El juez Peinado informa a Begoña Gómez de que su caso por malversación lo llevará un jurado popular si llega a juicio
- También propone enviar a juicio con jurado popular a su asesora en Moncloa y al delegado del Gobierno en Madrid
- La defensa de Begoña Gómez ha anunciado que va a recurrir el auto
El juez Juan Carlos Peinado ha propuesto enviar a juicio ante un jurado popular a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos por el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. También propone lo mismo para Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
En un auto, fechado el martes y al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado acuerda la "transformación" de la pieza separada en la que investigaba este delito "en procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado" respecto a Gómez, a su asesora y a Martín, y cita a todos ellos el próximo sábado a las 18:00 horas, como prevé la ley en el caso de los procedimientos con jurado, para una comparecencia previa y "concretar la imputación" contra ellos.
El juez Peinado ha adoptado esta decisión en el marco de la pieza separada en la que investiga si se produjo un desvío de dinero público en la designación de Cristina Álvarez como asesora de Moncloa y si esta desempeñó funciones privadas para Gómez.
De no admitir la querella a querer llevar a juicio a Gómez
Inicialmente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid consideró que no procedía la admisión a trámite de la querella presentada por Vox por un presunto delito de malversación de caudales contra Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Si bien, el juez Peinado explica en su auto que "la delimitación del objeto del proceso es de cristalización progresiva" a lo largo de la fase de investigación.
Así, asegura que ha adoptado la decisión de transformar las diligencias a raíz de la investigación, tras la toma de declaración a los tres investigados y a los testigos, entre los que está el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Gómez declaró ante el juez por este caso el pasado 10 de septiembre. Entonces solo respondió a preguntas de su defensa y aseguró que su asesora en Moncloa solo la ayudó de manera "puntual" en gestiones personales.
También ese día declaró ante Peinado Cristina Álvarez, pero, al contrario que la mujer de Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar.
Precisamente, el magistrado hace referencia a dichas declaraciones y resalta que "ninguna de las dos investigadas contestaron a pregunta alguna que le hubiera podido formular, bien, este instructor, o la representación de las acusaciones populares, e incluso el representante del Ministerio Fiscal, o cualquiera de los letrados de la defensa, incluido el del otro investigado, hasta este momento en esta pieza separada, Francisco Martín Aguirre, que hubieran podido esgrimir argumentos en su descargo".
Asimismo resalta que de los correos electrónicos aportados por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, se puede deducir que "se cumple con el requisito de la verosimilitud de los hechos, que hasta ahora, no podía determinarse de una forma concreta".
Y cree que tras la instrucción se aprecian "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos" en el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno.
Gómez va a recurrir el auto
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma y subsidiario dentro de los tres días siguientes a su notificación o recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a la última notificación. De hecho, la defensa de Begoña Gómez ha anunciado que va a recurrir el auto de Peinado.
La Audiencia Provincial de Madrid aún tiene pendiente resolver varios recursos más contra decisiones del juez Peinado, tanto en lo relativo a esta pieza separada de malversación, como a su investigación principal sobre presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
La causa inicial nació en abril de 2024 por una denuncia de Manos Limpias en la que acusaba a Begoña Gómez de haberse valido de su condición de cónyuge del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas.
A esta causa se le han ido sumando otras querellas presentadas por Hazte Oíz y Vox por presuntas irregularidades en el registro del software de una cátedra que dirigía Gómez en la UCM y la de supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de Moncloa.
Nada más conocerse el auto, fuentes de Moncloa han mostrado su "estupor" y "sorpresa" por la propuesta de que la mujer del presidente del Gobierno sea juzgada por un jurado popular. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Pilar Alegría, ha tachado de "surrealista" el auto de Peinado.
Por su parte, el PP ha subrayado que "ya no podrán hablar de 'lawfare'" porque la "juzgará el pueblo, y será por malversación, por el presunto abuso de lo que es de todos". El líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha avisado a Sánchez de que "la persecución judicial ya no cuela".
Tramitadas las demandas de Peinado contra Puente y Marlaska
Por otro lado, según fuentes jurídicas a RTVE, el juez Peinado ha demandado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por acusarle de prevaricación. El magistrado considera que los ministros han vulnerado su derecho al honor en las críticas vertidas contra él.
Estas dos demandas se suman a las ya presentadas recientemente contra eldiario.es y la Cadena Ser y contra el periodista Antón Losada, entre otros.
Las demandas han recaído en diferentes juzgados de primera instancia, en concreto en el número 104 en el caso de Óscar Puente y eldiario.es y en el número 88 en el de Antón Losada y la Cadena Ser.
Si los diferentes actos de conciliación acaban sin acuerdo entre el juez y los demandados -que no están obligados a asistir-, el magistrado podrá optar por continuar por la vía civil contra ellos, en defensa de su derecho al honor, o si decide actuar por la vía penal, por presuntos delitos de injurias y calumnias.
