Las claves del juicio a González Amador: del intento de pacto de conformidad a la querella contra el fiscal general
- La Fiscalía y Abogacía del Estado piden casi cuatro años de cárcel por dos delitos fiscales y falsedad documental
- La pareja de Ayuso tiene pendiente otra investigación por presunto soborno a la empresa sanitaria Quirón
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La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha abierto juicio oral contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal. Aprecia "claros indicios" de que se había servido de "facturas falsas" para defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021.
Es, además, un proceso judicial que el empresario había tratado de evitar mediante un pacto de conformidad con la Fiscalía por el que estaba dispuesto a reconocer dos delitos fiscales y que finalmente ha desembocado en otra causa, inédita en la historia de España, contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos.
La Fiscalía ha pedido tres años, nueve meses y un día de cárcel para González Amador por ambos delitos y también ha solicitado a la jueza que impute en calidad de cooperador necesario al abogado que representó al empresario durante la tramitación de la inspección de Hacienda. A esta petición se ha sumado la Abogacía del Estado solicitando además para el novio de Ayuso el pago de una multa de 448.000 euros y pena de prisión para los otros empresarios investigados — dos años para Maximiliano Eduardo N. G., y uno para David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S—.
El PSOE y Más Madrid, personados como acusación popular en la causa, piden para él cinco años de prisión por un delito continuado contable, de pertenencia a grupo criminal y de falsedad en documento mercantil.
Un caso que ha sacudido la política
El caso ha sacudido el debate político al más alto nivel desde que saltó a los medios de comunicación. Desde el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez pidió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la dimisión de la presidenta madrileña, que respondió con una rueda de prensa denunciando una inspección "salvaje" y "sacada de quicio" con el único objetivo su "destrucción personal".
González Amador presentó una querella contra la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, por llamarle "delincuente confeso" y decir que vive "en un piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública". La demanda por vulneración del derecho al honor, en la que también reclamaba una indemnización de 40.000 euros por las palabras que pronunció en el Senado el 12 de marzo de 2024, fue rechazada por el Supremo.
El novio de Ayuso también presentó el pasado mes de octubre una demanda de conciliación en los juzgados contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como paso previo a la interposición de una querella por injurias y calumnias por referirse a él como un "delincuente confeso", en la que les reclamaría 100.000 y 50.000 euros respectivamente.
Sánchez no acudió al acto de conciliación el 12 de febrero por lo que González Amador anunció que se querellaría contra él en el Tribunal Supremo por sus palabras, pronunciadas nada más hacerse pública la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos contra el novio de Ayuso.
El origen de la investigación: los informes de Hacienda
Todo comenzó cuando la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió diligencias de investigación penal el 23 de enero de 2024 a Alberto González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.951 euros a través de facturas falsas.
Un informe de la Agencia Tributaria sobre una inspección llevada a cabo en 2022 alertaba de presuntas irregularidades relacionadas con el impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021.
González Amador, dispuesto a reconocer los delitos para evitar el juicio
El letrado defensor de González Amador, Carlos Neira, se puso en contacto con la Fiscalía Provincial de Madrid unos días más tarde, el 2 de febrero, según señalaron fuentes fiscales, por correo electrónico para proponer un pacto con el Ministerio Fiscal en el que reconocería los hechos delictivos y se conformaría con una determinada sanción penal para evitar ir a juicio por presunto fraude fiscal.
En la propuesta de conformidad penal, Neira proponía a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel, así como pagar 520.000 euros para evitar ir a juicio por presunto fraude fiscal. Esta propuesta realizada por el abogado reconocía, según aseguraban las fuentes, la autoría de la comisión de "dos delitos" contra Hacienda por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021como administrador único de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad Para el Fomento del Medio Ambiente SL, según un escrito remitido por Neira a la Fiscalía.
El abogado explicaba en su carta a la Fiscalía que había intentado realizar una regularización tributaria, pero la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) le había avisado de que esta "supuesta regularización" no podía "operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad". El letrado se mostraba "completamente de acuerdo" y al no tratarse de "un delito agravado" proponía una pena de prisión de cuatro meses por cada delito a imponer" y asumir también "una multa del 40% de la cuota defraudada", lo que elevaría el importe a unos 520.000 euros.
Denuncia por dos delitos de fraude y falsedad en documento
El fiscal que abrió las diligencias a González Amador respondió por correo a su letrado el 12 de febrero y le manifestó que tomaba nota “de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas”, y añadía que no consideraba que la existencia de otras personas implicadas en la defraudación al erario público denunciada por la Agencia Tributaria pudiera ser un obstáculo para alcanzar una conformidad penal.
Unos días más tarde, el 13 de febrero, la Fiscalía denunció al novio de Ayuso. En el documento, el fiscal imputaba dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil a la pareja de Ayuso y a los empresarios Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S.
En la denuncia, remitida a los juzgados de instrucción de Madrid, el fiscal solicitaba su declaración como investigados y la de los inspectores de Hacienda que habían elaborado los informes, que después los ratificaron en su declaración.
La Fiscalía Provincial de Madrid remitió la denuncia interpuesta al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid, que registró la denuncia el 5 de marzo.
El 13 de marzo de 2024, un día después de conocerse la denuncia contra el novio de Ayuso, varios medios de comunicación publicaron una información en la que se apuntaba que la Fiscalía había ofrecido un pacto de conformidad a González Amador.
Fuentes fiscales desmintieron a través de una nota informativa que la Fiscalía hubiera ofrecido un pacto a Alberto González Amador y aseguraron que el único pacto de conformidad propuesto, "con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal que ha existido", aseguraron era el propuesto por el letrado de la pareja de Díaz Ayuso al fiscal encargado del asunto.
