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La Fiscalía rechaza investigar a Santos Cerdán por un delito de falso testimonio en la comisión Koldo del Senado

  • Advierte de que ese delito solo se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad" sobre "hechos determinantes"
  • La fiscal puso de manifiesto su rechazo a que se admitiera a trámite de la querella presentada por la organización Hazte Oír
El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la comisión de investigación del caso Koldo
El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, en la comisión de investigación del caso Koldo. EFE/ Mariscal
RTVE.es

La Fiscalía ha rechazado que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán haya podido incurrir en un delito falso testimonio en la comisión Koldo del Senado en 2024, dado que se produciría con "alteraciones sustanciales de la verdad" sobre "hechos determinantes" y "no meras reticencias o inexactitudes", como califica las declaraciones del exdirigente socialista que investiga el Juzgado de Instrucción 24 de Madrid tras haber admitido la querella de Hazte Oír.

El Ministerio Público critica que se establezca "un deber penal de veracidad que no tiene parangón con ningún otro establecido" en la Constitución o en la ley, y sostiene que atribuir el delito de falso testimonio en estas circunstancias "atenta contra el principio de intervención mínima del derecho penal".

Además, la fiscalía argumentaba — en el informe en el que se oponía a la admisión a trámite de la querella— que el tipo penal que la querella trata de aplicar en este procedimiento "atenta contra el principio de intervención mínima del derecho penal" al considerar que no deben tratarse los hecho típicos del tradicional delito de falso testimonio" de la misma forma en una comisión de investigación, "máxime cuando el querellado está incurso a día de hoy en una investigación".

Una querella que, en contra del criterio de la Fiscalía, ha sido admitida a trámite por el juzgado, al ver indicios de que hay una "desviación clara" entre lo que declaró y "la realidad material" de los hechos.

La titular de este juzgado sospecha que Cerdán "habría faltado sustancialmente a la verdad" en aquella comparecencia del 30 de abril de 2024, un año antes de que renunciase a su escaño en el Congreso tras verse salpicado en una trama de presunto reparto de mordidas por adjudicaciones de obra pública que le mantiene en prisión preventiva por orden del Tribunal Supremo.

Unas declaraciones que "no poseen trascendencia jurídica"

El hecho de que Santos Cerdán afirmara que no conocía al presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama o que apenas había tenido contacto con Koldo García, ha dicho que "carece de toda relevancia típica". Es la respuesta a "una pregunta que no pretende obtener información sobre un hecho" sino sobre "una construcción valorativa de los hechos" que se investigan, y en si misma, señala la fiscal, "no es faltar a la verdad".

Las declaraciones que realizó Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado sobre las relaciones personales con los investigados en la trama, agrega la fiscal, "no poseen trascendencia jurídica respecto al hecho fundamental de la investigación en sí misma", es decir, cómo se realizó la contratación pública durante la pandemia de covid-19. Además, la fiscal sostiene que las manifestaciones de Santos Cerdán respecto a su relación con Koldo García o Víctor de Aldama "no poseen trascendencia jurídica" respecto a lo que investiga el Senado.

Con todo, la Fiscalía no considera que haya indicios de falso testimonio contra Santos Cerdán, máxime -dice- cuando ahora está incurso en una investigación penal, y se apoya en un auto del Tribunal Supremo que ya rechazó una querella contra la exdirigente del PP en Cataluña Alicia Sánchez Camacho por falso testimonio en una comisión parlamentaria en la que se le preguntó sobre el caso Pujol y la denominada Operación Cataluña.

En el auto de admisión a trámite, la magistrada aludía a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que derivó en la imputación judicial de Santos Cerdán y que forma parte de la investigación que dirige el juez del Supremo Leopoldo Puente en torno a una trama de reparto de mordidas por adjudicaciones de obra pública en la que también estaría presuntamente implicado el exministro José Luis Ábalos.