Las subestaciones, que reparten la electricidad a casas, empresas e instituciones de todo el país, dejaron de funcionar durante las horas del gran apagón del 28 de abril de 2025. ¿Por qué? La investigación ha descartado el sabotaje, pero no da aún una única respuesta. Red Eléctrica y las grandes eléctricas se acusan mutuamente de ser las responsables, y el cruce de acusaciones ha saltado también a la política, donde el PP pide la dimisión de la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.
La gente salió a la calle en tromba el 28 de abril de 2025. Sin luz, sin poder trabajar, sin poder coger el metro, las calles se llenaron de gente que no sabía muy bien qué hacer.
Fueron momentos de caos, pero también en los que los españoles hicieron gala de su solidaridad, ayudando a los vecinos que más lo necesitaban o incluso regulando el tráfico.
El 28 de abril de 2025, España se apagó. Pasadas las 12.30, el país registró un cero energético, el primero de su historia. 36 millones de hogares se quedaron sin luz, dejaron de funcionar los trenes, los metros y los ascensores y los servicios críticos, como los hospitales, comenzaron a funcionar con generadores. Al menos seis personas murieron.
El TD1 ha emitido este martes un programa especial con reportajes, conexiones en directo y contenidos explicativos que abordarán qué pasó, cómo se afrontó la crisis y qué ha cambiado desde entonces.
Un año después, los diversos informes técnicos y las investigaciones coinciden en que el origen fue un problema de tensión. Aquel día, con una alta aportación de renovables, se desestabilizó la red y el sistema no fue capaz de revertir a tiempo las anomalías detectadas. Red Eléctrica siempre ha defendido que cumplió con la normativa técnica y de seguridad antes, durante y después del apagón, frente a las eléctricas que sostienen que el funcionamiento de sus centrales fue correcto.
Beatriz Corredor ha asegurado que el informe del panel europeo "aclara completamente qué pasó" con el apagón en nuestro país, del que se cumple un año, y ha defendido que el sistema eléctrico "está totalmente seguro si todo el mundo cumple con sus obligaciones". La presidenta de Redeia ha subrayado que Red Eléctrica actúa como "el cerebro y la columna vertebral del sistema", pero ha recalcado que "la seguridad del sistema depende de que todo el mundo cumpla sus obligaciones", y que su función es operar en tiempo real, mientras que "la supervisión le corresponde al regulador".
Sobre las causas, Corredor ha afirmado que el panel de expertos europeos ha concluido que "la razón fue una causa multifactorial" iniciada por "un comportamiento irregular de una planta, que provocó una oscilación". A partir de ahí, ha señalado que "se desconectaron cuando no debían" varias instalaciones y que "muchas de las plantas no cumplieron con el control de tensión", una obligación vigente desde 2000, ha añadido, insistiendo en que "Red Eléctrica no falló".
La presidenta de Redeia ha defendido que las medidas posteriores refuerzan el sistema, con nuevas obligaciones, incentivos y sanciones para las plantas, y ha cifrado el impacto económico en que "lo que suponen para cada consumidor son unos 4 céntimos al día". También ha criticado a algunas compañías eléctricas y ha señalado que "la agresividad que estos directivos han tenido contra nosotros no la entiendo", asegurando que "por culpa de esa agresividad, las relaciones personales son inexistentes a día de hoy".
Beatriz Corredor ha asegurado que el informe del panel europeo "aclara completamente qué pasó" con el apagón en nuestro país, del que se cumple un año, y ha defendido que el sistema eléctrico "está totalmente seguro si todo el mundo cumple con sus obligaciones". La presidenta de Redeia ha subrayado que Red Eléctrica actúa como "el cerebro y la columna vertebral del sistema", pero ha recalcado que "la seguridad del sistema depende de que todo el mundo cumpla sus obligaciones", y que su función es operar en tiempo real, mientras que "la supervisión le corresponde al regulador".
Sobre las causas, Corredor ha afirmado que el panel de expertos europeos ha concluido que "la razón fue una causa multifactorial" iniciada por "un comportamiento irregular de una planta, que provocó una oscilación". A partir de ahí, ha señalado que "se desconectaron cuando no debían" varias instalaciones y que "muchas de las plantas no cumplieron con el control de tensión", una obligación vigente desde 2000, ha añadido, insistiendo en que "Red Eléctrica no falló".
La presidenta de Redeia ha defendido que las medidas posteriores refuerzan el sistema, con nuevas obligaciones, incentivos y sanciones para las plantas, y ha cifrado el impacto económico en que "lo que suponen para cada consumidor son unos 4 céntimos al día". También ha criticado a algunas compañías eléctricas y ha señalado que "la agresividad que estos directivos han tenido contra nosotros no la entiendo", asegurando que "por culpa de esa agresividad, las relaciones personales son inexistentes a día de hoy".
España tiene sol, viento y agua. Son sus recursos renovables. Una ventaja competitiva para el país que ha sabido aprovechar desde hace tres décadas y que ofrece independencia y garantía de suministro.
Gracias a las energías renovables, España ahorró 15.000 millones de euros en 2025 en importar petróleo o gas para generar energía.
