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El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto enviar a juicio ante un jurado popular a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos por el nombramiento de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez. También propone lo mismo para Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

En un auto, fechado el martes y al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado acuerda la "transformación" de la pieza separada en la que investigaba este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Gómez, a su asesora y a Martín, y cita a todos ellos el próximo sábado a las 18:00 horas, como prevé la ley en el caso de los procedimientos con jurado, para una comparecencia previa y "concretar la imputación" contra ellos.

El juez Peinado ha adoptado esta decisión en el marco de la pieza separada en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de la Moncloa y si esta desempeñó funciones privadas para Gómez.

Es una sentencia pionera. En Canarias un hombre ha sido condenado por violencia vicaria tras asesinar al perro que compartía con su expareja. Además del maltrato animal, el tribunal ha tenido en cuenta el maltrato psicológico a la mujer. Ese matiz ha permitido imponer al agresor una orden de alejamiento. Hasta ahora la violencia vicaria se ha asociado con el daño a los hijos como forma de ocasionar un dolor extremo a la mujer. Sin embargo, una jueza ha dado un paso más, al considerar que matar a un perro también puede encuadrarse dentro de esta categoría. Según el fallo judicial, la muerte del animal buscaba causar un sufrimiento.

La magistrada Auxiliadora Díaz, del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que ha condenado a doce meses y un día de cárcel a un hombre por matar al perro de su pareja, ha explicado en TVE que la sentencia es novedosa porque por primera vez se ha considerado que la muerte de la mascota se "usó para hacer daño a la víctima" y por tanto la enmarca dentro de violencia vicaria.

La jueza ha explicado que se vio "claramente" que se buscaba "hacer sufrir a la mujer" matando al animal y considera que hay que tener en cuenta el "apego" que se tiene a las mascotas para incluirlo como elemento para enjuiciar la violencia de género.

Así, Díaz ha analizado el caso con una "perspectiva de género" que le permite intervenir en un caso que, en principio, no sería materia de su juzgado: un delito de maltrato animal.

La presidenta de la asociación de víctimas de violencia machista La Volaera, María Martín Romero, ha explicado en TVE "el terror y el pánico que pasan las víctimas y los niños y las niñas" debido a los fallos que provocan las pulseras telemáticas antimaltratadores. "Esto se llama tortura institucional", denuncia Martín Romero al tiempo que acusa a la ministra de Igualdad, Ana Redondo y a los políticos y políticas españoles de convertir la violencia en "un negocio" porque "todos los servicios de Igualdad están privatizados".

Desde La Volaera también denuncian que "hay mujeres víctimas que han depositado esta pulsera voluntariamente en sede judicial porque es una tortura completa". Según la presidenta de esta asociación granadina "los maltratadores saben cómo hacer para que salte en el límite de la orden de alejamiento y van saltando constantemente. Llega a ser un miedo total el que te esté saltando una pulsera a cada instante".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vinculado la apertura de juicio por fraude fiscal, entre otros delitos, a su novio, Alberto González Amador, con el procesamiento este martes del hermano del presidente del Gobierno por prevaricación y tráfico de influencias.

"Veo que en España los escándalos tienen el tamaño y duración que a Sánchez le conviene, él decide la agenda mediática de este país", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación.

Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press.

En España, la justicia ha enviado al banquillo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Díaz Ayuso, por fraude fiscal y pertenencia a organización criminal.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses para González Amador, que tiene aún pendiente otra investigación por presunto soborno a la empresa sanitaria Quirón.

Foto: EFE / Rodrigo Jimenez