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El juicio al matrimonio detenido en abril de 2025 por mantener encerrados a sus tres hijos durante casi cuatro años en su vivienda familiar tras la pandemia en las afueras de Oviedo, en el caso conocido como 'casa de los horrores', ha comenzado este martes. Según ha acordado la sala en un auto y siguiendo la petición de la Fiscalía, se ha decidido que la vista tenga lugar sin público "dada la gravedad de los hechos enjuiciados" y los perjuicios "del todo desfavorables que pueden derivarse para las víctimas, todos ellos menores de edad". Los agentes de Policía Local y Guardia Civil que hicieron la inspección han declarado este martes en la Audiencia Provincial. La vecina que alertó de los hechos, los abuelos de los menores y los padres acusados declararán este miércoles. El Ministerio Público pide 24 años y cuatro meses de prisión para los padres, de 53 y 48 años, por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono. Los abogados de los progenitores han insistido en esta primera sesión del juicio en que se encerraron por miedo a un contagio. Los tres menores se encuentran bajo la tutela del Principado. Foto: EFE/ Eloy Alonso.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que inicie "de inmediato" la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo, una decisión que el Ejecutivo regional recurrirá.

La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la ley del aborto.

El tribunal especifica que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración e "implantación", en cumplimiento de la normativa vigente.

FOTOGRAFÍA: RODRIGO JIMÉNEZ / EFE

Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio contra 23 acusados de fraude en la supuesta reventa de ataúdes por parte de la funeraria El Salvador. El primero en declarar ha sido el policía al mando de la instrucción del caso, que ha asegurado que era imposible que el intercambio de los ataúdes se hubiera realizado en solitario. Ha explicado que todo arrancó en 2017, cuando un hijo del dueño de la funeraria El Salvador acudió a la policía para denunciar que un exempleado estaba extorsionando a su padre, propietario de la empresa. Esa presunta extorsión fue la pista que abrió el caso.

En la vista oral se prevé en principio la comparecencia de 239 testigos y 17 peritos por hechos ocurridos entre 1995 y febrero de 2015, además de los imputados. Las acusaciones contra ellos se centran en los delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, estafa, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil.

Un juzgado madrileño ha admitido a trámite la denuncia que interpuso recientemente una mujer contra Íñigo Errejón por una supuesta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, según ha informado el abogado de ambas denunciantes. Esta es la segunda denuncia contra el exportavoz de Sumar y cofundador de Podemos. La primera fue la presentada por la actriz Elisa Mouliaá.

FOTOGRAFÍA: EFE/Daniel González.