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El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, reclama unidad en la izquierda ante los ciclos electorales que se esperan en 2026 y las generales previstas para 2027: "Estamos ante un nuevo ciclo electoral, soy el pesado de la unidad, pero no hay otra salida". Maíllo asegura que estamos ante "una situación excepcional" y que hay que superar "los desencuentros del pasado" en referencia sobre todo a Sumar y a Podemos: "El momento exige una política de renuncia". Aun así, es consciente de la fragmentación de la izquierda: "quien quiera unirse, que se una y quien quiera ir solo que lo explique".

La experiencia de Extremadura cree que debe de servir como ejemplo que lo que funciona es la política "desde el terreno" sin irrupciones de Madrid y que "la clave no es el veto". Defiende que en el centro deben estar las políticas y confía en poder sacar un buen resultado en Andalucía: "Moreno Bonilla no va a tener mayoría absoluta". Augura que al gobierno popular le va a pasar factura la crisis de los cribados de mama y denuncia el estado de los servicios públicos en el territorio. Eso sí, de no sacar un buen resultado, también abre la puerta a dar un paso al lado: "Voy a dar todo de mi, pero no he venido a la política a hacer cálculos personales, o sacamos un buen resultado o hay que asumir las consecuencias".

Ante la compra de material israelí por la empresa Airbus, Maíllo asegura que le "parece fatal" pero también se muestra prudente: "Estamos recabando información, aún no se ha acabado el debate". Quiere confirmar que esa compra es de material civil y si cumple con el real decreto del Gobierno. Una norma, que reconoce "que no les gusta" y continúan reclamando un embargo total al material militar de Israel.

Maíllo también defiende la continuidad del gobierno de coalición, pese los casos de corrupción en el PSOE: "Si pensáramos que en el Consejo de Ministros se sentara alguien corrupto, no estaríamos". Sí que cree que hay que asumir responsabilidades políticas por parte de los socialistas, pero no que eso deba afectar a la coalición: "La responsabilidad política no deben afectar al gobierno, se tendrán que ir los corruptos". Considera que Pedro Sánchez tiene cierta responsabilidad porque "se equivocó" en la elección de los cargos de responsabilidad del partido, pero eso, apunta, "no le convierte en político". Tampoco pide una crisis de Gobierno como lo hace Yolanda Díaz

En este sentido, apuesta por continuar hasta 2027, aunque no haya presupuestos para abordar problemas como la vivienda: "Hay que intervenir el mercado sin ningún complejo". Pese a que seguramente no salgan adelante, Maíllo insta al Gobierno a presentar los presupuestos para que "haya un debate" sobre el modelo social del país y cómo superar los problemas que hay en España: "En ese debate se aborda los dos carriles en los que puede derivar la sociedad española y cuáles son las soluciones y quién se opone".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que tiene ya "elaborados" los presupuestos generales de 2026 y que hablará con "discreción" y "lealtad" con los distintos grupos políticos, en particular con los socios parlamentarios.

El Gobierno los quiere presentar en el primer trimestre del año y Montero confía en cerrar este frente y el nuevo modelo de financiación autonómica antes de salirse del Consejo de Ministros para centrarse en la campaña electoral en Andalucía.

Foto: ACN

Josep Maria Cruset, portavoz adjunto de Junts ha concedido una entrevista a Parlamento en Radio 5. En cuanto a la relación del partido con el Gobierno se muestra tajante: "La rotura es total". Con esta posición, Cruset anticipa el resultado de la votación de los Presupuestos Generales del Estado. "Para hacer política de esta forma sin querer leer cuál es la realidad, donde el Gobierno no tiene mayoría, hay que negociar y que traer una propuesta consensuada [...] Por mucho que el Gobierno lleve los Presupuestos, el final será el que será".

Cruset asegura que, pese a las negociaciones, no existe la posibilidad de cambio en la postura de Junts. "Este escenario de negociación es el que se tendría que haber producido durante la primera parte de la legislatura donde nosotros pusimos un esfuerzo muy grande en que esto fuese posible, pero sistemáticamente cuando cerrábamos los acuerdos [...] después sistemáticamente el Gobierno no cumplía su parte".

Además, el portavoz mantiene la postura central de su formación. "Nosotros hacemos política sin pensar qué sale en el marcador o quién coincide en el marcador con nosotros".

La senda de déficit no ha pasado el examen. Finalmente se ha cumplido lo que estaba previsto: PP, Vox, Junts y UPN han votado en contra, y Podemos y Compromís (mediante su única diputada, Águeda Micó) se han abstenido. Con todo, se ha resuelto con 178 votos en contra, 164 a favor y cinco abstenciones. La medida, que ha sido debatida este jueves en el Congreso y defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es un paso preliminar y necesario para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Foto: Fernando Sánchez / Europa Press

La senda de déficit no ha pasado el examen. PP, Vox y Junts han votado en contra, y Podemos y Compromís se han abstenido. Con todo, se ha resuelto con 178 votos en contra, 164 a favor y cinco abstenciones. La medida, que ha sido debatida este jueves en el Congreso y defendida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es un paso preliminar para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026.

