La "negligencia grosera" de la Generalitat según el relato judicial: qué ocurrió el día de la dana
- RTVE reconstruye las claves de la instrucción, centrada en el envío "tardío y erróneo" de la alerta, según lo calificó la jueza
- Hay dos investigados, la exconsellera Pradas y su 'número dos', pero no Mazón ni ningún representante del Gobierno
- Aniversario de la dana, en directo hoy
Un año después de la dana, son muchas las incógnitas que todavía sobrevuelan las horas críticas de aquel fatídico 29 de octubre: dónde estaba el president de la Generalitat, Carlos Mazón o por qué la alerta a los móviles se envió tan tarde, cuando la mayoría de las 229 víctimas ya habían fallecido.
Sin embargo, las diligencias judiciales previas que dirige desde un pequeño juzgado de Catarroja la magistrada Nuria Ruiz Tobarra han ido aclarando en los últimos meses algunos elementos clave de lo que ocurrió el día de las peores riadas sufridas en España en décadas.
Aunque el proceso está todavía en fase de instrucción, RTVE reconstruye, a partir de los autos judiciales, las declaraciones de testigos y las pruebas aportadas a la causa hasta el momento, los puntos fundamentales de la causa.
¿Qué se investiga?
La investigación judicial sobre la trágica riada comenzó cuando las aguas todavía no se habían retirado. En un primer momento, con el propósito de dejar constancia del levantamiento de los cuerpos. Se hacía en situaciones extremas, como muestra el caso de la jueza de guardia en Torrent en aquel momento, Lucía Mayordomo, quien montó un juzgado improvisado en una gasolinera de Paiporta, el único lugar con luz aquella tarde.
Pero con el paso de los meses, el foco de la investigación se ha puesto en aquellas personas que tenían la obligación legal de velar por la seguridad y cumplir con los protocolos de vigilancia. Aunque en un primer momento las denuncias contra representantes tanto de la administración autonómica como del Gobierno llegaron a varios juzgados de la provincia de Valencia, desde enero es el de Instrucción 3 de Catarroja el que ha centralizado la causa.
La magistrada al frente de este juzgado, que se vio directamente afectado por la dana y que no pudo reabrir en su sede original hasta 10 meses después, investiga supuestos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia. Ya ha escuchado a más de 350 familiares de las víctimas.
¿A quién se investiga?
La jueza de Catarroja ha señalado en múltiples autos que la responsabilidad principal de la gestión es de la Generalitat Valenciana. Los dos únicos investigados en la causa hasta el momento son la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien tenía las competencias de Emergencias, y su 'número dos', el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
Pradas estuvo al frente del cargo apenas cuatro meses: fue nombrada consellera en julio de 2024 y fue destituida por Mazón el 22 de noviembre, menos de un mes después de las inundaciones. Era la máxima autoridad en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) en el día de la dana y en "el proceso de adopción de medidas de autoprotección de la población".
En ese sentido, Ruiz ve "indicios abrumadores de una conducta negligente" por parte de Pradas, a quien atribuye las "sucesivas omisiones que se produjeron: desde la convocatoria del Cecopi con un evidente retraso" al "insoportable retraso en las alertas a la población, así como la falta de control de los barrancos", según un auto conocido el 3 de octubre.
En esta línea, considera "aplicable en este caso" el término "negligencia grosera", "atendiendo no solo al gravísimo resultado mortal, sino por la parsimonia en la adopción de las medidas y su carácter erróneo". Ya desde el inicio de la investigación, la magistrada aclaró que "los daños materiales no se podían evitar; las muertes, sí".
Argüeso, también designado en julio de 2024, fue destituido el 3 de diciembre. Mantuvo en su declaración judicial una "tesis de la ignorancia" sobre lo que ocurría el 29-O que para la jueza "no se sostiene". La Fiscalía se opuso inicialmente a su imputación, aunque este posicionamiento se conoció cuando ya había declarado.
¿Qué papel tenía Mazón?
Según la legislación autonómica, es responsabilidad del titular del conseller o consellera de Emergencias de turno convocar y presidir el Cecopi, por lo que no es obligatoria la presencia del jefe del Consell valenciano. Por ello, y porque al ser aforado correspondería hacerlo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la jueza ha rechazado hasta ahora pedir la imputación. Nuria Ruiz ha invitado en tres ocasiones al presidente valenciano a declarar en calidad de investigado, pero él lo ha rechazado en todos los casos.
