El Supremo abre causa a Alvise por revelación de secretos y acoso contra dos eurodiputados de su partido
- El TS admite a trámite la querella interpuesta por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco, ahora en otro grupo
- Sus excompañeros de partido denunciaron ser víctimas de "una campaña de hostigamiento" a través de redes sociales
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El Tribunal Supremo ha abierto una cuarta causa contra el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos cometidos contra los dos eurodiputados de su partido que consiguieron un escaño en las elecciones europeas de 2024 y que luego se integraron en otro grupo parlamentario.
Así lo ha acordado el Supremo a través de un auto fechado el 3 de octubre y al que ha tenido acceso RTVE este martes. En el texto, el Alto Tribunal ha admitido a trámite la querella interpuesta por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco y ha designado como instructor de la causa al juez Manuel Marchena.
El TS considera que en este caso concurren "indicios de criminalidad" respecto a estos dos delitos que se le atribuyen a Pérez, en "plena sintonía" con el informe de la Fiscalía. En consecuencia, ha acordado la apertura de un cuarto procedimiento en el Supremo.
Víctimas de una "campaña de hostigamiento"
Según ha detallado el Supremo, los eurodiputados han denunciado que han sido víctimas de una "continua campaña de hostigamiento" a través de redes sociales como consecuencia de los mensajes que el propio Alvise publicó sobre ellos en su canal de Telegram y un pódcast. Además de esto, Junco y Adrián llegaron a "temer por su integridad física" al revelar también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.
En esta línea, han acreditado que, tras filtrarse sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus redes sociales, recibieron una "ingente" cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes, hasta el punto de que les generaron "una continua sensación de inseguridad", llegando a modificar "sus hábitos o rutinas".
El Supremo ha detallado que llegaron a cerrar algunos sus perfiles de redes sociales y limitaron a terceros la posibilidad de responder a sus publicaciones. También dejaron de atender llamadas telefónicas de números desconocidos, que podían ser de acoso, y empezaron a recibir "miles" de correos electrónicos con insultos y amenazas en su contra.
La conducta de Alvise podría enmarcarse en estos delitos
Estos hechos han impedido "significativamente" que los eurodiputados desarrollen su "labor parlamentaria" de forma ordinaria e incluso han afectado a su "vida familiar", según han expuesto. Junto a esto, han sufrido un "constante miedo o intranquilidad" ante la probabilidad de ser "abordados en la calle por cualquier desconocido".
Ahora, la Sala de lo Penal entiende que la conducta de Alvise Pérez podría enmarcarse en estos delitos, "habida cuenta de las explícitas llamadas del mismo, ya personalmente en el mencionado pódcast, ya a través del canal de la aplicación Telegram que lleva su nombre y que, indiciariamente, él mismo gestiona o dirige, a que un grupo muy numeroso de seguidores expresara y desarrollara una actitud repetidamente hostil"
Para el Supremo, "aparece indiciariamente justificado que a través de los mencionados canales, y para llevar a término su inicial propósito", el líder de Se Acabó La Fiesta "pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas".
Otras causas abiertas contra Pérez
Con esta nueva causa, Alvise ya suma cuatro litigios en su contra en el Alto Tribunal. Concretamente, el TS le investiga por delitos de falsedad documental e injurias por la difusión en 2021 de una PCR falsa de covid del entonces ministro de Sanidad y actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Alvise, que declaró hace dos semanas por esta causa, defendió que no actuó con "mala fe" y alegó que era un documento que "circulaba masivamente por todas las redes sociales".
Otra de las causas abiertas es la que le investiga por la presunta entrega de 100.000 euros por parte del empresario CryptoSpain para financiar de manera irregular la campaña electoral de su partido en las elecciones europeas.
Por último, mantiene un litigio abierto por difundir mensajes contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert. Pérez defendió estas publicaciones como parte de la "crítica política" y de la "libertad de expresión".