Foto: EFE/Chema Moya

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se muestra tranquila ante la investigación de los pagos en efectivo del partido y asegura que no hay contabilidad B: " El origen del dinero del PSOE tiene trazabilidad, es legal, no es la Gürtel por mucho que otros busquen empatar este partido". Mínguez mantiene que el partido "no está investigado" y muestra "plena colaboración" con la justicia. También defiende la actuación que se ha hecho desde la formación sobre José Luis Ábalos y Koldo García: "Nadie está exento de corrupción, pero hemos actuado con contundencia y respondiendo a todo lo que se nos está pidiendo".

Sobre la condena al ex fiscal general del Estado, Mínguez cree que "es muy grave" que solo se haya conocido el fallo pero no los motivos:" Es una tristeza, estamos viendo que está ganando la mentira". También critica que los magistrados del Supremo estuvieran dando un curso en el Colegio de Abogados de Madrid, que ejercía de acusación particular: "La imagen que se está trasladando es una imagen preocupante y es una desolación" y cree que puede afectar a la confianza de la ciudadanía en la justicia. Pese a todo, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE sostiene que "siguen creyendo" en la inocencia de Álvaro García Ortiz.

Mínguez también ha cargado contra el Partido Popular por posicionarse en contra de la senda de estabilidad que se vota en el Congreso de los Diputados y que aumenta el objetivo de déficit para las Comunidades Autónomas: "¿Para qué quieren gobernar si rechazan mejores recursos para que puedan ejercer sus competencias?¿Para qué quieren el poder?". Les afea que "alardeen" de tener el poder político en la mayoría de territorios pero luego "rechazar más recursos".

También pone el foco en sus pactos con Vox y acusa a los populares de "normalizar a la ultraderecha" y sostiene que ya no se puede diferenciar a los dos partidos: "Las propuestas de Feijóo no se diferencian de cuando hablamos de Vox". Un ejemplo es la Comunitat Valenciana, ya que la formación de ultraderecha es necesaria para la investidura de Juanfran Pérez Llorca. Ante la continuidad del PP en la Generalitat, Mínguez lo califica de "tristeza" y reclama elecciones. Apunta a las informaciones que siguen conociéndose sobre lo que hizo Carlos Mazón el día de la dana: "Es insoportable, las noticias que se han tapado, han hecho desaparecer pruebas".

Àgueda Micó, diputada de Compromís en el Congreso, carga nuevamente contra Carlos Mazón por su papel durante la tarde de la dana. "Mazón niega toda responsabilidad desde el minuto cero porque se está protegiendo judicialmente. Lo único que le pedimos es que deje el acta de diputado y vaya a Catarroja a contarle la verdad a la jueza". A tenor de la información de los últimos horas sobre el reservado del Ventorro, la factura de la comida y la salida del párking del vehículo de Maribel Vilaplana, Micó subraya que la periodista "nos ha decepcionado a todas. Hubiera ayudado siendo sincera en sus declaraciones para esclarecer la verdad".

Preguntada por la negativa de Compromís a apoyar la senda del déficit y unos eventuales Presupuestos Generales, ha remarcado que su formación está dispuesta a negociar "siempre que se repare la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y se respete nuestro proyecto valencianista". Sobre el papel de la vicepresidenta primera María Jesús Montero, Micó insta a la ministra de Hacienda "a negociar con todo el mundo para no darle argumentos al PP para que haga recortes".

En cuanto al nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, valoran positivamente su designación, y apunta "a un caso clarísimo de lawfare y a una vulneración de la tutela jurídica" sobre el cese de Álvaro García Ortiz.

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, valora positivamente el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, por su faceta feminista y comprometida, si bien insta al PSOE a hacer frente "a diez años de golpismo judicial y hacer justicia feminista", y confía en que este nombramiento no sea "un acantilado de cristal".

Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Montero ha apuntado que "el feminismo salva vidas", y que la única forma de que lo logre es "aplicar las políticas feministas, como la ley de 'sólo sí es sí' o los fondos presupuestados para estas políticas, no recortarlas como hace el PP cuando gobierna".

Preguntada por la abstención de su formación en la votación de la senda de déficit, la responsable morada ha subrayado que "las buenas cifras macroeconómicas están bien, pero un país es la economía de sus familias", y que si las cuentas generales no contribuyen a mejorar aspectos como la vivienda, la compra o la energía, "no se garantizan vidas dignas y precios justos".

El Gobierno propone una subida del sueldo de los funcionarios de un 11% de manera acumulada hasta el año 2028, lo que implicaría un gasto público de 22.000 millones de euros. ¿A quién afectaría? En total, a 3,5 millones de trabajadores, entre ellos personal sanitario, de las fuerzas de seguridad, funcionarios de justicia o profesores, ya que las condiciones negociadas a nivel estatal son de obligado cumplimiento para administraciones autonómicas o locales.

El último acuerdo salarial expiró a finales de 2024. UGT respalda la oferta actual, aunque piden aumentar el límite de incremento del 4% en los dos primeros años incluido en la propuesta del Gobierno. Por su parte, CSIF ve insuficiente la propuesta y advierte de que los funcionarios han perdido un 20% del poder adquisitivo en 15 años.

Foto: Carlos Luján / Europa Press