González Amador, novio de Ayuso, pide cuatro años de prisión para el fiscal general por revelación de secretos
- También pide 108.000 euros de multa, tres años de suspensión de empleo e inhabilitación especial para el cargo
- La asociación de fiscales APIF, que ejerce la acusación popular, pide seis años de cárcel para García Ortiz
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Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pide cuatro años de prisión para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien acusa de un delito de revelación de secretos por filtrar datos "confidenciales" sobre su caso de fraude fiscal, mientras que la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular, eleva la pena a seis años.
En el escrito de acusación que ha presentado el letrado de la pareja de Ayuso y al que ha tenido acceso RTVE, el abogado solicita también 108.000 euros de multa, tres años de suspensión de empleo y la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general.
En el caso de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pide tres años de prisión como cooperadora necesaria por el mismo delito, además de una multa de 36.000 euros y suspensión de empleo de dos años, así como la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal provincial.
Además, solicita una indemnización conjunta de 300.000 euros por los "padecimientos personales, profesionales, empresariales, familiares y lesiones procesales irreversibles, sin que exista un día desde el 14 de marzo de 2024 en que algún personaje político o periodístico no denomine a través de los medios de comunicación como delincuente o defraudador confeso a González Amador".
Responsables de unos "hechos delictivos"
Según el letrado de González Amador, ambos imputados protagonizaron "hechos delictivos" que le causaron a su cliente un "continuado e incesante" daño "en la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor". En este sentido, considera que García Ortiz y Rodríguez "son responsables civiles directos y subsidiarios": él como autor del delito de revelación de secretos y ella como cooperadora necesaria. Y, además, solicita al TS que imponga a ambos una fianza de 400.000 euros.
La defensa del novio de Ayuso subrayan que la revelación de esta información ha afectado a "su dignidad y generando constantes sufrimientos, inconvenientes, padecimientos, angustias e incertidumbres" a su cliente y "todo su entorno familiar directo". Y acusa al fiscal general y a la de Madrid de haber actuado "despreciando toda la normativa que regula su actividad y violando el primero y más elemental de sus deberes", como es el deber de secreto.
Asimismo sostiene que "los daños se han multiplicado" como consecuencia de ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y tuvieron por fin "construir y ganar un relato político" y defiende que García Ortiz decidió revelar su causa para provocar una "lesión política".
En su opinión, "resulta imposible concebir una actuación" de sendos fiscales de "mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto, reserva y sigilo", todo ello con la finalidad de "ganar el relato político" por "tratarse de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid" y "con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial". Además, asegura que todo ello se debió a un "plan de la Presidencia del Gobierno".
La Asociación de Fiscales pide 6 años de prisión
Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) pide una pena mayor para García Ortiz: seis años por los presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos, mientras que para Rodríguez pide cuatro años al considerar que fue "cooperadora necesaria".
En su escrito de acusación que ha presentado ante el Tribunal Supremo, y al que ha tenido acceso RTVE, APIF solicita asimismo suspender de empleo y sueldo a los dos procesados cuando se dicte auto de apertura del juicio oral, así como una condena de inhabilitación absoluta para ambos fiscales durante doce años.
De forma subsidiaria, por un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos públicos, piden una condena de cinco años de prisión para el fiscal general y de cuatro para la fiscal provincial de Madrid, cinco años de inhabilitación especial para ejercer como juez o fiscal, así como una multa a cada uno de 30.000 euros.
La APIF considera que los dos "se prevalieron de su condición de fiscales de máxima autoridad para perseguir objetivos puramente privados y políticos". "En concreto, utilizaron los mecanismos que tenían a su disposición para conseguir irregularmente y revelar ilícitamente datos confidenciales de un particular anónimo con la única meta de 'ganar un relato'. Es evidente que un actuar semejante ha degradado de forma absoluta la percepción social de la Fiscalía como organismo constitucional", critica.
A su parecer, ambos consiguieron los correos "que posteriormente se filtraron" con un modo "a todas luces irregular y siendo ambos perfectamente conscientes de ello".
Al igual que González Amador, la APIF sostiene que la filtración del mail "afectó notablemente" a la reputación de la pareja de Ayuso, puesto que a partir de esa revelación se le empezó a llamar "defraudador o delincuente confeso, cuando todavía no había recaído ninguna sentencia condenatoria que así lo estableciera". También defienden que "le ha generado perjuicios de índole económicos" y que se le mermaron "notablemente los derechos procesales".
Además, en el escrito solicitan que se cite a declarar como testigo al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; así como el propio González Amador; su abogado, Carlos Neira; el fiscal que llevó este procedimiento por fraude fiscal, Julián Salto, y la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra.
También piden que testifiquen el exsecretario de Estado de Comunicación Francesc Vallés, el que fuese portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid Juan Lobato, la exasesora de Moncloa y actual 'número dos' del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, así como responsables de prensa de la Fiscalía y varios periodistas, entre otros.
