La Fiscalía y las defensas piden el archivo del caso Begoña Gómez y, las acusaciones, que Sánchez declare como testigo
- Considera que no hay pruebas de los delitos investigados en las actuaciones de Gómez, Barrabés y Álvarez
- La acusación popular, dirigida por Hazte Oír, pide que Sánchez declare como testigo
La Fiscalía y las defensas han vuelto a pedir este lunes el archivo de la causa abierta contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, intrusismo profesional y apropiación indebida. Por su parte, las acusaciones populares han solicitado que el presidente Pedro Sánchez declare como testigo en relación con el 'software' de la cátedra que dirigía su mujer.
Este lunes, el juez Juan Carlos Peinado había citado a las partes para comunicar que se transformará la causa a la Ley del Jurado en caso de llegar a juicio, así como para que estas trasladaran sus peticiones. En el caso del Ministerio público, considera que no hay indicios y que "la mera relación conyugal" con el presidente del Gobierno "no puede operar como una suerte de presunción" de que pudo incurrir en tráfico de influencias.
En un escrito al que ha tenido acceso RTVE, el fiscal desgrana cada uno de los delitos imputados y los indicios contra los tres investigados, Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En él, alega que el vínculo familiar con Pedro Sánchez no puede traducirse en "prevalimiento e influencia con relevancia penal" en toda su actividad, con el añadido de un posible beneficio económico que "sería preciso determinar".
Para la Fiscalía, es necesario determinar cómo esa presunta influencia, ya sea directa o indirecta, existe y se pone de manifiesto. "A través de qué comportamiento, cómo, cuándo, dónde, sobre quién se ha ejercido el prevalimiento. Porque la mera presencia de la persona no puede ser sin más influencia", insiste.
En ese sentido, sostiene que se ha hablado del delito de tráfico de influencias "con cierta generalidad" y "sin precisar ni concretar una imputación con unos hechos concretos y determinados y basados en pruebas o indicios reales y objetivos".
Tampoco ve indicios contra Barrabés y Álvarez
El magistrado trata de indagar si Gómez influyó a favor de las empresas de Barrabés, adjudicatario de contratos públicos, así como su rol en la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), incluido el patrocinio empresarial de un 'software' para la misma.
Cabe recordar que en su último auto, el juez Peinado incidió en que era la relación de "parentesco" de Begoña Gómez con el presidente del Gobierno el elemento "fundamental" para el presunto delito de tráfico de influencias. Sin ese vínculo, argumentó el juez, "difícilmente" podrían los investigados haber llevado a cabo el resto de conductas presuntamente delictivas.
Respecto a la UCM, el fiscal descarta también que haya indicios de intrusismo respecto a la redacción de unos pliegos relacionados con la universidad, o de corrupción en los negocios porque, "aparte de las conjeturas en materia probatoria", este delito no es aplicable al caso.
Además, rechaza una presunta apropiación indebida del programa informático —que recuerda que "se pretendía difundir con carácter gratuito"—, puesto que no ve "elemento probatorio de respaldo, a pesar de la exhaustiva indagación realizada". Tampoco cree "factible hablar de un enriquecimiento paralelo subrepticio".
Tampoco constata que haya "elementos objetivos de criminalidad" respecto a Barrabés. El fiscal ha aludido al informe emitido por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre dos expedientes adjudicados a su grupo empresarial para señalar que, si bien la IGAE "apreció la existencia de irregularidades e incumplimientos de la ley de contratos del Sector Público", se trata de "irregularidades de índole administrativo" que no conducen "automáticamente al ilícito penal".
Por otro lado, cree que la imputación de Cristina Álvarez "no resulta justificada": si no se advierte la influencia de Begoña Gómez, "menos aún resulta posible atribuir y construir un delito de tráfico de influencias respecto" de su asesora.
"Salvo que queramos forzar los tipos penales, acudir a hipótesis fabulosas y ausentes de correlación con lo actuado, y con presunciones en contra de los investigados", añade el fiscal, que pide el sobreseimiento libre de la causa.
La defensa de Gómez insiste en que no hay delito
En esta ocasión, el juez instructor había advertido en el auto que los investigados debían "comparecer necesariamente asistidos de su letrado". Sin embargo, Begoña Gómez no ha acudido, si bien ha enviado a su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, en su representación. Al igual que ella, tampoco han ido su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, a los que también ha abocado Peinado a un juicio por tribunal de jurado.
Además del archivo de la causa, el abogado de Begoña Gómez ha solicitado que se requiera a la Moncloa información sobre "todos los antecedentes que le consten con relación al nombramiento de asistentes al cónyuge" de los presidentes del Gobierno, con la delimitación de los puestos ocupados y "las funciones que llevaban a cabo".
A la salida del encuentro, que ha durado casi tres horas y media, Antonio Camacho ha indicado a los periodistas que la vista ha ido "perfecta", porque "cuando no se comete un delito, todo va perfecto".
Se trata de la sexta vez que Begoña Gómez es llamada a comparecer ante el juez: en las dos primeras veces que acudió ante el juez a declarar se acogió a su derecho a guardar silencio; en la tercera y la cuarta decidió contestar solo a su defensa y la última vez, convocada para comunicarle que el juicio por malversación sería por un jurado popular, decidió no acudir y estuvo representada por su letrado.
Hazte Oír pide que Sánchez declare como testigo
Por parte de las acusaciones populares, que dirige la organización Hazte Oír, ha pedido que Pedro Sánchez declare como testigo en la causa personal en relación con el 'software' de la cátedra, por las empresas que la han patrocinado.
El letrado de Hazte Oír, Javier Pérez Roldan, ha declarado a los medios que como acusación han "cumplido el trámite determinado y puesto los puntos sobre las íes" para que el proceso siga adelante. A su juicio, si Gómez no fuese la esposa del presidente, "no habría cátedra".
Este lunes, antes de ingresar a los juzgados, Marta Castro, coordinadora jurídica nacional de Vox que ejerce una de las acusaciones populares de la causa, ha avanzado que solicitarán "la continuidad del trámite" para que Begoña Gómez "pueda ser enjuiciada".
La Abogacía del Estado pide el archivo de la causa para el delegado del Gobierno
La Abogacía del Estado ha solicitado al juez instructor del caso Begoña Gómez el archivo de la causa contra el delegado del Gobierno Francisco Martín por presunta malversación, al considerar que no tuvo "participación ni conocimiento alguno" en la decisión de contratar a Cristina Álvarez Rodríguez en 2018, "quedando desvirtuada la única base que se invocó inicialmente para imputarle".
En su escrito, la Abogacía señala el hecho de que el nombramiento del actual delegado del Gobierno en Madrid como secretario general de la Presidencia del Gobierno tuvo lugar el 20 de julio de 2021, es decir, tres años después de los hechos objeto de investigación. Por lo tanto, considera "incontrovertido" que su representado "no tuvo participación ni conocimiento alguno" en la decisión.
Señala además el documento el contenido del auto de la Sala de Admisión del Tribunal Supremo del pasado 15 de julio en el que consideraba "la inexistencia de base indiciaria para atribuir relevancia penal" a los hechos imputados al ministro de Justicia Félix Bolaños y constataba incluso una "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotado de mínima verosimilitud".
Este "déficit probatorio es exactamente el mismo que afecta a la imputación" de Francisco Martín, señala: "Ni en la querella ni en las diligencias practicadas se ha aportado elemento alguno que vincule personalmente al recurrente con una eventual desviación de caudales o irregularidad en las funciones de Cristina Álvarez Rodríguez".
