La Abogacía del Estado pide para González Amador casi cuatro años de prisión por presuntos delitos fiscales
- También solicita el pago de una multa de 448.000 euros, una suma superior a la cuota defraudada
- Para los otros empresarios investigados también solicita pena de prisión, aunque de menor duración
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La Abogacía del Estado ha pedido para Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, tres años, nueve meses y un día de prisión y el pago de una multa de 448.000 euros por los presuntos delitos de fraude fiscal. Con esta petición, la Abogacía del Estado se suma a la Fiscalía, que ya reclamó esta misma pena de prisión la semana pasada.
Así lo ha solicitado a través de un escrito de conclusión que ha remitido este lunes al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, en el que también recoge las penas para los otros empresarios investigados. La Abogacía solicita dos años de prisión para Maximiliano Niéderer y un año para los otros tres, ha detallado en su escrito de conclusión.
En concreto, el órgano judicial ha reclamado para González Amador un año y nueve meses de prisión por el delito contra la Hacienda Pública correspondiente al impuesto de sociedades del ejercicio de 2020, y otros dos años y un día por el ejercicio correspondiente a 2021.
La operación fue una "deducción mendaz de gastos"
En su escrito, el abogado del Estado ha recogido la presunta operación de fraude, que describe como una "deducción mendaz de gastos consignados en facturas falsas para minorar la tributación" del impuesto de sociedades. También ha enumerado las 15 facturas "registradas contablemente en los años 2020 y 2021 por Maxwell (empresa de Alberto González Amador) y que "se reputan falsas", con lo que acreditaría los delitos que se le imputan.
Durante la pandemia de coronavirus, González Amador "llevó a cabo también actividades de intermediación en la compraventa de productos sanitarios" y un año más tarde comenzaron las relaciones con el grupo hospitalario: "Se inician nuevas prestaciones en favor de Quirón Prevención S.L.".
Además, en 2021 el ahora novio de Ayuso "trasladó artificialmente parte de la actividad de Maxwell a la mercantil Masterman & Whitaker S.L., sujeta también a su control". Esta operación se habría realizado con el objetivo de seleccionar de manera arbitraria la sociedad en que quiere que tributen determinados ingresos".
Acusado de un fraude fiscal de 350.000 euros
Fue el pasado mes de mayo cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, transformó las diligencias previas en un procedimiento abreviado, algo similar a un procesamiento. Acordó este cambio en el marco del procedimiento principal que investiga al novio de Ayuso y a otros cuatro empresarios por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros y falsedad documental.
Esta causa comenzó tras una inspección de Hacienda que se llevó a cabo en 2022 y que culminó con la elaboración de un informe en el que se alertaba de presuntas irregularidades relacionadas con el pago del impuesto de sociedades. El informe señalaba a Alberto González Amador por un posible fraude cometido en los ejercicios de 2020 y 2021.
Con este informe sobre la mesa, la Fiscalía denunció al empresario y los tribunales abrieron una causa en su contra por un presunto delito de fraude fiscal cometido durante esos dos años a través de un entramado de facturas falsas. En este contexto, la jueza de Madrid también abrió la causa contra los otros empresarios implicados.
