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"Hemos sentido un poco de vergüenza por la televisión pública valenciana por no haber entregado esas imágenes al juzgado. Ya no hablamos de emitirlas, sino de entregarlas en el juzgado desde el minuto cero, porque había información relevante respecto de lo que pasó en el Cecopi", asegura en La Hora de La 1 Mariló Gradolí, presidenta de la asociación de víctimas de la dana '29 de octubre'.

"Gracias a Televisión Española que emitió esas imágenes hemos conocido el contenido, un contenido que nos habla de una consellera que miente, que sí que dictó el mensaje tarde y que ese mensaje hubiese podido salvar a muchísimas víctimas", recuerda Gradolí para la que once meses después le resulta inaudito que el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, no haya dimitido.

Granolí también denuncia una "investigación paralela" a la "verdadera investigación que se está realizando en el Juzgado de Instrucción número tres de Catarroja". Y anuncia que el martes, día 23, su asociación protestará a las puertas de Les Corts Valencianes para exigir la dimisión de Carlos Mazón.

La Fiscalía va a investigar los posibles crímenes cometidos por Israel en Gaza. Unas diligencias autorizadas por el fiscal general del Estado a petición de la fiscal de sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado. El decreto que ha firmado García Ortiz faculta al Ministerio Público a colaborar en la investigación que se sigue en la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia para hacer efectivo el principio de cooperación internacional. En Las Mañanas de RNE lo explica la fiscal de sala, que insiste en su necesidad porque "hay crímenes tan horrendos que nos afectan a todos, afectan al universo". Se trata de un compromiso que ha asumido España al suscribir tratados internacionales, comenta, por lo que el país está "obligado" a colaborar con la Corte Penal Internacional porque este tribunal, dice, no cuenta con medios propios para desarrollar esta labor y por ello se apoya en los Estados. "Todo esto (la investigación) genera un material probatorio con el que después se puede sustentar la posible responsabilidad de aquellos que son autores de estos gravísimos hechos contra la humanidad", añade.

Aunque el fiscal acuerda que estará involucrado también el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, recuerda Delgado que, que este tribunal abra una investigación penal es más complicado porque la reforma de la jurisdicción internacional de 2014 limita esas investigaciones.

Los cinco acusados de Castelldefels (Barcelona), procesados por agredir sexualmente a tres mujeres entre marzo y mayo de 2021, han aceptado penas que oscilan entre los 8 años y 5 meses y los 3 años y 11 meses de prisión. Las partes han llegado a un acuerdo de conformidad este martes, cuando estaba previsto que comenzara el juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona.

Los procesados, que compartían un chat de WhatsApp en el que se comparaban con la llamada 'manada' de los Sanfermines, han pactado con la Fiscalía y las acusaciones particulares una rebaja sustancial de las condenas a las que se exponían, a cambio de pagar a las víctimas indemnizaciones de algo más de 30.000 euros y pedirles perdón por el daño causado. Además de reconocer las tres agresiones sexuales que se les imputaban, han admitido que integraban un grupo criminal para violar a mujeres vulnerables.