Quién es quién en el banquillo del caso de los ERE: Chaves, Griñán y otros 20 ex altos cargos de la Junta

Hasta 22 ex altos cargos socialistas de la Junta se sientan en el banquillo
Ya han declarado Francisco Javier Guerrero y Juan Manuel Chaves, entre otros
El fiscal pide hasta 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricar y malversar
Las claves del juicio de la llamada pieza política del caso de los ERE fraudulentos

16.04.2018 14:30 horas

Por ANA MARTÍN PLAZA

Los 22 encausados sentados en el banquillo del juicio de los ERE

El que fuera presidente del Gobierno andaluz socialista durante 19 años, Manuel Chaves, ha declarado este lunes por primera vez en el juicio de la pieza política de los ERE que arrancó el pasado 12 de febrero, acusado de un delito de prevaricación por el que se enfrenta a diez años de inhabilitación. En total son 22 los ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía que se se sientan en el banquillo, entre ellos, el expresidente José Antonio Griñán. El primero en declarar fue el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Están acusados de crear y mantener durante más de una década (2000-2011) un sistema supuestamente ilegal para el reparto de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió presuntamente el "reparto discrecional" y "arbitrario" de dinero público. Las partidas presupuestarias que se destinaron a este fin ascienden a más de 854,8 millones de euros, según concluyó el juez.

Para este reparto, según la instrucción, la Junta usaba el instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrrollo de Andalucía) al que se le inyectaba dinero desde el programa presupuestario 31L, denominado "fondo de reptiles" por el propio Guerrero, mediante transferencias de financiación.

La Fiscalía pide penas de hasta 8 años de prisión y 30 de inhabilitación para cargo público por presunta prevaricación y malversación para alguno de ellos. Estos son los 22 encausados en la llamada pieza política de los ERE:

1. Manuel Chaves, expresidente de Andalucía

Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía *EFE*

Manuel Chaves presidió la Junta de Andalucía durante 19 años (1990-2009), fue presidente del PSOE (2000-2012), y ministro con Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. Dimitió como diputado del Congreso en junio de 2015 después de que el Tribunal Supremo confirmara la existencia de indicios de prevaricación en el caso de los ERE. La Fiscalía pide para él 10 años de inhabilitación por este presunto delito.

Según el juez instructor, como presidente de la Junta, Chaves "impulsó la implantación" del procedimiento de distribución de ayudas y subvenciones "con conocimiento" de que "era irregular" y aprobó para ello los proyectos de presupuestos (2002-2009) que incluían las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia el IFA-IDEA y las modificaciones presupuestarias necesarias.

"El señor Chaves asumió la eventualidad de que los fondos vinculados a este procedimiento fuesen objeto de disposición discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados, eludiendo la fiscalización previa de la Intervención General de la Junta de Andalucía", con ausencia de convocatoria pública y falta de control posterior del destino dado a la subvención, según el auto de procesamiento.

Tanto en su declaración ante el Supremo como en la lectura de su escrito de defensa por parte de su abogado, Chaves ha insistido en que desconocía las irregularidades investigadas. Sin embargo, el instructor cree que "concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciaramente que conocía la ilicitud del sistema que estaba instaurando y, por tanto, que no debe admitirse su aducida ignorancia". Además, el juez apunta a la existencia de varios informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía que alertaban de las irregularidades.

En su declaración, el 16 de abril, Chaves ha afirmado que como presidente de la Junta "conocía" que se daban ayudas sociolaborales pero no "cómo" se hacía.

2. José Antonio Griñán, expresidente y exconsejero de Economía

José Antonio Griñán, expresidente y exconsejero de Economía y Hacienda *EFE*

José Antonio Griñán está encausado como exconsejero andaluz de Economía y Hacienda (2004-2009) y como expresidente de la Junta (2009-2013). Dimitió como máximo responsable del Gobierno andaluz en agosto de 2013 para preservar la Junta, dijo entonces, de la "erosión" que estaba provocando la investigación del caso de los ERE y dejó su escaño de senador por designación autonómica en junio de 2015 antes de que el Supremo confirmara su imputación. La Fiscalía pide para él 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

El juez señala que, como consejero de Economía y Hacienda, Griñán mantuvo el procedimiento para la distribución de las ayudas sociolaborales sin control a pesar de tener conocimiento de que era "irregular" y asumió la "eventualidad" de que los fondos se iban a repartir de forma "discrecional" y "arbitraria".

