- El tribunal le impone un tratamiento médico psiquiátrico de siete años y otros tantos de inhabilitación
- Tendrá que indemnizar con 20.000 euros al Servicio Vasco de Salud por la revacunación de los menores
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Este miércoles está previsto que los juzgados de Granada tomen declaración por videoconferencia al italiano Francesco Arcuri, tras haber denunciado a su expareja Juana Rivas por un posible delito de sustracción de menores. En 'Las Mañanas de RNE', Miguel Lorente, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, confía en que ahora "se detengan en ver lo que Juana dice, no solo lo que hace". "Juana, en su desesperación, intenta proteger a su hijo, con todo lo que ha conllevado de equivocación. Es entendible, pero de cara a la justicia es un error". Lorente asegura que no se han investigado la violencia de género ni los malos tratos y "todo parece que es una estrategia manipuladora de Juana para hacer daño a su exmarido, cuando realmente hay una circunstancia que deberíamos conocer en profundidad".
El profesor de Medicina Legal considera fundamental que se escuche al hijo de 11 años. "Obviamos a los menores, cuando su declaración puede cuestionar lo que ha formado parte de la invisibilidad o de la normalidad". Lorente apunta que, cuando un niño es víctima o testigo de la violencia que sufre su madre, sistemática se relega su palabra y "hay que valorarlo en el conjunto de la investigación". "Descartarlo me parece que ha generado un sesgo muy importante para tomar una decisión válida". Destaca que la huella y la cicatriz emocional quedará en el menor de por vida. "Son casi diez años sufriendo unas circunstancias que no hemos sido capaces de resolver ni en España ni en Italia".
Las mujeres andaluzas afectadas por retrasos en los cribados de cáncer de mama denunciarán al Servicio Andaluz de Salud. Todavía tienen que estudiar si serán demandas individuales o una colectiva. Dicen que están "moralmente abatidas" y aseguran que ninguna ha recibido una llamada de la Junta. El Gobierno andaluz, por su parte, ha anunciado que presentará este miércoles un plan de choque para dar una solución a estas mujeres.
Foto: Francisco J. Olmo / Europa Press
- El TS admite a trámite la querella interpuesta por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco, ahora en otro grupo
- Sus excompañeros de partido denunciaron ser víctimas de "una campaña de hostigamiento" a través de redes sociales
Como estaba previsto, Begoña Gómez no ha acudido a una nueva citación del juez Peinado. El magistrado le ha comunicado al abogado de la esposa de Pedro Sánchez que si la acusación por tráfico de influencias sigue adelante, será juzgada por un jurado popular.
En la vista, la Fiscalía y las defensas han vuelto a pedir el archivo de la causa abierta por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, intrusismo profesional y apropiación indebida.
Foto: EFE/Borja Sánchez-Trillo
- El Supremo anuló en 2022 la decisión de la Audiencia de Alicante de absolver a Miguel López por el asesinato de su suegra
- El Constitucional rechaza la argumentación del TS por no ser "respetuosa con la jurisprudencia constitucional"
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a Yassine Kanjaa, el presunto yihadista que irrumpió con un machete al grito de Alá en dos iglesias de Algeciras, Cádiz, y asesinó al sacristán Diego Valencia e hirió de gravedad al sacerdote Antonio Rodríguez, el 25 de enero de 2023.
El acusado, ingresado en un centro psiquiátrico de forma preventiva, se enfrenta a una petición del fiscal de 50 años de cárcel por delitos de asesinato, tentativa de asesinato y lesiones, todos ellos de carácter terrorista. La acusación popular ejercida por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) le reclama 8 años más de cárcel.
La Fiscalía también solicita que indemnice con 150.000 euros a la viuda del sacristán y con 50.000 euros a cada uno de sus hijos; a los herederos del sacerdote herido grave (que falleció casi un año después) con 17.000 euros, y con 3.700 euros a otro sacerdote que resultó herido de menor gravedad.
