administración autonómica. En cada uno de sus escritos, la jueza de la dana, Nuria Ruiz, ha dejado clara su tesis, avalada por la Audiencia Provincial de Valencia. El órgano superior ha ido más allá y por primera vez cerca al president Carlos Mazón.

Su papel en las horas trágicas, cuando estaba comiendo en el Ventorro, aterriza ahora en la instrucción. La Audiencia quiere saber si influyó o no en la toma de decisiones y en el retraso de la alerta a la población "por acción o por omisión". Por eso, ha ordenado citar a la periodista Maribel Vilaplana, por si escuchó alguna de las constantes llamadas que recibió el president de Salomé Pradas, la consellera al frente de la emergencia.

En 11 meses de instrucción, han declarado más de 350 testigos. Los dos exresponsables de Emergencias imputados se han escudado en los técnicos y en la supuesta falta de información del Gobierno. Unos argumentos que han sido descartados por la jueza, que observa indicios abrumadores de una conducta negligente de la Generalitat.

• La primera edición del informativo, desde Picanya, se acerca a las víctimas y zonas afectadas un año después
• Aniversario de la dana, en directo hoy

• El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de una asociación de fiscales que pedía suspender a García Ortiz
• Suspender al fiscal supondría una "inaceptable invasión" de las competencias que pertenecen al Ministerio Público

• RTVE reconstruye las claves de la instrucción, centrada en el envío "tardío y erróneo" de la alerta, según lo calificó la jueza
• Hay dos investigados, la exconsellera Pradas y su 'número dos', pero no Mazón ni ningún representante del Gobierno
• Aniversario de la dana, en directo hoy

• Lo trasladó a los responsables de Emergencias en el Cecopi y estos contestaron que lo estaban gestionando
• La alerta no llegó hasta las 20:11, cuando ya era tarde para muchas víctimas

• La magistrada también ha llamado a declarar, pero como testigo, al expresidente Joan Gaspart
• Se ha requerido al Barça que entregue los contratos con las empresas de Negreira Dasnil 95 SL y Nilsad SCP

• En un auto recuerda que la decisión se tomó al considerar el "riesgo" de que pueda "destruir fuentes de prueba"
• Leopoldo Puente descarta que exista "ningún agravio comparativo" en relación con la situación de Ábalos y Koldo