Durante su comparecencia ante el Supremo en la fase de instrucción, Griñán reconoció que "hubo un gran fraude" en la Junta de Andalucía pero rechazó que hubiera "un gran plan" para ello y negó que tuviera conocimiento de los informes de la Intervención General de la comunidad autónoma alertando de las irregularidades.

Sin embargo, el juez instructor sostiene que "no podía mantenerse ajeno a la marcha del sistema instaurado en el año 2000" porque como consejero le correspondía el control de la redacción de los presupuestos de la comunidad y en esa condición "tenía el superior control de todo lo referente a las modificaciones presupuestarias" necesarias para transferir al IFA-IDEA los fondos que luego presuntamente se malversaron.

En su declaración durante el juicio, Griñán negó conocer "exactamente" el programa de las ayudas sociolaborales investigadas y volvió a insistir en que no recibió ninguno de los informes del interventor sobre lo "inadecuado" del sistema usado.

3. Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia

Gaspar Zarrías se sienta en el banquillo como exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía (1996-2009). El juez instructor concluyó que como responsable del gobierno autonómico "impulsó" y mantuvo el procedimiento específico a pesar de conocer que era irregular. El 29 de junio de 2015 dejó su acta de diputado en el Congreso y se dio de baja como militante en el PSOE en 1 de julio de 2016. La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación por presunta prevaricación.

En el auto con el que se puso fin a la investigación, el magistrado sostiene que Zarrías, "como responsable de los denominados "consejillos" tuvo conocimiento del convenio marco de 2001", por el que se decidió que el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, se hiciera cargo de las subvenciones a pesar de no tener competencias para ello. En estas sesiones de la Comisión General de Viceconsejeros, también supo de los distintos intentos de superar los "defectos" del sistema, a pesar de lo cual "no adoptó medida alguna para la modificación del régimen".

El juez señala que hay constancia de que Zarrías, como consejero de Presidencia, "tenía información de primera mano de los problemas económicos que afectaban a la región y (...) no es concebible que se mantuviese ajeno a los mecanismos de los que se valía la administración autonómica para afrontar tales retos". En el auto, el instructor añade además que "se interesó en algunas ayudas".

En su declaración ante el Supremo, Zarrías defendió que las modificaciones presupuestarias del programa 31L que llegaron a los 'consejillos' contaban con el visto bueno del interventor de la Junta de Andalucía y que él "nunca" elevó ningún tema al Consejo de Gobierno "que no estuviera ajustado a derecho".

En su declaración durante el juicio, el exconsejero de Presidencia defendió que "había regulación y normativa" para la concesión de las ayudas de los ERE.

4. José Antonio Viera, exconsejero de Empleo

José Antonio Viera se sienta en el banquillo como exconsejero de Empleo (2000-2004) y presidente del IFA-IDEA (2003-2004). El juez cree que José Antonio Viera "impulsó de manera directa" el procedimiento para conceder las ayudas. Cuando el Supremo confirmó su imputación en 2015 abandonó el PSOE pero conservó su acta de diputado. La Fiscalía pide para él 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por presunta prevaricación y malversación.

El instructor se basó para procesarle en la declaración de su entonces número dos, Antonio Fernández, quien aseguró que fue Viera el que propuso la firma del convenio marco de 2001 y el que "decidía sobre la concesión de ayudas de cuantía elevada". El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero declaró en la misma línea que Viera "impartía instrucciones sobre la concesión de ayudas y la forma de fijar la cuantía de las mismas".

Permitió que el IFA-IDEA se empleara como "caja pagadora de subvenciones y ayudas a sabiendas de que no podía obrar como tal" y omitió su deber de trasladar al Consejo Rector del instituto los informes de control financiero en los que "se planteaban las irregularidades que afectaban a las subvenciones".

En su declaración ante el Tribunal Supremo negó haber urdido la trama de ayudas irregulares y sostuvo que él se limitaba a firmar lo que le pasaban sus subordinados porque su profesión era la de maestro y carecía de "formación jurídica".

5. Antonio Fernández, exviceconsejero y exconsejero de Empleo

Antonio Fernández, que estuvo en prisión preventiva por el caso de los ERE, se sienta en el banquillo como exviceconsejero de Empleo (2000-2004), exconsejero de Empleo (2004-2010) y expresidente de IFA-IDEA (2001-2003). Este exdirigente andaluz reconoció en sus declaraciones que "inició el impulso de este procedimiento firmando el convenio marco de 2001" como máximo responsable de IFA-IDEA con Viera y Guerrero y que "tenía un total conocimiento del método de determinación de ayudas y beneficiarios".

