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El caso Pujol ha vuelto a la Audiencia Nacional. Oriol y Marta, dos de los siete hijos del expresident, han declarado ante el juez que investiga el patrimonio familiar, por un supuesto delito de capitales.

El juez quiere saber por qué a partir de 1992 todos los miembros de la familia Pujol recibieron transferencias hechas por el hermano mayor procedentes de una docena de cuentas de Andorra. Según el juez De la Mata, todos recibían la misma cantidad de manera simultánea. La mayoría eran ingresos en efectivo sin justificar.

En el caso Romanones, la Fiscalía ha retirado la acusación de abusos sexuales contra el sacerdote Román Martínez, porque cree que no hay pruebas que la avalen, por lo que ante la falta de pruebas solicita la absolución. Y añade que el denunciante ha cometido algunas contradicciones. Sí mantienen sus peticiones de cárcel la acusación popular y particular.

El expresident de la Generalitat Artur Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau han acudido a la reunión del Gobierno catalán. Quieren estudiar cómo pueden ayudar a difundir el proceso independentista tras ser condenados e inhabilitados por desobedecer al Constitucional y organizar el 9N. Una condena que los tres, han anunciado, van a recurrir ante el Tribunal Supremo.

El juez ha decretado libertad bajo fianza de 150.000 euros para Miguel López, en prisión como presunto autor del asesinato de su suegra, María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, según ha comunicado vía Twitter el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV). Su abogado, José Antonio García Sánchez, se ha mostrado satisfecho por la decisión del juez y ha declarado que "se abre una posibilidad muy grande de defensa en la calle que es donde debe estar".  López ha salido de la carcel pero continúa siendo investigado y el juez sigue considerando los indicios que aportan los investigadores.

El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la salida a Bolsa de Bankia en 2011 que no estaba al tanto del contenido de los correos internos que alertaban de la "inviabilidad" del grupo BFA-Bankia y que ningún inspector ni nadie de la escala inferior le remitió esos correos, lo cual ha dicho que le "parece bien" porque no tenía por qué conocerlos y porque contenían errores. Es la primera vez que Fernández Ordóñez, que estuvo al frente del organismo regulador entre 2006 y 2012, declara como investigado -lo que antes se conocía como imputado- en esta causa aunque ya lo hizo como testigo hace cuatro años. Este jueves también estaba citado como investigado por el juez Fernando Andreu el exsubgobernador del Banco de España Javier Aríztegui. Ambos han defendido que todo se hizo correctamente y han negado que hubiera presiones políticas.