La pareja de Ayuso defiende ante la jueza la legalidad de sus negocios con el grupo Quirón
- Se trata de una pieza separada para investigar si usó una sociedad pantalla
- En su declaración ha revelado que paga por el ático 5.000 euros al mes
El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este jueves por primera vez en sede judicial, donde ha defendido la legalidad de sus negocios. Lo ha hecho como investigado por un presunto delito de corrupción y administración desleal en el marco de sus relaciones con el grupo Quirón Prevención, una de las empresas sanitarias que más contratos tiene con la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, ha revelado que paga 5.000 euros de alquiler por el ático de 170 metros cuadrados situado encima de la vivienda que comparte con Ayuso, un dato desconocido hasta ahora. El Gobierno madrileño se había limitado a decir que la presidenta autonómica no pagaba ningún alquiler.
Su citación judicial está enmarcada en una pieza separada de la principal –en la que se le investiga por un presunto fraude a Hacienda y falsedad documental– y que la jueza instructora acordó abrir en octubre de 2024 a petición del PSOE y Más Madrid, personados como acusaciones populares.
En esta causa se indaga si González Amado pudo incurrir en varios delitos mediante el uso de una sociedad pantalla para ocultar ingresos que debían ser declarados por la consultora sanitaria Maxwell Cremona, de la que es administrador.
Entre esos ingresos estaría una operación en la que la Fiscalía ve una posible "comisión encubierta": la compra en 2020 de una empresa por casi medio millón de euros que, según la Agencia Tributaria, "carecería de valor" en el momento de la adquisición. En concreto, el Ministerio Fiscal pone el foco en la compra a la mujer del presidente de Quirón Prevención SL, Fernando Camino, de la empresa Círculo Belleza SL, dedicada a productos de droguería, perfumería y cosmética, por 499.836 euros.
Pero, según fuentes presentes en la sala del tribunal, González Amador ha defendido la legalidad de la operación y ha justificado la operación señalando que el valor de la empresa residía en la gran red de distribución que poseía.
Afirma que quería agrupar sus negocios
Como en otras ocasiones, el empresario ha llegado a los juzgados de plaza de Castilla sin hablar con los medios, pero, a diferencia de lo que hizo en su anterior comparecencia en febrero, esta vez sí ha prestado declaración durante más de dos horas ante la magistrada Inmaculada Iglesias, contestando a sus preguntas y a las de la defensa y la Fiscalía. En cambio, ha rechazado responder a las acusaciones populares.
Según las fuentes jurídicas consultadas, el empresario ha detallado a la jueza que hizo la compra de la empresa Círculo de Belleza SL porque disponía de una red de distribución que justificaba su valor y que la inspección de Hacienda conocía ese contrato y "jamás cuestionó la compra".
Asimismo, ha defendido que no hay una empresa interpuesta porque lo que intentaba hacer era agrupar todos sus negocios y activos en una misma sociedad (Círculo de Belleza SL). De hecho, ha negado haberla utilizado como empresa pantalla y ha asegurado que la Inspección fiscal no puso en su momento objeciones a la operación.
5.000 euros al mes por el ático
Durante la declaración también se ha preguntado al empresario por el ático en el que vive con Díaz Ayuso. En su respuesta, ha insistido en que el inmueble está a nombre de la empresa que administra Javier Gómez Fidalgo, fiscalista también investigado como cooperador necesario por el intento de fraude a Hacienda.
González Amador ha explicado que Fidalgo es el dueño del piso y él se lo tiene alquilado por 5.000 euros al mes. El fiscalista lo habría adquirido como favor, porque cuando compró su vivienda no tenía dinero suficiente para el ático y llegaron a un acuerdo.
Una posible sociedad "pantalla"
Aunque lleva más de un año imputado por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental, su citación se vio aplazada en varias ocasiones por motivos de agenda. Posteriormente, la jueza amplió la causa, pero tampoco declaró por recomendación de sus abogados, ya que habían recurrido la decisión alegando que se desconocía el objeto de la investigación y, por tanto, se incurría en una vulneración de derechos de su cliente.
La magistrada acordó iniciar una investigación separada para indagar sobre posibles nuevos delitos "en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla". Según las sospechas de la jueza, la empresa que adquirió en 2020 podría haber utilizado de "forma interpuesta y simulada en la facturación" unos servicios a Quirón Prevención SL para conseguir un "ahorro fiscal" y "ocultar unos ingresos" que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona administrada tambiñen por González Amador.
La empresa, según el informe de Hacienda, no tenía inmuebles o empleados y su activo material se limitaba a un ordenador portátil "sin valor" y tres aparatos de depilación y remodelación corporal.
Las sospechas sobre la empresa pantalla se fundamentan también en que González Amador cambió poco después el nombre de la empresa que le había comprado a la mujer del directivo de Quirón Prevención, que pasó a ser Masterman & Whitaker.
Las acusaciones populares, por su parte, entendía que detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico puede haber "una administración desleal" o incluso "un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas" atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros. Así, creen que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de contratos".
Investigado también por un presunto fraude fiscal
Más allá de esta pieza, Alberto González Amador está investigado por un presunto fraude fiscal de 350.961 euros entre 2020 y 2021 y un supuesto entramado de facturas falsas. El novio de la presidenta madrileña se mostró en un primer momento dispuesto a reconocer estos hechos: su abogado propuso por correo un pacto al fiscal y reconoció en su nombre la comisión de dos delitos a cambio de una rebaja en la petición de pena.
Pero la filtración a la prensa de este correo acabó desembocando en una causa judicial abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y otros dos fiscales, por presunta revelación de secretos.
Asimismo, la magistrada ha acordado imputar esta semana al casero y abogado que representó al empresario durante la tramitación de la inspección de Hacienda que acabó desembocando en este procedimiento judicial por presunto fraude al fisco: Javier Gómez Fidalgo. Según han confirmado a RTVE fuentes jurídicas, declarará el próximo 6 de mayo en calidad de cooperador necesario de los delitos fiscales investigados.
En el escrito que remitió el pasado 4 de marzo, la Fiscalía expuso que Gómez Fidalgo fue el autor y presentador de las autoliquidaciones por impuesto sobre sociedades de la mercantil Masterman & Whitaker de los ejercicios 2020 y 2021, una vez que esta empresa había sido adquirida en diciembre de 2020 por casi medio millón de euros por González Amador "pese a que la misma carecía de valor", según apuntó la Agencia Tributaria en el informe detallado de delito.
Óscar López: "Es un peldaño más hacia el ático"
Mientras González Amador declaraba, la Asamblea de Madrid celebraba su habitual sesión de control al Gobierno de la Comunidad, aunque en esta ocasión sin preguntas para Isabel Díaz Ayuso, ya que está de viaje institucional por Ecuador durante dos días. Un desplazamiento que ha sido duramente criticado por la oposición, que la ha tachado de "presidenta a la fuga" y ha asegurado que "no es casualidad" su ausencia.
El secretario general del PSOE-M y ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha afirmado a los periodistas que Ayuso "ha vuelto a montarse un viaje otra vez" coincidiendo con la comparecencia de su pareja para "no dar explicaciones". "Sigo diciendo lo mismo. Es un peldaño más hacia el ático", ha manifestado en referencia al apartamento en el que reside la presidenta autonómica.