La Fiscalía Anticorrupción pide para Fernández la misma pena que para José Antonio Viera y para Francisco Javier Guerrero: 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación.

En el auto con el que puso fin a la instrucción, el juez señala que "el señor Fernández era plenamente consciente de todas las características del sistema que se estaba instaurando, en la medida en que se hacía en el área de su consejería y con el fin de superar los límites que implicaban el régimen ordinario de concesión de ayudas excepcionales concedidas por ella". Ya como consejero tuvo acceso al informe del despacho Garrigues del año 2009, que "abundaba en los defectos e irregularidades del procedimiento específico".

La juez Mercedes Alaya, que inició la investigación sobre los ERE, decretó prisión provisional incondicional para Antonio Fernández en abril de 2012 como artífice del sistema de ayudas ilegales. A los cuatro meses salió en libertad tras abonar 450.000 euros de fianza que le impuso posteriormente la instructora.

Durante el juicio, Antonio Fernández descargó toda la responsabilidad sobre la gestión de las ayudas en el ex director general de Trabajo Javier Guerrero.

6. Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo

Agustín Barberá fue el número dos en Empleo con Antonio Fernández como consejero (2004-2010). El instructor le acusa de "impulsar de manera directa" el procedimiento de las ayudas sabiendo que estas no tenían las "mínimas y elementales garantías". El Fiscal pide para él 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

El instructor subraya que el conocimiento de Barberá era tal que "consta su visto bueno en numerosas órdenes de pago dirigidas al IFA-IDEA referentes a esta ayudas" y que para solventar los problemas que estaba provocando el desfase existente entre los compromisos asumidos por el instituto y las transferencias efectivas "asumió la cobertura de este desfase por cuenta de la Consejería".

Ante la comisión de investigación del parlamento, Barberá negó la existencia de un "fondo de reptiles".

7. Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo

Francisco Javier Guerrero, director general de Trabajo de Andalucía entre 1999 y 2008, se sienta en el banquillo como "responsable directo", de la concesión de las ayudas y subvenciones investigadas. El instructor concluyó que Guerrero, "asumiendo e impulsando el desarrollo del sistema ideado, promovió de manera directa" el procedimiento que no contaba con "las mínimas y elementales garantías" para el reparto de este dinero público del "fondo de reptiles", como él mismo denominó a la partida presupuestaria 31L. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Según la instrucción, Guerrero asumió la potestad de otorgar las ayudas aunque legalmente no tenía competencias para ello con el convenio marco de 2001 que firmaron José Antonio Viera como consejero de Empleo y Antonio Fernández como presidente de IFA-IDEA. El juez concluyó que concedió 270 subvenciones a empresas y 617 ayudas sociolaborales con "total falta de control". Guerrero dispuso así de estos fondos "de manera discrecional, si no arbitraria, e, incluso, con fines ajenos a los intereses generales a los que estaban destinados".

La juez Mercedes Alaya, la primera instructora del caso de los ERE, decretó prisión provisional para Guerrero en dos ocasiones. Ingresó en la cárcel por primera vez en marzo de 2012 y salió siete meses después tras pagar una fianza de 50.000 euros y, por segunda vez, en marzo de 2013 por riesgo de fuga. Salió tres meses después tras levantarse el secreto de sumario sobre la pieza de las sobrecomisiones.

Aunque no es objeto de este juicio, Guerrero también incluyó presuntamente a numerosos "intrusos" en los ERE, como a su suegra o vecinos de El Pedroso, el pueblo del que fue alcalde, y se habría beneficiado también de parte de las sobrecomisiones que pactaba con las consultoras que tramitaban estos expedientes de regulación de empleo.

El pasado mes de abril la juez María Bolaños, que sustituyó a Alaya, abrió juicio oral contra Guerrero y su chófer, Juan Francisco Trujillo, por presunta malversación, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y asociación ilícita. Trujillo recibió 1,4 millones en ayudas públicas, parte de las cuales volvieron presuntamente a manos del primero en efectivo, regalos y cocaína. El fiscal pide 14 años de prisión para ellos.

En el juicio, Guerrero negó que hubiera hablado de "fondo de reptiles" y defendió que las ayudas eran "una partida de la Ley de Presupuestos".