El acusado ha sido diagnosticado con un cuadro psicótico de probable filiación esquizofrénica, si bien se considera que la afectación de sus facultades intelectivas y volitivas, aún siendo severa, no era completa, por lo que la Fiscalía aprecia la eximente de anomalía o alteración psíquica como incompleta.
Imagen: EFE/ Zipi / POOL
- Considera que no hay pruebas de los delitos investigados en las actuaciones de Gómez, Barrabés y Álvarez
- La acusación popular, dirigida por Hazte Oír, pide que Sánchez declare como testigo
- "Recuerdo verle irse tan tranquilo andando con el objeto que llevaba en la mano derecha", ha declarado una vecina
- Se enfrenta a una petición del fiscal de 50 años de cárcel por delitos de asesinato, tentativa de asesinato y lesiones
El Tribunal Supremo ha fijado del 3 al 13 de noviembre la celebración del juicio al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, en el que está acusado de un delito de revelación de secretos por presuntamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico enviado por el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, al fiscal que le investiga por fraude fiscal.
Las sesiones del juicio, en el que comparecerán 40 testigos, se celebrarán los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre, en jornadas de mañana y tarde, que comenzarán a las 10:00 horas, según la diligencia fijada este viernes. Entre los testigos que declararán están el propio González Amador, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña Miguel Ángel Rodríguez, doce periodistas y once guardias civiles de la Unidad Central Operativa (UCO).
Por primera vez un fiscal general del Estado se sentará en el banquillo y lo hará acusado por la pareja de Ayuso, por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y el Colegio de abogados de Madrid que piden para él entre cuatro y seis años de cárcel.
- La magistrada Nuria Ruiz ve una "negligencia grosera" por la "la parsimonia en la adopción de las medidas"
- También ha pedido información a la Generalitat sobre quién envió la alerta los móviles en las lluvias del pasado domingo
- El instructor del caso había pedido los correos en el marco de la pieza separada por presunta malversación
- También pide a la Fiscalía y a la abogada de Cristina Álvarez que manifiesten si mantienen el recurso
- Más de 100 mujeres y hombres han demandado al rapero por acoso, agresión sexual y violación
- El rapero estadounidense, en prisión provisional, se ha declarado inocente de todos los cargos
- El auto reproduce de forma literal y sin citar la fuente algunos fragmentos de un artículo del profesor Cubillo López
- Justifica así por qué Gómez debe ser juzgada por un jurado popular por todos los delitos por los que la está investigando
El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto transformar a ley del Jurado Popular toda la causa contra Begoña Gómez en caso de que llegue a juicio, sumando así a la pieza separada por un presunto delito de malversación los otros cuatro delitos por los que se investiga en el procedimiento principal por el que se investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: corrupción en el sector privado, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional.
En el auto al que ha tenido acceso RTVE, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 pone el presunto delito de tráfico de influencias como clave para poder determinar que en caso de un eventual juicio sea juzgada por jurado popular. Este presunto delito se convertiría en el principal, que abriría la puerta a que se la pueda juzgar con un jurado popular y arrastraría a los otros tres delitos en la causa por la que también están investigados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Imagen: EFE/Javier Lizón
- El magistrado propone ahora que toda la causa sea por jurado popular si llega a juicio
- Dice que los investigados —que no acudieron a la anterior citación— deberán presentarse este lunes con sus letrados
- En su escrito esgrime que no existe "base fáctica" para imputarle el delito de malversación
- Su defensa cree que el magistrado "mutila" un auto de la Audiencia Provincial para "disimular su rebeldía"
- Alega que "no posee la cualificación específica para la comisión" del delito de malversación
- Según las denuncias de algunas familias, los monitores se duchaban desnudos con chicos y chicas de 13 a 15 años
- Abogados Cristianos ha presentado una denuncia contra el campamento por un posible delito de exhibicionismo
- Un informe de la Intervención General del Estado analizó la adjudicación de dos contratos por 8,4 millones de euros
- El empresario ha enviado un comunicado en el que defiende que Red.es usa desde 2011 "los mismos procesos de licitación"
