La Fiscalía pide hasta dos años de prisión a los activistas de la protesta propalestina durante La Vuelta en Valladolid
- La Audiencia Provincial de Valladolid ya ha dictado el auto de apertura de juicio oral para los procesados
- Los cuatro activistas no niegan su participación, pero rechazan que su protesta sea un delito
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La Fiscalía ha pedido penas de hasta dos años de prisión para los cuatro activistas vallisoletanos que protestaron contra el equipo Israel Premier-Tech durante la pasada Vuelta Ciclista a España. La Audiencia Provincial de Valladolid ya ha dictado el auto de apertura de juicio oral para los procesados, que se enfrentan individualmente a peticiones de entre 21 y 25 meses de cárcel.
Según el escrito del Ministerio Fiscal, los cuatro protestantes, que no tienen antecedentes penales, están acusados de un delito de desórdenes públicos. Para dos de ellos, la Fiscalía añade además cuatro meses y medio de cárcel por un delito de resistencia a la autoridad.
Este proceso judicial se enmarca en una edición de la Vuelta Ciclista especialmente convulsa. Las movilizaciones en favor de Palestina fueron constantes a lo largo de todo el país, obligando a la organización a desviar el recorrido en varias etapas e incluso a cancelar el final de la última jornada en Madrid, ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de los corredores por los bloqueos en la calzada.
El riesgo en la contrarreloj
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre en Valladolid. La acusación sostiene que los activistas saltaron el cordón de seguridad e irrumpieron en la calzada con banderas palestinas con la intención de "cortar el recorrido de los ciclistas del equipo de Israel".
El escrito incide en que esta acción puso en riesgo la integridad física de los corredores, subrayando que en una etapa contrarreloj se circula a la mayor velocidad posible. Se destaca que dos de los detenidos se opusieron con "gran intensidad y violencia" al ser desalojados por agentes uniformados y de paisano. Junto a las penas de cárcel, se plantea una fianza y que se ejecuten las sanciones administrativas una vez haya sentencia.
Por su parte, los activistas no niegan su participación, pero rechazan que su protesta sea un delito. "Somos nosotros los que cometimos los hechos, pero no creemos que sea un delito", han afirmado fuentes de los activistas a EFE. Además, han insistido que siguen con la cabeza alta tras confirmar que rechazaron llegar a un acuerdo de conformidad con la Administración de Justicia en los juzgados.
Los encausados han denunciado lo que consideran una "incoherencia" del Gobierno, al que acusan de defender oficialmente el reconocimiento de Palestina mientras se solicitan penas que suman ocho años de prisión por denunciar la presencia de un equipo que, según su criterio, busca blanquear las acciones de Israel en Gaza a través del deporte.