8. Juan Márquez Contreras, ex director general de Trabajo

Juan Márquez, ex director general de Trabajo *EFE*

Juan Márquez Contreras sustituyó a Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo en 2008 y ocupó el cargo hasta 2010 con Antonio Fernández como consejero antes de que saltara a la luz el escándalo de los ERE. La Fiscalía pide para él 8 años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

Márquez se sienta en el banquillo por asumir e impulsar el desarrollo del sistema promovido por su predecesor en el cargo conociendo las irregularidades y a pesar de carecer de competencias para otorgar estos fondos públicos. Según el juez, a pesar de ello, concedió 17 subvenciones a empresas y 114 ayuda sociolaborales. "Solo este hecho es suficiente para poner de relieve el alcance de su intervención y el propio conocimiento de lo ilícito del procedimiento instaurado", señala el juez, que subraya que tuvo conocimiento de los informes de la intervención y del que se encargó al despacho Garrigues del año 2009.

Este ex alto cargo reconoció que el control de las ayudas "quizá no fue todo lo diligente que debería" durante su declaración como imputado en julio de 2012 ante la juez Mercedes Alaya, quien le acusó de mantener un procedimiento que permitió un "uso abusivo de fondos públicos regalados a personas próximas a la Junta de Andalucía y el PSOE".

9. Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda

La exministra Magdalena Álvarez se sienta en el banquillo como exconsejera de Economía y Hacienda (1994-2004). Como responsable de las cuentas de Andalucía "instauró el procedimiento" y lo impulsó "proponiendo la realización de modificaciones presupuestarias que se gestionaban o aprobaban en su departamento, adaptándolo en una segunda fase mediante la recepción de este sistema en los proyectos de presupuestos", según el instructor. La Fiscalía pide para ella 10 años de inhabilitación por prevaricación.

El juez que abrió juicio oral contra Álvarez cree que, como en los casos anteriores, "la actuación se llevó a cabo con conocimiento de que el procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones era irregular". En este sentido, destaca que los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía, dirigidos a la Consejería de Hacienda, en los que se señalaban "reparos" a procedimientos de ayudas de los años 1999 y 2000, que fueron el preludio de la instauración del sistema, "difícilmente pudieron dejar de ser conocidos" por ella.

Magdalena Álvarez dimitió como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) después de que la Audiencia de Sevilla confirmara su imputación en los ERE aunque aseguró que no se iba por el procedimiento judicial sino por el "acoso" al que la estaba sometiendo, en su opinión, el PP. La exconsejera ha defendido siempre su inocencia y ha atribuido a la Consejería de Empleo la decisión de usar el llamado "fondo de reptiles" y las transferencias de financiación.

Durante su declaración en el juicio, Álvarez aseguró que no conocía cómo era el procedimiento de concesión de las ayudas, pero que nunca recibió un "reparo" de la intervención.

10. José Salgueiro Carmona, exviceconsejero y exconsejero de Hacienda

José Salgueiro Carmona era el número dos de Magdalena Álvarez en la Consejería de Hacienda. Ocupó el puesto de viceconsejero entre 1990 y 2004 y el cargo de consejero entre febrero y mayo de este último año. La Fiscalía pide para él como para Álvarez y Chaves 10 años de inhabilitación por prevaricación.

El juez le acusa de impulsar de manera directa el procedimiento asumiendo "la eventualidad" de que se iba a disponer de ellos de forma discrecional. Como viceconsejero, dice el instructor, le correspondía el control de la redacción de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que se "manipulaban" para dar cabida a las transferencias de capital. También ve "determinante" su participación en los 'consejillos'.

11. Carmen Martínez Aguayo, exviceconsejera y exconsejera de Hacienda

Carmen Martínez Aguayo era la número dos de José Antonio Griñán en Hacienda cuando él fue consejero (2004-2009) en sustitución de Magdalena Álvarez. Cuando este último fue nombrado presidente de la Junta en 2009 designó a Martínez Aguayo como máxima responsable del departamento hasta 2013. El juez cree que "impulsó" el procedimiento y lo "mantuvo" a pesar de conocer su ilegalidad. La Fiscalía pide la misma pena para ella que para Griñán: 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

"Como miembro del Consejo Rector del IFA-IDEA y teniendo acceso a los informes que se estaban realizando por la Intervención General de la Junta de Andalucía, omitió su deber de informar a dicho consejo, así como el de promover en el seno del mismo las medidas que evitasen el mantenimiento de las irregularidades de las que tenía conocimiento", señala el auto del instructor.

