El presidente del banco Andbank asegura que los Pujol dejaron la entidad tras intentar destruir su documentación

• La familia defiende que la fortuna procede de un legado del abuelo Florenci, pero la Fiscalía apunta a comisiones ilegales
• Los fondos de la familia estuvieron, desde 2010, en Banca Privada de Andorra, entidad que fue intervenida en 2015

El expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, durante su testifical por videoconferencia en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. EFE/ Fernando Villar

La familia Pujol pidió sin éxito en 2010 a la entidad financiera Andbank que destruyera documentación relacionada con las cuentas donde tenía su fortuna oculta, lo que motivó que el banco andorrano les invitara a abandonarles "lo más rápido posible". Así lo ha explicado Manel Cerqueda, presidente de la entidad, en su declaración este martes como testigo en una nueva sesión del juicio celebrada en la Audiencia Nacional sobre el origen de la fortuna oculta en Andorra.

Los fondos de la familia estuvieron inicialmente en Andbank y, desde 2010, en Banca Privada de Andorra, entidad que les ofreció cambiar las cuentas a una fundación panameña para evitar filtraciones como la que recogió la lista Falciani y que después, en 2015, fue intervenida por las sospechas de facilitar blanqueo de capitales.

El testigo, que desde 2001 es presidente no ejecutivo del consejo de administración de Andbank, ha asegurado que en 2010 supo que los Pujol "habían pedido que se destruyera documentación de sus cuentas", a lo que la entidad se negó y, por ese motivo, invitó a la familia a "que se fuera lo más rápido posible".

"Encantados de que se marcharan"

"Estuvimos encantados de que se fueran y les dimos todas las facilidades posibles para que se marcharan de clientes de la entidad", ha añadido el testigo, que hasta 2014 —cuando estalló el caso de la fortuna oculta de los Pujol— no supo que toda la familia tenía cuentas en Andbank porque su cargo no era ejecutivo.

Esa no fue la única prevención que, a juzgar por los testigos, adoptaron los Pujol para mantener oculta en Andorra su fortuna oculta, que la familia defiende procede de un legado del abuelo Florenci, mientras la Fiscalía cree que la amasaron con comisiones ilegales de empresarios.

Cristina Lozano, exdirectiva del BPA, ha contado que Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito del expresidente que gestionaba los fondos de la familia en Andorra, transmitió al banco su "preocupación" por que algún empleado filtrara información sobre sus cuentas, a raíz de la "lista Falciani" de defraudadores fiscales que hizo pública entre 2008 y 2009 un informático que trabajó en la entidad suiza HSBC.

A Pujol Ferrusola se le "ofreció" desde BPA la misma solución que a otros clientes que también estaban inquietos a raíz de la "lista Falciani": la titularidad de sus cuentas se transmitió entonces a una fundación panameña, con lo que "ante consultas internas no aparecería su nombre, aunque estaba totalmente controlado".

La "policía patriótica" y el BPA

Otro de los testimonios clave de la sesión de este martes ha sido Joan Pau Miquel, exconsejero delegado de BPA, quien ha relatado ante el tribunal las presiones que asegura recibió de la "policía patriótica", en nombre del "Estado español", para que entregara información de la familia Pujol, además del expresident Artur Mas y el líder de ERC Oriol Junqueras.

De las cuentas del BPA procede el "pantallazo" con movimientos bancarios de la familia que El Mundo publicó el 7 de julio de 2014, lo que dio pie dos semanas después a la carta de confesión en la que el expresidente catalán Jordi Pujol desveló los fondos ocultos en Andorra.

El exconsejero delegado del BPA fue condenado el pasado mes de julio, junto a otros directivos de la entidad, por facilitar el blanqueo de capitales del empresario chino Gao Ping, en el primer juicio contra la antigua cúpula de la entidad, que fue intervenida en 2015 a raíz de una denuncia de la oficina FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) de Estados Unidos por sospechas de "lavado de dinero" del crimen organizado.

Joan Pau Miquel, junto al expropietario del BPA Higini Cierco, presentó una querella ante la justicia andorrana por las coacciones que, mantiene, recibió de la "policía patriótica" para que facilitara datos de los Pujol, lo que ha propiciado una investigación contra (el expresidente del Gobierno, Mariano) Rajoy y quienes fueron sus ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Según la versión de Miquel, el inspector Bonifacio Díaz, uno de los miembros de la "policía patriótica", contactó con los dueños del BPA para transmitirles un "mensaje de Madrid": que "colaboraran" con el Estado español en su lucha contra el nacionalismo catalán, bajo la amenaza de que, si no lo hacían, la entidad "moriría".

Desde ese momento, otros miembros de la "policía patriótica" trataron de que el BPA les facilitase información de Pujol, Mas y Junqueras, amenazando con que tenían "influencia" en el SEPBLAC (servicio de prevención del blanqueo) y con que "los americanos se harían cargo del banco" tras propinarle "un hachazo".

El testigo ha dicho que acabó reuniéndose con Marcelino Martín Blas, entonces jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, y que este fue "mucho más violento verbalmente" en sus presiones.

Joan Pau Miquel ha insistido en que se limitó a entregar a Martín Blas un resumen de prensa con "información de posibles operaciones vinculadas al nacionalismo catalán que aparentaban escenarios de corrupción", pero no el "pantallazo" que destapó el caso, filtración que fue investigada en una auditoría interna sin que nunca se identificara a sus responsables.

Según el testigo, al día siguiente de su conversación con Martín Blas "los del SEPBLAC cambiaron radicalmente de actitud, empezaron a hablar de clientes chinos" y hubo un "acoso y derribo" por parte de la Policía Nacional para acceder a bases de datos del BPA "sin autorización judicial".

El testamento de sus padres

En la sesión de este martes también ha declarado otro de los inspectores de la UDEF que participaron en las investigaciones del caso Pujol, quien ha dicho que en el registro del domicilio del expresidente catalán en Barcelona se encontró el testamento de sus padres, en el que no constaba alusión ninguna a cuentas en Andorra u otros países.

El inspector ha relatado, además, que uno de los empresarios acusados, Bernardo Domínguez Cerecedes, hizo gestiones para llevar a España fondos que Jordi Pujol Ferrusola había transferido a México para evitar que fueran intervenidos por la autoridad judicial.

Y ha citado una conversación de WhatsApp de 2018 en la que Jordi Pujol Ferrusola le dijo a Bernardo Domínguez Cerecedes que sus padres estaban "inquietos" con el dinero.