La jueza también había descartado citar como testigo a la periodista que comió con él en el restaurante El Ventorro, Maribel Vilaplana, puesto que desplazaría "sustancialmente" el objeto de la investigación hacia el president valenciano cuando no es él el que está siendo investigado.
No obstante, la Audiencia de Valencia, en una de las escasas correcciones que ha planteado a la instrucción, ordenó el pasado 23 de octubre que Vilaplana testifique finalmente, puesto que podría "aportar información relevante" sobre "la toma de decisiones" en la jornada. También apuntó que si hubiera "indicios reforzados, fundados, de criminalidad contra el president" se podría extender la investigación hacia su persona, en todo caso dirigida por el TSJCV debido al aforamiento.
En una entrevista con Las Provincias el pasado 9 de octubre, la primera en casi un año desde la dana, Mazón aseguró que "jamás" dio una orden a Pradas ni para convocar el Cecopi, ni para activar la UME ni para mandar el mensaje de alerta. Mazón habló en varias ocasiones con la exconsellera ese día, según el listado de llamadas aportado por la investigada a la jueza. Pradas intentó llamar al president a las 12.52 horas y a las 16.29 horas, pero en ambos casos la llamada fue cancelada. Mazón le devolvió la llamada a las 17.37 horas, y desde ahí y hasta las 18:30 hubo tres conversaciones entre ambos.
Sin embargo, desde las 18.30 horas hasta las 19.43 horas, hora crítica del desbordamiento del Poyo, no hubo comunicación. La consellera intentó hablar con él a las 19.10 y a las 19.36 horas, pero en ambos casos las llamadas fueron canceladas. Este mismo lunes 27 de octubre la jueza de Catarroja también ha pedido a Les Corts el listado de llamadas del jefe del Consell valenciano.
¿Dónde estaba Mazón?
El president ha cambiado en este año su versión de lo que hizo el 29 de octubre en varias ocasiones. Su agenda oficial no muestra actos tras terminar, a las 14:30, un encuentro con los agentes sociales. Primero aseguró que siguió en el Palau de la Generalitat, después admitió que se fue a una comida, aunque en un primer momento dijo que era personal y después de trabajo.
Tras la revelación de varios medios, entre ellos RNE, se confirmó que se trataba de una comida en El Ventorro con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la televisión autonómica.
Según el testimonio de la comunicadora, el almuerzo se alargó hasta las 18:30 o 18:45. Tras ello, en una nueva versión de la Generalitat conocida estos días, Mazón acompañó a Vilaplana a un parking donde tenía su vehículo. Según el entorno de Mazón, el president se dirigió desde el parking hasta el Palau de la Generalitat, un trayecto que se recorre en diez minutos a pie o en coche. No es hasta las 20:28 cuando, según el Gobierno autonómico valenciano, el presidente valenciano llega al Cecopi, después de que se mandara la alerta. Sigue siendo, por tanto, una incógnita dónde estuvo Mazón en los momentos más críticos de la riada, entre las 19:00 y las 20:00.
¿Por qué no se investiga a nadie más?
Diversas acusaciones han reclamado en varias ocasiones la imputación de los representantes del Ejecutivo central en el Cecopi, entre ellos la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo; el responsable de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Valencia, José Ángel Núñez, o responsables del operativo de emergencia, entre ellos mandos de los bomberos. Todas estas peticiones se han topado con la negativa de la jueza, del fiscal y de la Audiencia Provincial.
La principal diferencia, en opinión de la instructora, es que el resto de actores, es decir, quienes no estaban en el Gobierno de la Generalitat, no tenían el "deber de actuar" ni la obligación de ejercer como "garantes" de la seguridad y la protección civil.
La jueza también ha acordado, pero no ha concretado aún la fecha, que declaren como testigos la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero; el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez; y el exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, entre otros cargos.
¿Qué papel tenían las agencias estatales?
