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El Tribunal de Cuentas ha condenado al expresidente de Cataluña Artur Mas y a otros nueve ex altos cargos del Govern a devolver a la Generalitat más de 4,9 millones de euros por la organización en 2014 de la consulta independentista ilegal del 9-N. El tribunal les considera "máximos responsables" de las decisiones de gasto público a pesar de ser "conscientes" de que el Tribunal Constitucional había suspendido la consulta.

La sentencia declara "responsables contables directos" de gastar este dinero público a Artur Mas, a la exvicepresidenta y exconsellera de Gobernación Joana Ortega, al exportavoz y exconseller de Presidencia Francesc Homs y a la exresponsable de Enseñanza Irege Rigau.

La composición del CGPJ y el nombre de su presidente supone el primer acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con el PP de Pablo Casado, un pacto que se ha conseguido pese a que el Ejecutivo diera por rotas las relaciones entre ambos, después de que el líder del PP acusara al presidente de ser "partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en España". Por su parte, Podemos reconoce que hay conversaciones con el PSOE y el resto de grupos parlamentarios para la composición del CGPJ. Por contra, Ciudadanos se ha excluido de cualquier negociación y se mantiene al margen de una renovación que tacha de mero "intercambio de cromos" entre socialistas y populares.

El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el conservador Manuel Marchena, será el nuevo presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, en virtud de un pacto alcanzado por el Gobierno y el PP. Marchena iba a presidir el juicio a los líderes del procés en el Supremo, y fue propuesto por el PP como candidato a presidir el CGPJ. En base a este acuerdo, el Consejo contará con mayoría progresista, de 11 a 9, de los 20 sillones que está formado este órgano.

En una de sus ruedas de prensa más tensas, Donald Trump ya apuntó que podría haber algún cambio en su Administración. Y, nada más terminarla, anunciaba la sustitución del fiscal general Jeff Sesions. Era el fin a una tensa relación que comenzó cuando Sessions se inhibió en la investigación sobre la posible influencia de Rusia en la campaña que llevó a Trump a la presidencia. Aquello condujo al nombramiento del fiscal especial Robert Mueller para que investigara una trama que, en parte, también provocó el cese del director del FBI, que ha puesto al propio Muller en la diana y que, en conjunto, ha sido un dolor de cabeza para el presidente. El sustituto de Session será, temporalmente, Matthew Whitaker, hasta ahora su jefe de gabinete en el Departamento de Justicia y hombre de confianza de Trump.

A todo esto estará muy pendiente la prensa, especialmente, aquella a la que Trump rechaza y con la que ayer volvió a enfrentarse. La Casa Blanca ha retirado la acreditación a un periodista de la CNN acusándole de forcejear con la joven que pasaba el micrófono. Para la cadena de televisión esta decisión no tiene precedentes y supone una amenaza para la democracia. 

La Audiencia de Lleida ha condenado al padre de Nadia a cinco años de prisión y a la madre a tres y medio por estafa continuada agravada al usar la enfermedad de su hija para enriquecerse a través de los donativos que recaudaron. El tribunal considera acreditado que Fernando Blanco y Margarita Garau se enriquecieron en 402.232,65 euros utilizando la enfermedad de su hija.

El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo da la razón a Arnaldo Otegi y sentencia que el exportavoz de Batasuna no tuvo un juicio justo en la Audiencia Nacional. Según el TDEH, él y los otros cuatro dirigenes abertzales juzgados en el caso Bateragune tenían razón al poner en duda la imparcialidad de una de las magistradas que les condenó por intentar reconstruir Batasuna. Todos han cumplicado la pena y Arnaldo Otegi no ha aclarado si recurrirá su condena de diez años de inhabilitación amparándose en esta sentencia.

La Abogacía del Estado acusará de sedición y no de rebelión a los líderes independentistas catalanes, según han confirmado fuentes jurídicas a Televisión Española. El organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, les acusará también de malversación.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular, ejercida por Vox, tienen que presentar entre este viernes y el lunes sus escritos de acusación y su petición de penas.

El Cógigo Penal considera reos de rebelión a los "que se alzaren violencia y públicamente" para, entre otros fines, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Las penas previstas para los que promuevan o sostengan la rebelión van de un mínimo de 15 años a un máximo de 25.

La sedición, sin embargo, por la que ha optado finalmente la Abogacía no implica violencia. Son reos de este delito los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones.

El Código Penal prevé en este caso penas de entre 8 a 10 años para los principales autores y de 10 a 15 años si fueran personas constituidas en autoridad.