En su declaración como imputada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en abril de 2015 cuando todavía era diputada autonómica, Aguayo aseguró que no se leyó los informes de la intervención que alertaban de las irregularidades porque recibía más de 100 informes al año y que nunca entendieron que hubiera que hacer nada, según Europa Press.

12. Francisco Vallejo, exconsejero de Innovación

Francisco Vallejo está encausado como consejero de Innovación y presidente de IFA-IDEA entre 2004 y 2009. La Fiscalía pide para él 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

El juez señala que como miembro del gobierno andaluz aprobó los proyectos de presupuestos que contenían "de manera inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA" y las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L. Como presidente del instituto, añade el instructor, "asumió la exigua dación de cuentas al Consejo Rector" y "omitió su deber" de trasladar los informes de la intervención sobre las "irregularidades" del procedimiento.

En su declaración ante el juez en febrero de 2016 para pedir el archivo de las actuaciones contra él, Vallejo aseguró que solo había dedicado "diez minutos" en total al método de pago de los ERE. En su comparecencia ante la comisión de investigación del parlamento en agosto de 2012, apuntó a Empleo como responsable y aseguró que desconocía los informes de la intervención.

13. Jesús María Rodríguez Román, exviceconsejero de Innovación

Jesús María Rodríguez Román fue viceconsejero de Innovación entre 2005 y 2010, coincidiendo gran parte de este tiempo con Vallejo como número uno de la Consejería. Rodríguez Román fue, además, vicepresidente de IFA-IDEA entre 2005 y 2008. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

En su condición de viceconsejero, "asumiendo el desarrollo del sistema ideado, impulsó de manera directa el mantenimiento de este procedimiento", según el juez, que señala que como número dos de Innovación informó en los denominados "consejillos" de las modificaciones presupuestarias relativas al programa 31L.

El instructor concluye también que en 2005 tuvo acceso al informe de la intervención sobre el ejercicio de 2003 que alertaba sobre las "deficiencias e irregularidades" del procedimiento.

14. Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta

Manuel Gómez Martínez, ex interventor general de la Junta de Andalucía *EFE*

Manuel Gómez Martínez se sienta en el banquillo como ex interventor general de la Junta de Andalucía entre el año 2000 y 2010. El juez le acusa de no actuar para poner fin al procedimiento a pesar de los informes en los que alertaba de las irregularidades. La Fiscalía pide para él 6 años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

El instructor concluye que, a pesar de que en el año 2005 tuvo conocimiento de que se estaban concediendo subvenciones excepcionales por la Consejería de Empleo a través de transferencias de financiación a la IFA-IDEA de forma irregular, "omitió la adopción de las medidas para impedir que se mantuviese este sistema en los años sucesivos".

El juez señala que "este mero hecho de conocer toda la irregularidad del sistema y omitir las acciones tendentes a ponerle fin es por sí suficiente justificación para mantener el procedimiento penal frente al investigado", pero además informó favorablemente sobre las modificaciones presupuestarias puestas en cuestión. "Estas conductas, omisivas o activas, revisten notable entidad y no cabe entender que el señor Gómez incurriese en ellas sin ser plenamente consciente de su alcance, pues la formación y posición de garante que correspondía al investigado son incompatibles con un posible desconocimiento".

Gómez ha defendido siempre que realizó correctamente la labor de control. En una declaración ante el Tribunal Supremo en abril de 2015, el exinterventor acusó a los máximos responsables de la Junta de "mirar hacia otro lado" durante más de diez años a pesar de que sus informes advertían de "graves deficiencias e irregularidades" en la concesión de subvenciones. Antes, en 2012, remitió una carta al presidente del Parlamento andaluz en el que aseguró que "advirtió hasta 15 veces" de las irregularidades y acusó a Griñán de haber "cebado sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

15. Miguel Ángel Serrano, ex director general de IFA-IDEA

Miguel Ángel Serrano Aguilar, ex director general de IFA-IDEA *EFE*

Miguel Ángel Serrano se sienta en el banquillo en calidad de ex director general de IFA-IDEA, puesto que ocupó entre 2004 y 2008. La Fiscalía Anticorrupción pide para él 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

Según el relato del juez instructor, Serrano suscribió 42 convenios "pese a conocer de las irregularidades de las subvenciones y ayudas sociolaborales que se articulaban a través de ello, por cuanto tuvo acceso" a los informes que alertaban de las ilegalidades.

