Antonio Fernández, exconsejero andaluz de Empleo encarcelado por los ERE falsos, ha salido esta noche de la cárcel tras pagar los 450.000 euros fijados como fianza por la juez Mercedes Alaya.

Su abogado, Alfonso Martínez del Hoyo, ha informado a Efe de que Fernández salió de la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) a las 22.00 horas de este viernes.

Fernández permanecía en prisión preventiva desde el pasado 24 de abril, imputado por la juez de instrucción 6 de Sevilla como artífice del sistema que presuntamente permitió una década de ayudas sin control ni publicidad.

Aunque la juez Alaya decretó contra él prisión sin fianza, en julio pasado la Audiencia de Sevilla autorizó su salida de la cárcel bajo fianza de 450.000 euros, cantidad que hasta entonces no había podido reunir porque era "inalcanzable y desmesurada para las posibilidades de Fernández y su entorno familiar y de amigos", según dijeron entonces.

Martínez del Hoyo ha insistido este viernes en que esa cantidad se ha alcanzado "gracias a cientos de aportaciones individuales" de sus amigos.

Fernández se encuentra entre las 60 personas imputadas por el caso de los ERE fraudulentos, entre los que hay "intrusos" que nunca trabajaron en las empresas, abogados, mediadores y siete ex altos cargos de la Junta, de los que otro sigue en prisión: el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

Citado en la comisión de investigación

Fernández, que fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010, aseguró en su declaración como imputado que el sistema de ayudas implantado en 2001 "era legal y lo sigue siendo" y defendió su eficacia al ser más operativo para ayudar a trabajadores y empresas.

El exconsejero está citado el próximo 24 de agosto en la comisión de investigación creada por el parlamento andaluz y su abogado había anunciado que no acudiría a declarar si para entonces seguía preso por el daño que a su derecho a la imagen le podría crear "hacer el paseíllo esposado o custodiado por la Policía". Esa era la única razón para no acudir y no un deseo de no colaborar con el parlamento, afirmó entonces su defensor.

En su auto de prisión, la juez acusó a Fernández de haber hecho "dejación absoluta" de sus funciones, generando "enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas" de Andalucía debido al "despilfarro continuado" de los fondos públicos.

De la declaración del exconsejero se deduciría, según la juez, que las ayudas socioeconómicas del programa 31L eran repartidas por la Junta "indiscriminadamente" y no eran de "público conocimiento" para los ciudadanos.

La juez concretó en su auto que durante la etapa de Fernández como viceconsejero y luego como consejero, se concedieron 837 ayudas sociolaborales por 395.463.137,70 euros y 294 ayudas directas a empresas por 82.148.802,78 euros.

Con la excarcelación de Fernández solo quedan en prisión el exdirector general Guerrero, que entró el 9 de marzo en la cárcel Sevilla-1, y su chófer Juan Francisco Trujillo, que lo hizo el 22 de marzo como perceptor de 1,3 millones de euros para empresas inexistentes.