Noboa convoca un referéndum para una Asamblea Constituyente sin un dictamen previo de la Corte Constitucional
- El presidente ecuatoriano ha ordenado al Consejo Nacional Electoral continuar con los procedimientos
- El correísmo presentará una demanda por inconstitucionalidad y acudirá a organismos internacionales
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha convocado este viernes mediante decreto un referéndum para que los ciudadanos decidan sobre la instalación de una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución.
La convocatoria se ha realizado sin la previa validación de la Corte Constitucional, un requisito que establece la normativa vigente para cualquier consulta popular que implique reformas de gran calado. La decisión ha generado un amplio debate sobre la legalidad y legitimidad del proceso.
En un comunicado oficial, la Presidencia ha señalado que "la obstrucción que ciertos organismos politizados intentan imponer al cambio que necesita el país no será motivo para detener la voluntad del pueblo ecuatoriano". Noboa se ampara en un artículo de la Constitución que permite convocar una Asamblea Constituyente mediante consulta popular, ya sea por iniciativa presidencial, por dos tercios de la Asamblea Nacional o por el 12% del padrón electoral. Según el mandatario, esta disposición prevalece sobre interpretaciones contrarias que puedan surgir de otros organismos estatales.
El presidente ha ordenado al Consejo Nacional Electoral (CNE) continuar con los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley electoral, asegurando que la consulta llegue a las urnas en paralelo con otras preguntas sobre reformas constitucionales que Noboa ha impulsado recientemente, como la posible reinstauración de bases militares extranjeras en el país. Más tarde, el CNE ha anunciado que se reunirá este sábado para tratar la convocatoria del presidente.
Se trata de una de las principales promesas de campaña de Noboa, destinada a modificar la Constitución aprobada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017). Inicialmente, la iniciativa había quedado en pausa mientras se aprobaban varias leyes polémicas en la Asamblea Nacional, suspendidas temporalmente por la Corte Constitucional por posibles vulneraciones de derechos fundamentales.
El proceso refleja la intención del presidente de avanzar en reformas estructurales y económicas para consolidar un nuevo marco jurídico que facilite su plan de gobierno, pese a la resistencia de algunos sectores que consideran que se vulnera el orden constitucional.
Detalles sobre la Asamblea Constituyente
Si los ciudadanos aprueban la instalación de la Asamblea, se convocará un proceso electoral para elegir a 80 asambleístas: 52 provinciales, 22 nacionales y seis correspondientes al exterior, con sus respectivos suplentes. La Asamblea tendrá una duración de 180 días, prorrogables por una sola vez hasta 60 días adicionales mediante resolución adoptada por dos tercios de sus integrantes, según lo estipulado en el decreto ejecutivo.
La instalación de la Asamblea será automática a los diez días de la proclamación de los resultados por parte del CNE. La primera sesión será presidida provisionalmente por los tres asambleístas más votados, quienes dirigirán los primeros debates y la organización interna del hemiciclo. Durante su mandato, los integrantes definirán las reglas del proceso electoral, el procedimiento de elección de los representantes y la metodología para la redacción de la nueva Constitución.
Una vez que la propuesta constitucional esté redactada, deberá someterse a un referéndum nacional donde los ciudadanos decidirán su aprobación. Para que el texto entre en vigor será necesaria la mayoría simple de votos, garantizando así la participación directa de la población en la legitimación de la nueva carta magna y cerrando el ciclo democrático iniciado con la consulta popular.
El corrreísmo presentará una demanda por inconstitucionalidad
El correísmo, liderado por el expresidente Rafael Correa, ha anunciado que presentará una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de Noboa. Según los legisladores de Revolución Ciudadana (RC), el presidente vulnera la Constitución al no solicitar el dictamen previo de la Corte Constitucional para la convocatoria del referéndum.
La asambleísta Viviana Veloz ha asegurado que también acudirán a organismos internacionales para obtener respaldo, advirtiendo al CNE que debe remitir de manera inmediata el decreto a la Corte. En caso de no hacerlo, el CNE estaría asumiendo funciones que no le corresponden. "Es un atropello a la democracia, es abrir la puerta al autoritarismo y a la incertidumbre (...) los ciudadanos de este país le exigen salud, seguridad y empleo, y no se soluciona con un manotazo a la Constitución", ha declarado Veloz.
También la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, ha subrayado que ningún político está por encima de la Constitución y que la convocatoria sin dictamen del tribunal debilita el Estado de derecho. Por su parte, el expresidente Rafael Correa ha publicado críticas hacia Noboa, señalando que "confunde la jefatura del Estado con la administración de su propia hacienda".
Tensiones entre Noboa y la Corte Constitucional
La polémica convocatoria se enmarca en la tensa relación de Noboa con la Corte Constitucional, que ha limitado leyes y estados de excepción promovidos por el presidente. La Presidencia ha acusado al tribunal de realizar "activismo político" y de obstaculizar los cambios que considera necesarios para el país.
Según la Constitución, una consulta popular solo puede convocarse después de que el alto tribunal emita un dictamen favorable sobre la constitucionalidad de las preguntas. En este caso, Noboa ha decidido no enviar la pregunta sobre la Constituyente a la Corte, enviándola directamente al CNE.
La Presidencia ha defendido la decisión argumentando que la voluntad del pueblo no puede detenerse por organismos politizados. Sin embargo, expertos legales y sectores de la oposición consideran que el procedimiento podría sentar un precedente preocupante sobre la interpretación de la Constitución y la separación de poderes en Ecuador. Según la Corte Constitucional, la propuesta acumula ya varias demandas de inconstitucionalidad.