16. Jacinto Cañete, ex director general de IFA-IDEA

Jacinto Cañete sustituyó a Miguel Ángel Serrano como ex director general de IFA-IDEA en 2008 y ocupó el cargo hasta finales de 2009. La Fiscalía pide la misma pena para él que para su predecesor: 8 años de prisión y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

En este caso, el juez que dictó el auto de apertura de juicio oral contra Cañete subraya que "suscribió 124 convenios pese a conocer las irregularidades" del sistema diseñado por la Junta de Andalucía.

17. Juan Francisco Sánchez, ex secretario general técnico de Empleo

Juan Francisco Sánchez fue secretario general técnico de Empleo (2000-2004), de Innovación (2004-2010) y director de Administración y Finanzas de IFA-IDEA desde 2010 a 2012. El Fiscal pide para él 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

"Su condición de secretario general técnico de Empleo le sitúa en el núcleo de la gestión tendente a tramitar las modificaciones presupuestarias y el propio diseño del presupuesto desde el área de la que era responsable, la de impulso y ejecución de la actividad presupuestaria", señaló el instructor. "Tuvo una responsabilidad inmediata por todas las irregularidades que conducían a la dotación de fondos públicos para el "procedimiento específico" y conoció del cambio que conllevaba este sistema para la tramitación y concesión de ayudas y subvenciones, pese a lo cual continuó participando en su funcionamiento".

18. Javier Aguado Hinojal, ex secretario general de Trabajo y Empleo

Javier Aguado Hinojal fue secretario general de Trabajo (1994-2000) y secretario general técnico de la Consejería de Empleo en sustitución de Juan Francisco Sánchez entre 2004 y 2008. El Fiscal pide también para él 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

"En el año 2000, impulsando la instauración de este sistema, participó en la gestión y tramitación de la modificación presupuestaria" como técnico de Trabajo, después como responsable de Empleo "promovió de manera directa el mantenimiento" del procedimiento, señala el instructor.

19. Lourdes Medina, ex secretaria general Técnico de Empleo

Lourdes Medina sustituyó a Aguado Hinojal como secretaria general técnico de Empleo en 2008 y se mantuvo en el cargo hasta 2012. El Fiscal pide para ella 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación y prevaricación.

El instructor destaca que, aunque en el año 2010 participó en el establecimiento del llamado sistema de encomienda, lo hizo "manteniendo, bajo distinta apariencia, un procedimiento que adolecía de defectos tales como la ausencia de fiscalización previa a la subvención, o del ulterior destino de las mismas" y la omisión del deber de publicación de las subvenciones y de comunicación a la Comisión Europea de su concesión.

20. Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda

Antonio Estepa fue secretario general de Hacienda desde el año 2000 hasta el 2004. Al frente de la Consejería en este periodo estaba Magdalena Álvarez, también procesada. Anticorrupción pide para él 10 años de inhabilitación por prevaricación.

Según el instructor, "tuvo una responsabilidad inmediata por todas las irregularidades que conducían a la dotación de fondos para el "procedimiento específico" y conoció lo ilícito de ello, pese a lo cual continuó participando en su funcionamiento".

21. Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos

Antonio Vicente Lozano fue director general de Presupuestos entre 2002 y 2009 con Magdalena Álvarez de consejera de Hacienda primero y luego con José Antonio Griñán. Anticorrupción pide para él 10 años de inhabilitación por prevaricación.

En su condición de director general y en el desempeño de sus competencias, asegura el juez, "promovió el mantenimiento" del procedimiento específico sabiendo que no se cumplían las garantías mínimas. El magistrado destacó en su momento su "participación directa" en las modificaciones presupuestarias y en la formulación de los presupuestos.

22. Francisco del Río Muñoz, exjefe de Gabinete Jurídico de la Junta

Francisco del Río Muñoz fue jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2008. La Fiscalía pide para él 10 años de inhabilitación por prevaricación.

El juez concluyó que, "como miembro de los denominados 'consejillos', tuvo conocimiento del convenio marco del 2001, de los procesos de modificación presupuestaria" y de los intentos posteriores de acabar con la situación creada. "De este modo tuvo ocasión de conocer las irregularidades que se habían instaurado con el procedimiento específico, en especial dada su cualificación profesional".

Como miembro del Consejo Rector del IFA-IDEA, "no opuso reparo a la firma del convenio de 2001, ni a la de los convenios particulares" y "asumió la exigua dación de cuentas" al respecto, lo que el juez interpreta como "colaboración con el sistema instaurado".