La jueza designa a la UCO para investigar a González Amador por corrupción en los negocios
- La magistrada se reafirma en la necesidad de seguir indagando si incurrió en corrupción en los negocios
- Lo ha hecho tras advertir el Ministerio Fiscal de la "complejidad de la investigación de los hechos"
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La jueza que instruye la causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha designado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como policía judicial para que investigue los presuntos hechos delictivos que se le atribuyen en sus operativas con Quirón Prevención SL y se ha reafirmado en la necesidad de seguir indagando si el empresario incurrió en corrupción en los negocios.
Así lo ha hecho constar en un auto emitido este viernes al que ha tenido acceso RTVE.es contra el que cabe interponer recurso de reforma o apelación. A través de este escrito la magistrada ha acordado oficiar a la UCO para que determine si el producto de las actividades presuntamente delictivas "se ha transformado o se ha disimulado para ocultar el origen ilícito".
Lo ha hecho tras advertir el Ministerio Fiscal de la "complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva", dentro de la pieza separada en la que investiga a González Amador por presunta corrupción en los negocios con la mencionada empresa.
Recuerda el incremento de ingresos de Maxwell Cremona
La titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid recuerda en su auto el incremento de ingresos obtenido por Maxwell Cremona, la empresa de González Amador, en 2020 y 2021 por la intermediación en una operación de venta de material sanitario y por la "percepción de cuantiosos ingresos facturados a su principal cliente": Quirón Prevención SL.
Explica que en 2020 obtuvo 1,9 millones de euros por la intermediación en la venta de material sanitario por parte de FCE Select Products a Mape Asesores, empresa de cuyo Consejo de Administración es miembro el presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, y repasa las operaciones llevadas a cabo en esos dos años.
Alude, por ejemplo, a la compra a la mujer de Camino, investigada en la causa, de la Sociedad Círculo de Belleza por casi medio millón de euros, una operación donde la Fiscalía ve una posible comisión encubierta, ya que la citada empresa "carecía de valor". Tanto González Amador como la mujer de Camino defendieron la legalidad e la operación.
La magistrada considera que hay indicios "de que esta operación se llevó a cabo para retribuir la intermediación entre FCS y MAPE o por el incremento de la facturación recibida de Quirón Prevención".
Además, recuerda que la inspección concluyó que Círculo de Belleza, ahora Masterman & Whitaker, es "una sociedad instrumental, constituida y utilizada" por Maxwell Cremona "para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros", en concreto frente a Quirón, simulando que es la prestadora de los servicios, pese a no tener medios.
En realidad, según la inspección, fue Maxwell "la auténtica prestadora de los servicios y quien debió facturar directamente al cliente tercero Quirón prevención el importe de la prestación".
En alusión a este hecho, rememora que la acusación popular argumentó que el contenido de este supuesto contrato de cesión era "inverosímil" desde el punto de vista de los intereses de Quirón Prevención ya que Masterman en el momento de la firma era una "entidad sin apenas actividad, ni medios personales ni materiales". Por otro lado, prosigue, "no se recoge previsión específica en cuanto a los honorarios" y Maxwell Cremona "no se configura como garante de la efectiva prestación de servicio", por lo que se considera inverosímil al tratarse de un contrato que perjudica "claramente" los intereses de Quirón Prevención, concluye.