Miguel Ángel Rodríguez, pieza clave
El jefe de gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, sabía que González Amador negociaba un pacto con la Fiscalía, según los mensajes que aportó en la causa contra el fiscal general. En su declaración admitió además que había difundido un correo del fiscal que investigaba al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por dos presuntos delitos fiscales.
Entre los mensajes aportados se encuentra el pantallazo del mensaje que Carlos Neira, su abogado, le había enviado a él y que le remite luego a él el 12 de marzo a las 9:09 horas, en el que se podía leer: "He recibido correo del fiscal. Parece que todo sigue en pie. Le voy a llamar al fiscal para ir concretando. La idea mía es que al final solo haya un condenado. Y multa mínima".
De estos mensajes trascendió también que el contacto del novio de Ayuso figuraba en la agenda de Miguel Ángel Rodríguez como "Alberto QUIRÓN González".
La filtración termina en un juicio inédito al fiscal general
La investigación a González Amador ha desembocado en un hecho inédito en la historia de España, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra a un paso del banquillo a raíz de la querella que el novio de Ayuso por la nota informativa en la que se desmentía un acuerdo ofrecido por el Ministerio Fiscal al acusado. Los magistrados del Supremo coinciden con Hurtado en que la filtración del correo de 2 de febrero a la prensa, "que contenía información reservada y que no debía publicarse", y su posterior inclusión en la nota informativa "fue una actuación coordinada e impulsada personalmente" por García Ortiz.
El Tribunal Supremo tras abrir juicio oral a García Ortiz e imponerle una fianza de 150.000 euros, decidió de manera unánime imputarle por un presunto delito de revelación de secretos en la causa por fraude fiscal contra la actual pareja de Díaz Ayuso. La causa se centra en las informaciones publicadas por varios medios de comunicación antes de que la Fiscalía remitiera la nota informativa, pero descartaba que esa nota fuera el objeto de la causa, al considerar que "aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos", ya que había publicaciones con esos datos en varios medios de comunicación en los días previos.
La Fiscalía del Alto Tribunal ha reclamado la "libre absolución" de García Ortiz al sostener que no se le puede atribuir "ninguna intervención" en la filtración de información sobre el caso que investiga por presunto fraude fiscal al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
García Ortiz ha recurrido en apelación la fianza inicial de 150.000 euros que le impuso el juez del Supremo Ángel Hurtado y la rebajada de 75.000 euros que determinó después tras reconocer que había cometido un error en el baremo.
En un escrito, la Abogacía del Estado pedía la anulación al entender que el fiscal general, en virtud de la Ley de Asistencia Jurídica al Estado, "goza de una exención legal que le dispensa de prestar fianzas, depósitos, cauciones o cualquier otro tipo de garantía procesal cuando es demandado o acusado" de actos presuntamente cometidos en el ejercicio de sus funciones.
González Amador se niega a declarar después de varios aplazamientos
El empresario se acogió el pasado 24 de febrero a su derecho a no declarar como imputado en la causa por el presunto delito fiscal, en la que era la quinta citación tras cuatro aplazamientos anteriores por diferentes motivos. Sus abogados entendían que sin la resolución de la Audiencia madrileña se desconocía el objeto de la investigación y, por tanto, se incurría en una vulneración de derechos de su cliente que pretendía comparecer de forma voluntaria una vez que recibiera el auto.
Las declaraciones fijadas inicialmente por la jueza para el 7 de febrero se suspendieron al acreditarse que existía un señalamiento previo para ese mismo día en el Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid y alegarse, además, que el investigado Alberto González Amador tenía un viaje profesional programado antes del señalamiento entre los días 4 y 12 de febrero de 2025.
La defensa intentó retrasar la apertura de juicio hasta la resolución de los recursos interpuestos contra el procesamiento al no apreciar "causa para ello", pero la jueza Carmen Rodríguez Medel, sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, ha rechazado suspender la causa.
Sin embargo, el novio de Díaz Ayuso sí que ha declarado en la causa contra el fiscal general que instruye el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, ante el que aseguró que no había dado "consentimiento" a su abogado para enviar el correo electrónico del 2 de febrero de 2024 en el que reconocía a la Fiscalía la comisión de dos delitos fiscales.
Su letrado, Carlos Neira, declaró ante el juez Hurtado que tenía el mandato de su cliente para negociar de la manera más rápida y que hiciera menos "ruido" con la Fiscalía, pero que no había comentado con él el contenido del correo en el que ofrecía un acuerdo a cambio de admitir dos delitos fiscales.
Pieza separada por un presunto delito de corrupción
El novio de Díaz Ayuso también se encuentra investigado en una pieza separada de esta que la jueza instructora decidió abrir en octubre de 2024 tras la petición del PSOE y Más Madrid, por un presunto delito de corrupción y administración desleal en el marco de sus relaciones con el grupo Quirón Prevención, una de las empresas sanitarias que más contratos tiene con la Comunidad de Madrid.
En el marco de esta investigación separada de la principal que tiene como objetivo averiguar si ha utilizado una sociedad pantalla, declaró por primera vez en sede judicial el 10 de abril y defendió la legalidad de sus negocios. La jueza designó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como policía judicial en un auto fechado el pasado 27 de junio para que investigara los presuntos hechos delictivos que se le atribuyen en sus operativas con Quirón Prevención SL y se reafirmó en la necesidad de seguir indagando si el empresario incurrió en corrupción en los negocios.
El proceso contra González Amador por fraude fiscal, delito continuado contable y pertenencia a organización criminal, y las causas entrelazadas con esta, una también contra él por presunta corrupción en los negocios y, la otra, contra el fiscal general del Estado, han pasado ya a convertirse en uno de los casos que más repercusión jurídica, política y mediática ha tenido en los años recientes en España.
