El Supremo juzga al fiscal general del Estado por la filtración sobre la pareja de Ayuso en un juicio histórico
- Álvaro García Ortiz se sienta en el banquillo como único acusado de un delito de revelación de secretos
- Alberto Gómez Amador está citado a declarar este martes y el fiscal general tomará la palabra el 12
Siete magistrados -cuatro hombres y tres mujeres- conforman el tribunal que, por primera vez en la historia de España, juzgará a un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz se sienta en el banquillo como único acusado de un delito de revelación de secretos por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconoce que éste había defraudado dinero a Hacienda.
El Tribunal Supremo juzgará así hasta el próximo 13 de noviembre si García Ortiz incurrió en este delito por el que las acusaciones particular y popular -entre las que está la pareja de la presidenta madrileña, Alberto Gómez Amador- solicitan entre cuatro y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación. La Fiscalía pide al Supremo absolver al fiscal general del delito de revelación de secretos.
Preside el tribunal el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, en un juicio por el que desfilarán hasta 40 testigos en sesiones de mañana y tarde: políticos, como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, o la número dos del PSOE-M y antiguo cargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera; fiscales, periodistas o los guardias civiles que, por primera vez en la historia, registraron el despacho del fiscal general por orden del juez.
González Amador, citado el día 4; el fiscal general, el 12
Los platos fuertes llegarán al principio y al final: este martes 4 está citado está citado a declarar Alberto Gómez Amador y no será hasta la recta final, el 12 de noviembre, cuando el fiscal general tome la palabra.
Como ocurrió cuando declaró ante el juez, el fiscal general entrará por la puerta principal del Supremo, en su condición de autoridad, y está previsto que en el juicio se siente en estrados, junto a sus abogados, y con toga, informan a EFE fuentes fiscales.
Todos pasarán por la sede del Tribunal Supremo, el Palacio de las Salesas, al que está previsto que acudan cada día 50 personas de público en un juicio para la historia que concentrará toda la atención mediática, que marcará el paso político y para el que hay acreditados más de 200 periodistas. El juicio no se retransmitirá en directo, pese a lo inédito de la cita judicial.
Al fiscal general lo defenderán los abogados del Estado José Ignacio Ocio y Consuelo Castro -que fue abogada general del Estado-, y en representación de la Fiscalía estarán la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde y el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero. Como acusación particular participará el abogado de la pareja de Díaz Ayuso, y como populares, dos letrados del Colegio de la Abogacía de Madrid, uno de Fundación Foro Libertad y Alternativa (que agrupa a Vox y Hazte Oír), dos de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y uno del autodenominado sindicato Manos Limpias.
El polémico correo
El 2 de febrero de 2024 el abogado Carlos Neira envió un correo a un fiscal proponiendo una conformidad que redujese su petición de condena contra González Amador. En él, admitía en su nombre que "ciertamente se han cometido dos delitos" fiscales por los que a día de hoy ese empresario está procesado en una causa que ha evolucionado a presunta corrupción en los negocios. Con ese pacto la defensa del novio de Ayuso buscaba evitar el ingreso en prisión.
El 13 de marzo el diario El Mundo publicó "La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales", cuando en realidad era al revés.
Según el juez instructor, García Ortiz entró en un "frenético intercambio de comunicaciones" con otros fiscales para "ganar el relato", y le atribuye haber filtrado el correo con "información sensible" y privada a la cadena SER.
Una tesis de la que ha discrepado desde el origen la teniente fiscal, que rechaza que García Ortiz filtrase ningún correo con información que "ya era conocida" por otros, y defiende que recabó información de subordinados para difundir una nota de prensa que desmentía noticias "inveraces publicadas" por algunos medios y "responsables públicos".
García Ortiz ya negó los hechos ante el juez
Ante el juez, García Ortiz ya negó tajante haber filtrado o haber dado orden de divulgar información reservada sobre la pareja de Ayuso -"rotundamente no", dijo- y se mostró "seguro" de que ningún fiscal lo hizo.
La Abogacía del Estado defiende que García Ortiz, en base al Estatuto de la carrera, pidió los correos para informar verazmente, y alude a una campaña "perfectamente orquestada" en la que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, diseñó un "relato alternativo" y trasladó a los medios que era el fiscal quien había ofrecido el pacto a su abogado -y no al revés- y que lo había retirado por "órdenes de arriba". Rodríguez explicó al juez que, al decir aquello, se basó en una suposición que pudo "intuir, colegir, adivinar".
La Fiscalía defenderá que no hay delito, pues "ninguna intervención puede atribuirse" a García Ortiz en la divulgación de ese u otros correos, una tesis que también esgrimirán los abogados del Estado que le representan.
Amador cree que se vulneró su derecho de defensa
González Amador, que se enfrenta a varios años de prisión por la presunta comisión de un fraude a la Hacienda Pública mediante facturas falsas, se querelló contra García Ortiz al considerar que vulneró sus derechos a la intimidad, a la presunción de inocencia y al derecho de defensa por una filtración que, a su juicio, se llevó a cabo por el mero hecho de ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En su solicitud de procesamiento contra el fiscal general, se basó, entre otras cosas, en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señaló la "participación preeminente" de García Ortiz en la filtración de los correos, así como en la declaración de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien testificó que el fiscal general, preguntado por si había sido el filtrador, se limitó a responder "eso ahora no importa".
Por otro lado, se cuestiona que el fiscal general borrara todos sus dispositivos electrónicos una semana después de su imputación. La UCO efectuó un registro de diez horas a su despacho e incautó dos teléfonos móviles, su ordenador de mesa, una tableta y una multitud de USB. Tras analizarlos, los investigadores hallaron "cero mensajes" instantáneos durante el periodo en el que presuntamente se filtró la información. García Ortiz admitió haber vaciado su móvil, pero se justificó en el protocolo de seguridad del Ministerio Fiscal por la información sensible y personal con la que trabajan. De hecho, señaló que desde que está en la Fiscalía General tuvo que cambiar seis veces de dispositivo.
Pese a las constantes peticiones de dimisión, García Ortiz ha descartado dimitir. Si bien ha asumido la responsabilidad por la nota de prensa que difundió la Fiscalía y considera que con sus actos hizo lo que "tenía que hacer" como fiscal: "dar a conocer la verdad frente a la mentira" difundida en varios medios. Así, insiste en que "no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general".
De hecho, señala que es el entorno de González Amador el origen del bulo que se divulgó sobre quién había propuesto el pacto de conformidad. La defensa alega que quien revela ante la prensa la existencia de negociaciones con el fiscal y reconoce haber incurrido en irregularidades, "no puede exigir que dichas informaciones sean consideradas reservadas".
También subraya que no había secreto que filtrar porque la información publicada en la nota de prensa ya había sido divulgada. Para ello se basa en que hay pruebas de que al menos una decena de periodistas supieron de aquellas negociaciones antes de que el fiscal general del Estado se lo reclamara a sus subordinados.