El sector emplea a 130.000 trabajadores. Las empresas españolas líderes en renovables son potencia mundial en eólica y solar.
El reto ahora es aumentar la electrificación y, sobre todo, el almacenamiento de la energía a través de baterías y centrales hidroeléctricas de bombeo para poder integrar todas esas renovables en el sistema.
El precio de la electricidad se ha desplomado este mes de febrero: es un 85% más barata que hace un año. El precio medio en el mercado mayorista no llega a los 17 euros el megavatio/hora, el segundo más bajo de la historia. El motivo está en las borrascas que han impulsado la producción hidroeléctrica y eólica.
El gesto cotidiano de pulsar un botón para que los dispositivos enchufados a la corriente funcionen es resultado de 180 años de ingenio, esfuerzo y perseverancia. En España hubo ensayos de iluminación muy puntuales a partir de 1852, pero no fue hasta la década de los setenta, tras la invención de la dinamo de Gramme, cuando el prodigio empezó a extenderse a gran escala. Es llamativo el entusiasmo con que nuestro país se subió al carro del electrón, al mismo nivel que las naciones europeas más avanzadas en la Segunda Revolución Industrial. Pronto se comenzaron a explotar los saltos de agua: Hidroeléctrica Ibérica e Hidroeléctrica Española surgen a comienzos del siglo XX. Poco después se empiezan a levantar grandes presas, como las controladas por la sociedad Saltos del Duero. La República diseña un ambicioso Plan Nacional de Obras Hidráulicas que, pantano a pantano, será ejecutado durante el franquismo.
1944 es un año clave por el nacimiento de Iberduero, fruto de la fusión de las grandes hidroeléctricas, y por la aparición de la pública Endesa. Pese a todo, y contra la tendencia dominante en la Europa de posguerra de nacionalizar el sector eléctrico, el capital privado sigue mandando en España. También cuando entra en juego el actor atómico. La llegada de la democracia y el frenazo en las expectativas de crecimiento del consumo dieron paso a una moratoria nuclear que dejó proyectos a medio construir. Las compensaciones se acabarían trasladando a la factura de los consumidores, incluso más allá de la liberalización del mercado eléctrico en 1997. Dos años más tarde el gobierno sacó a bolsa Red Eléctrica de España, la primera empresa del mundo dedicada en exclusiva al transporte y operación de un sistema nacional.
El cambio de siglo introduce nuevas energías renovables: primero la eólica y, más recientemente, la solar fotovoltaica. Su creciente peso en el mix energético, en línea con las exigencias comunitarias en materia de emisiones, obliga a buscar fórmulas para garantizar la estabilidad del conjunto y evitar apagones como el que sufrió la península ibérica el 28 de abril de 2025.
En este documental, con guion de Álvaro Soto y diseño sonoro de Mayca Aguilera, participan Francisco Cayón, profesor de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid; Mar Rubio-Varas, catedrática de Economía en la Universidad Pública de Navarra; e Isabel Bartolomé, profesora del departamento de Economía e Historia Económica de la Universidad de Sevilla. De analizar el presente y el futuro del sector se encargan Alfredo García Fernández, operador y supervisor de la central nuclear de Ascó; Antonio Turiel, investigador del CSIC y experto en sostenibilidad; Julio Castro, CEO de Iberdrola Energía Sostenible; y José Luis Velasco, autor del libro 'Crónicas eléctricas. Breve y trágica historia del sector eléctrico español'.
Tras el aviso de la saturación de las redes por parte de las grandes eléctricas, el Gobierno ha anunciado una inversión de casi 13.600 millones de euros hasta 2030. El plan pretende multiplicar por catorce la red de alta tensión que gestiona Red Eléctrica.
Las grandes empresas eléctricas alertan de que la red de distribución está saturada en España en más de un 83% y que eso impide que nuevos clientes que se quieren electrificar, como centros de datos o industrias, se conecten a ella. Piden al Gobierno más inversión pública.
"Es como si pensamos por ejemplo en una carretera, pues que hay demasiado tráfico y que hay dificultades para poder dar el servicio que se espera de la red", explica Roberto Gómez Calvet, profesor de la Universidad Europea de Valencia.
No es solo una derrota para el Gobierno, lo es también para las eléctricas y las organizaciones ecologistas.
En un comunicado, la asociación empresarial eólica afirmaba que no había ningún motivo para que no se aprobase y que su contenido era claramente apolítico. Este decreto 'antiapagones' pretendía reforzar la seguridad del suministro y su transparencia, favorecer a las renovables y su almacenamiento. Al no haberse aprobado, se pierden inversiones valoradas en principio en unos 3.000 millones de euros en energía eólica y fotovoltaica, pero podrían llegar a los 200.000 millones.
La gran industria también va a pagar una factura de la luz más cara, entre un 3 y un 12%, porque se pierden bonificaciones.
Las organizaciones ecologistas lamentan que no hayan salido adelante medidas que aceleraban la transición energética e impulsaban del autoconsumo.
De haber salido adelante, la CNMC habría sido la encargada de supervisar cada tres meses la red de tensión y se endurecían las multas a las eléctricas que no la controlasen bien.
Documentos RNE
