La Fiscalía pide más de tres años de cárcel para González Amador por dos delitos fiscales y falsedad documental
- Se enmarca en su presunto fraude fiscal producido entre 2020 y 2021 y que ascendería a algo más de 350.000 euros
- La jueza, basándose en el informe de la Agencia Tributaria, ya propuso procesarle por ambos delitos el 29 de mayo
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
La Fiscalía ha pedido tres años, nueve meses y un día de cárcel para el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos fiscales y falsedad documental según han confirmado a RTVE fuentes jurídicas. Esto se enmarca en su presunto fraude fiscal producido entre 2020 y 2021 y que ascendería a 350.951 euros.
La petición de la Fiscalía, adelantada por El País, se ha registrado a las 14.00 horas de este miércoles y se enmarca en dos delitos de fraude fiscal (uno por cada ejercicio) y por falsedad documental, porque entiende que el empresario orquestó facturas falsas para evitar el pago de impuestos. La Fiscalía pudo haber ampliado su petición a seis años de cárcel, pero el hecho de devolver el dinero presuntamente defraudado se considera como un atenuante de la pena.
La jueza que investiga a González Amador ya propuso, el pasado 29 de mayo, procesarle por un delito de fraude fiscal y otro de falsificación documental.
La valoración de la jueza que le investiga
La jueza, que basó su auto en el informe de la Agencia Tributaria, subraya el "comportamiento fraudulento" de González Amador e indica que aun conociendo sus obligaciones tributarias, "de forma consciente y voluntaria presentó autoliquidaciones del Impuesto de Sociedades, por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, dejando de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del ejercicio 2021".
La magistrada basa su auto en el informe de la Agencia Tributaria, que detectó el "incremento de ingresos" obtenidos por Maxwell Cremona SL (empresa de la que González Amador era propietario único). Así, relata que Maxwell Cremona SL se dedujo "gastos ficticios al amparo de facturas que se reputan falsas, puesto que, en esencia, no se han producido las operaciones comerciales referidas en los conceptos facturados" con la finalidad de "reducir su tributación".
En total, la magistrada menciona y detalla 15 facturas, una del año 2020 por valor de 620.000 euros y otras 14 del año 2021, por un importe total de 1.100.985 euros.
Tras conocerse la noticia, el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, ha señalado en un mensaje en redes sociales que Sánchez está "a la desesperada". "El fiscal pide 6 años de cárcel a González Amador, pero el que terminará en la cárcel es el fiscal General del Estado. Y ella… La de las saunas… Van tós pá'lante, se pongan como se pongan", ha manifestado.
Fases del procedimiento
El procedimiento comenzó tras una inspección de Hacienda en 2022 y que terminó con un informe, en 2023, que alertaba de irregularidades relacionadas con el Impuesto Sobre Sociedades de Alberto González Amador correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021. Este documento dio pie a que la Fiscalía denunciara a González Amador y a que la jueza abriera causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas.
En esta causa han declarado, además de las inspectoras de Hacienda que elaboraron el informe inicial, Javier Gómez Fidalgo, que fue el abogado fiscalista que asesoró a González Amador una vez que Hacienda le abrió la inspección.
Antes de abrirse este procedimiento, en el que están personados como acusación la Fiscalía, el PSOE y Más Madrid, otro de los abogados de González Amador, Carlos Neira, propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena y evitar ir a juicio.
La filtración de ese correo desembocó en una investigación en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, causa por la que está procesado.
