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El Gobierno amplía el plan de pago a proveedores para facturas emitidas hasta mayo de 2013

El Gobierno amplía el plan de pago a proveedores para facturas emitidas hasta mayo de 2013

  • El objetivo final, según el Ejecutivo, es erradicar la morosidad

  • El Gobierno aprueba la factura electrónica, obligatoria en 2014 

  • Luz verde también para el anteproyecto de ley de Emprendedores

  • Ayuntamientos con problemas podrán recibir ayudas a cambio de ajustes

  • El Gobierno aprueba la creación de la Autoridad fiscal independiente

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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la ampliación del plan de pago a proveedores, ligado a la directiva europea de morosidad que obliga el pago de las facturas en 30 días, para liquidar las deudas pendientes a 31 de mayo de 2013 de las comunidades autónomas y entidades locales.
 
El objetivo final, según el Ejecutivo, es erradicar la morosidad en las administraciones públicas y financiar el tercer sector. El acceso al crédito está sujeto a la aprobación de un plan de ajuste o de la actualización del que ya tenga en marcha.
 
Una de las novedades es que por primera vez se incluye el pago de facturas de proveedores de universidades y las transferencias a instituciones sin ánimo de lucro. La prorroga de este plan ya la anunció el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, el pasado mes de abril.

Montoro anuncia un nuevo plan de proveedores ligado a pagos a 30 días

Este viernes también se ha dado el visto bueno al proyecto de ley de emprendedores con un paquete de incentivos fiscales. Ese paquete incluye deducciones por reinvertir los beneficios, exenciones fiscales para el apoyo al emprendedor y el pago del IVA hasta el cobro de la factura.

Otra de las novedades es que más de 500 ayuntamientos con problemas financieros podrán recibir ayudas del Estado a cambio de recortes y ajustes fiscales. Estas ayudas consisten en adelantos de impuestos estatales, así como el fraccionamiento y retraso del pago de las deudas.

Medidas urgentes contra la morosidad

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también ha anunciado en la rueda de prensa que el Consejo de Ministros la aprobación de un anteproyecto de ley para evitar la persistente "morosidad" en las administraciones.

Lo que se hace es establecer la obligatoriedad de publicar los plazos medios de pago a proveedores por parte de todas las administraciones. Esto supone, ha destacado, que todas las administraciones deben tener un plan de tesorería para hacer frente a esos abonos.

Finalmente, la vicepresidenta ha informado de que se ha aprobado un real decreto de medidas urgentes contra la morosidad, por el que se pone a disposición de los ayuntamientos medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez.

Como medida novedosa ha subrayado el que se podrá utilizar para respaldar los planes de ajuste o las deudas con las universidades o los parques tecnológicas. Asimismo, se podrá utilizar para saldar las deudas contraídas con el denominado tercer sector (atención a la dependencia, discapacidad o infancia).   

Por su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha destacado la "transparencia" que implica el plan para combatir la morosidad, con lo que se pretende "aumentar el número de proveedores que vayan con seguridad a ofrecer sus bienes y servicios a las administraciones públicas", con unos tiempos de pago "acortados".

Factura electrónica para acabar "con las que se dejan en cajones"

Otro de los anuncios que ha hecho la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la aprobación de la factura electrónica, con la que se acabará con la práctica de dejar "facturas impagadas en los cajones" y que supondrá un ahorro para la administración y las empresas de casi 32 millones de euros.

Según Sáenz de Santamaría, la implantación de esta factura supondrá un ahorro para la administración general del Estado de 16,9 millones, de más de 15 millones para las empresas que facturan electrónicamente con el Estado y un negocio de 18 millones para el sector que opera en este ámbito.

La factura electrónica será obligatoria a partir del 15 de enero de 2014 y supondrá dotar de mayor transparencia a los pagos del Estado.

Creación de la Autoridad fiscal independiente

El Gobierno también ha aprobado este viernes la creación de la Autoridad fiscal independiente, cuya función será informar sobre los presupuestos, las deudas y las reglas de gasto de todas las administraciones.

El visto bueno se ha dado después de que se hayan recogido las principales observaciones que ha hecho el Consejo de Estado, ha explicado la vicepresidenta del Gobierno. Santamaría ha destacado que se trata de una autoridad "independiente".

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha afirmado que, la próxima vez que se presente el techo de gasto de los Presupuestos generales del Estado, ya vendrá acompañada de los informes preceptivos de dicha nueva autoridad.

Supondrá un avance de credibilidad

Según Montoro, su ámbito de trabajo no solo será el de la administración general del Estado, también se centrará en el resto de administraciones. Por ello, contribuirá a dar credibilidad a los presupuestos y las previsiones macro sobre las que se elaboran. Supondrá un "avance de fiabilidad y credibilidad", ha considerado el titular de Hacienda.

La creación de esta autoridad está recogida en el Plan Nacional de Reformas enviado recientemente a Bruselas y está basada en entidades similares que existen en EE.UU. o en distintos países miembros de la Unión Europea.

Ayudas para 536 ayuntamientos con problemas financieros

Otra de las cosas que ha aprobado el Gobierno es un plan de medidas extraordinarias para 536 entidades locales con problemas financieros, a las que se permitirá la concesión de anticipos en la participación de tributos del Estado por hasta tres años, así como fraccionar deudas con Hacienda y la Seguridad Social.

Entre las medidas aprobadas, que estarán condicionadas por un plan de ajuste, se encuentran además la ampliación del reintegro de las liquidaciones de 2008 y 2009, reducir o suspender temporalmente la retención de la participación de los ingresos del Estado y formalizar operaciones de endeudamiento.

Según la referencia del Consejo, los ayuntamientos con problemas que se acojan a este paquete de ayudas tendrán que reducir gastos de funcionamiento, financiar íntegramente el coste de los servicios públicos con tasas y no podrán aprobar medidas que supongan un descenso de la recaudación ni crear organismos nuevos.

Son medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez

De este modo, el Gobierno ha aprobado un conjunto de medidas "extraordinarias de apoyo a liquidez, de carácter temporal y voluntario" con el objetivo de hacer frente a los problemas económicos y poder cumplir con sus obligaciones fiscales y financieras.

Los municipios que quieran acogerse al plan de ayuda tendrán que haber rendido cuentas y encontrarse en situación de ahorro neto y remanente de tesorería en los dos últimos años, elevada deuda con acreedores públicos y con una deuda generada por más de un millón de euros por préstamos concertados en el mecanismo de pago a proveedores.

Para acogerse a dichas medidas, los consistorios también deberán tener remanente negativo de tesorería para gastos generales de 2009 a 2011 así como una deuda por préstamos concertados en el pago a proveedores superior a un millón de euros.

Este último requisito está condicionado además a otros dos supuestos: que presenten mayor remanente negativo de tesorería para gastos generales en 2012 y remanente de tesorería para gastos generales en ese mismo año descontado del pago a proveedores, y además tengan deudas con acreedores públicos.

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