La principal estrategia de defensa de la Generalitat en estos meses ha sido justificar un supuesto "apagón informativo" por parte de la CHJ y la Aemet, ambas dependientes del Gobierno. Sin embargo, para la jueza de instrucción esta teoría ya está "superada" y "no se sostiene". En el Cecopi había representantes de las dos agencias, pero estaban conectados telemáticamente y no participaron en toda la reunión, ya que esta se desconectó en varios momentos.
La Aemet ya había declarado el primer aviso rojo, por peligro extraordinario por lluvias, a las 7:36 de la mañana de ese 29 de octubre, y a las 9:48 ya lo había extendido a toda la provincia de Valencia. Y también informó a Emergencias de la Generalitat en una llamada de que las lluvias se centrarían en la tarde en el interior norte de Valencia, cabecera del Poyo.
Mientras, la CHJ defiende que actualizaba cada cinco minutos la información de los caudales en su Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), público en su web. Además, envió correos a Emergencias de la Generalitat cada vez que se superaron ciertos umbrales.
Sin embargo, en la franja clave entre las 16:13 y las 18:43, no hubo ningún aviso de caudal del Poyo, según datos facilitados por la CHJ a RTVE. El presidente de la Confederación, Miguel Ángel Polo, preguntado en su declaración como testigo por qué no se informó del caudal entre esas horas, afirmó que la información "no era relevante porque no había capacidad de reacción a partir de esos datos", ya incluso a las 16:00 h. También justificó que informar de ello hubiera sido "redundante" porque Emergencias disponía de la información por otras vías.
¿Cuándo se valoró enviar la alerta?
No ha sido hasta casi un año después de la tragedia que han trascendido algunos vídeos clave de la jornada que la jueza ha ido reclamando para incluir en la causa. En uno de ellos, se puede comprobar que Mazón ya conocía que había una "alerta hidrológica" a las 13:45, y que Pradas sabía hacia las 12:40 que había que vigilar la rambla del Poyo y el río Magro, los dos principales cauces que se desbordaron ese día. A las 14:20, la exconsellera pedía en sus redes "mucha precaución a los vecinos de los municipios por donde discurren el barranco del Poyo y el río Magro". La alerta no se envió hasta las 20:11 de la tarde.
En otro de esos vídeos, se ve cómo al inicio de la reunión del Cecopi, a las 17:00, tres horas antes del envío del mensaje Es-Alert, ya se estaba valorando mandar la alerta. "Podemos mandar un mensaje a todos los móviles de esa zona, es una de las decisiones que también podemos tomar", se escucha decir al subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, en unas imágenes conocidas este octubre.
A las 19:00, según se ve en unas imágenes obtenidas en exclusiva por RTVE y también incorporadas a la causa, Pradas da indicaciones que luego se vieron reflejadas en el mensaje de Es-Alert.
La jueza ha calificado en algunos autos como "tardío" y "erróneo" el envío del mensaje. Según declaró un técnico en el juicio, el contenido del texto se lo dictó Pradas y le pidió no mandarlo hasta que no tuviera su "visto bueno". La exconsellera descargó su responsabilidad en los técnicos, tal y como declaró ante la jueza en abril. El retraso en el envío se debió a que siguió su consejo, no a que esperara a Mazón, señaló, y justificó que ella no tenía conocimientos en Emergencias.
¿Quién se ha personado en la causa?
En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que una decena ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular. Las acusaciones particulares las ejercen familiares de los fallecidos o personas que las representan, como la Asociación de damnificados Horta Sud, en la que figuran 114 afectados por las inundaciones de la dana; SOS Desaparecidos y Víctimas Mortales Dana 29O.
Las acusaciones populares las ejercen, previo pago de una fianza de 6.000 euros, partidos políticos -Podemos, Vox, PSPV-PSOE, Ciudadanos y Compromís-; sindicatos -FTAP-CGT, Intersindical Valenciana- y asociaciones y colectivos -Liberum, Acció Cultural del País Valencià, Mai Més-. Estuvieron personadas las asociaciones Hazte Oír y Manos Limpias, pero la primera dejó de ser parte al ser inadmitidas sus querellas y la segunda, porque el letrado que defiende a Emilio Argüeso lo había sido también de Manos Limpias.
La Generalitat ha pedido personarse como responsable civil subsidiaria, pero la jueza lo ha rechazado al entender que no procede en este momento procesal.
