El fiscal general recurre al Supremo su procesamiento y acusa al juez de hacer imputaciones "infundadas" y "arbitrarias"
- El fiscal general está procesado por revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso
- Su defensa, la Abogacía del Estado, asegura que el auto del Supremo carece "de toda base o fundamento"
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido ante el Tribunal Supremo su procesamiento por revelación de secretos al considerar que las imputaciones que le hace el juez son "absolutamente infundadas, voluntaristas, arbitrarias o carentes de toda base o fundamento".
Así consta en un escrito de la Abogacía del Estado, en representación de García Ortiz, al que ha tenido acceso RTVE.es, que pide revocar el procesamiento en el Tribunal Supremo por la presunta filtración del correo del 2 de febrero de 2024 en que la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconoce ante la Fiscalía la comisión de dos delitos fiscales con el fin de buscar un pacto.
El fiscal general pide por tanto archivar la causa ante la falta de "verdaderos indicios objetivos", y rechaza además que incurriera en "inferencias carentes de sustento" sobre presuntas indicaciones del Gobierno, como señala el juez Ángel Hurtado.
La Abogacía del Estado, que defiende al fiscal general, impugna directamente ante la Sala de Apelación el auto que le dejó a un paso del banquillo. En su recurso, cuestiona la tesis del juez de que el fiscal general pudo facilitar a un medio de comunicación el citado correo y niega el argumento del magistrado relativo a que actuó por "indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno".
Responde al respecto el recurso que "pretender apuntalar la responsabilidad penal" del fiscal general "a partir del eventual uso político o mediático de un documento que ya era de dominio público excede por completo el juicio racional de indicios".
Subraya además que no consta que durante la noche de la filtración el fiscal general mantuviera "ninguna comunicación" con ningún periodista "y mucho menos" con alguien de Presidencia.
Asegura que no había secreto que filtrar y niega indicios de una filtración
El recurso fundamenta la petición de archivo en dos ideas: no hay delito porque la información de aquel correo del novio de Ayuso ya había sido difundida, total o parcialmente, por varios medios de comunicación antes de que le llegase a fiscal general, y en todo caso no hay indicios racionales de que la filtrase él.
Sostiene que hay "múltiples elementos de refutación" omitidos por el juez, que apuntan a que al menos una decena de periodistas supieron de aquellas negociaciones entre el empresario González Amador (procesado por fraude a Hacienda en otro juzgado) y el fiscal antes que García Ortiz, y se apoya en las declaraciones de varios de ellos.
Precisamente este martes, la Fiscalía ha pedido volver a citar en la causa como testigos a dos periodistas que podrían acreditar que García Ortiz no filtró la información.
Esa información y ese correo, por tanto, ya no sería secreta y no habría delito, subraya. Pero en cualquier caso, defiende el abogado del Estado que "no existen verdaderos indicios objetivos" contra el fiscal general tras una "actividad intensa de investigación incriminatoria" del juez con "claro carácter invasivo".
Apunta al entorno de González Amador
Cree la defensa "altamente verosímil" que fuese González Amador; Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso; o su entorno quienes divulgasen esas negociaciones, y habla de "coordinación informativa" entre el empresario y "el entorno institucional de la Comunidad de Madrid", al mantener informado a Rodríguez de dichas comunicaciones con el fiscal para evitar ir a juicio.
De esta forma, cuando el titular del derecho a la intimidad "decide hacer partícipes a terceros de sus secretos o confidencias", éstas pierden su carácter reservado.
Y, continúa, quien revela ante la prensa la existencia de negociaciones con el fiscal y reconoce haber incurrido en irregularidades fiscales, "no puede exigir que dichas informaciones sean consideradas reservadas al objeto de preservar su intimidad".
Por último, respecto al "reproche innecesario" del juez sobre el borrado del móvil de García Ortiz, el abogado del Estado niega con dureza que el fiscal general haya hecho desaparecer "la información por capricho", pues el borrado es "ajeno a la instrucción" y por motivos de seguridad.
