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La que sentará en el banquillo a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, entre otros. La Audiencia de Sevilla ha aceptado la recusación presentada por el PP y Manos Limpias. Admite que existe una apariencia de parcialidad, dado que Izquierdo fue Secretario de Justicia de la Junta entre 2008 y 2014, siendo Chaves y Griñán presidentes.

La juez María Núñez Bolaños ha archivado las fianzas civiles impuestas a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados en la pieza política de los ERE, entre ellos el expresidente socialista de Andalucía José Antonio Griñán, para el que se pedían 4,2 millones de euros. Entre las fianzas de los ERE, la juez que abrió el caso, Mercedes Alaya, impuso 807 millones de euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández; 686 millones al exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero; 490 millones al exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; y 29 millones a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez. La juez toma la decisión de anular las fianzas después de que la Junta de Andalucía, la perjudicada en este caso y que no acusa a nadie, decidiera no reclamar ninguna cantidad hasta después del juicio penal.

En el Parlamento andaluz, los grupos han valorado el dictamen provisional de la comisión de investigación sobre los cursos de formación, que señala a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán responsables políticos del fraude mantenido durante años, y exculpa a la actual presidenta, Susana Díaz.

Los expresidentes andaluces, Chaves y Griñán tendrán que sentarse en el banquillo junto con otros 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellos, estos 6 exconsejeros: José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández. En la investigación de la pieza política de los ERE, este juez, Álvaro Martín, ha acordado la apertura de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación y asociación ilícita.

La Fiscalía pide seis años de cárcel y 30 de inahibilitación para el expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio
Griñán por los supuestos delitos de malversación continuada y prevaricación en el caso de los ERE. A su antecesor, Manuel Chaves, para el que solicita diez años de inhabilitación, solo le acusa de prevaricación.

El alcalde de Móstoles y cabeza de lista del PSOE al Senado por Madrid, David Lucas, afirma que el adversario de su partido es el PP por sus "pésimas políticas" y que no aspiran a pescar votos en otros caladeros. "No aspiramos a ningún río revuelto. Lo que sí entendemos es que en estos momentos hay muchos simpatizantes, muchas personas cercanas a IU que no se sienten identificadas con esta coalición que se va a presentar a las elecciones y que con quien se sienten más identificados son con las propuestas del PSOE", asegura.

En cuanto al procesamiento de los expresidentes andaluces Chaves y Griñán por el caso de los ERE, dice estar convencido de su "inocencia"(03/06/16).

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán recurrirá el auto que le acusa de prevaricación y malversación por el caso de los ERE. La defensa de Griñán considera que el auto judicial se excede en los cargos contemplados hace un año por parte del Tribunal Supremo. Los socialistas confían en su inocencia y el gobierno pide explicaciones.

Manuel Cháves y José Antonio Griñan, procesados por el caso de los ERE, han pedido la baja voluntaria y temporal del partido. El código ético del PSOE establece que a los afiliados que se les abra juicio oral por delitos de corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia. La dirección socialista dice que el gesto les honra y defiende su inocencia y honradez.

Manuel Chaves y José Antonio Griñán se sentarán en el banquillo de los acusados. El juez del caso de los ERE procesa a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía por prevaricación. A Griñán le acusa además de malversación de caudales públicos. En su auto el juez dice que los encausados establecieron o permitieron un procedimiento específico con el objetivo de eludir los controles a la hora de otorgar las ayudas a los ERE. Un procedimiento -dice- "idóneo para amparar actos discrecionales o incluso arbitrarios".