Cronología del caso Begoña Gómez: dos años y medio de investigación que se resolverán ante un jurado popular
- El juez Peinado ha abierto juicio oral contra Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación
- También lleva a juicio a la exasesora en la Moncloa Cristina Álvarez, por malversación
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Justo en el día que volvía de vacaciones y a menos de una semana de jubilarse, el juez Juan Carlos Peinado envió este lunes a juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y a su exasesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por este último.
Peinado pone así fin a una investigación que arrancó hace casi dos años y medio a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias y ahora será la Audiencia Provincial de Madrid la que fije la fecha de juicio, algo que se podría prolongar entre cuatro y ocho meses.
Durante todo este tiempo, el magistrado ha achacado y dejado de achacar a Gómez diferentes delitos, ha citado a declarar a ministros o al presidente del Gobierno y ha tenido que reconducir en alguna ocasión una instrucción que ha sido muy cuestionada. A continuación, repasamos cómo ha sido todo el proceso.
Una investigación abierta a raíz de la denuncia de Manos Limpias en abril de 2024
Toda la cronología del caso tiene su origen en una denuncia interpuesta por el sindicato ultraderechista de Manos Limpias. Un documento que se basaba en recortes e informaciones publicadas en medios digitales, y de las cuales algunas eran inexactas, como reconoció el propio secretario general de Manos Limpias, que incluso llegó a decir que la denuncia podía contener noticias falsas. Tras ello, se sumaron a la causa la organización ultracatólica Hazte Oír o el partido Iusticia Europa.
Pocos días después llegó uno de los momentos más recordados del caso y de esta legislatura que poco a poco se va acercando a su fin: los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez y su carta a la ciudadanía tras conocer la apertura de la investigación a su mujer.
Junio de 2024, imputada Begoña Gómez
Dos meses después de la apertura de la investigación, Peinado imputó a Begoña Gómez por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias. Bajo sospecha, un software y una cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. En julio de ese año, Gómez se acogió a su derecho a no declarar y al poco, Peinado citó como testigo al presidente del Gobierno en la Moncloa. Sánchez despachó rápidamente la citación al acogerse a su derecho a no declarar al ser el marido de la investigada, pero el juez llegó a afirmar que podían sacarse "conclusiones" de su silencio. Horas después de la comparecencia, la Abogacía del Estado, en representación de Presidencia del Gobierno, presentó una querella por prevaricación al no haber permitido a Sánchez declarar por escrito, que se sumaron a las otras dos interpuestas contra el magistrado a lo largo del proceso por su labor durante la instrucción.
Por el camino, el magistrado también había imputado al empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de unos contratos sobre los que Peinado ponía el foco. En junio y julio de ese año, la propia UCO descartó en sus informes la apreciación de los delitos que imputaba el juez a la mujer del presidente del Gobierno.
Sin embargo, a la vuelta del parón judicial de verano, Peinado decidió dar un paso más y le imputó dos nuevos delitos: intrusismo y apropiación indebida por el desarrollo del software de la Complutense que dirigía la mujer de Sánchez.
Abril de 2025, un año de investigación y Peinado vuelve a la Moncloa
Cuando el caso ya llevaba un año ocupando el debate político, judicial y mediático, Peinado siguió su instrucción. Si en el verano de 2024 fue a la Moncloa para tomar declaración a Sánchez, ahora fue para el mismo fin pero con el ministro de Justicia Félix Bolaños. Le tomó declaración como testigo por la contratación de la exasesora de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez. Tras tres horas, Bolaños aseguró que él no participó en ese nombramiento, ni fue su jefe, pero que dicha contratación se hizo conforme a la ley.
A raíz de esta declaración, un mes después, el magistrado sumó una nueva imputación en el caso. Se trataba del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por un delito de malversación de caudales públicos en la contratación de la asesora de la Moncloa. Peinado acusó a Aguirre de ser el "responsable y superior jerárquico" de Álvarez en la Moncloa. Durante su declaración como investigado, el delegado del Gobierno aseguró ante el juez que él llegó al puesto en 2021, una fecha posterior a la contratación de Álvarez en 2018 y apunta a Bolaños como responsable.
Junio de 2025, Peinado pide investigar a Bolaños, pero el Supremo se niega
Tras estas declaraciones, Peinado quiso investigar por "falso testimonio" y malversación a Bolaños en la contratación de la asesora de la Moncloa. Para ello, envió en junio de 2025 un escrito al Tribunal Supremo para que investigara al ministro, porque al ser aforado solo puede ser juzgado por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.
Sin embargo, tras leer la exposición del magistrado, el Supremo rechazó la petición alegando que había una "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación de la persona aforada" en los hechos, por lo que archivaba la causa.
Agosto de 2025, el juez imputa malversación a Gómez
A pesar de todo, el magistrado siguió insistiendo en la rama de la contratación de la exasesora de la Moncloa y Peinado acordó imputar en agosto de 2025 a Gómez y a Álvarez por malversación de caudales públicos en la contratación de Álvarez.
En el marco de esta causa, el instructor mantiene vigente por entonces cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor del grupo Barrabés, la gestión de Gómez en la cátedra y los dos másteres que codirigía en la Complutense, la presunta apropiación indebida por parte de la mujer de Sánchez del software de dicha cátedra; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez.
Septiembre de 2025, el magistrado propone juzgarla con un jurado popular
Año y medio después del inicio de la investigación, Peinado propuso enviar a juicio ante un jurado popular a Gómez por malversación de caudales públicos por el nombramiento de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez. También propuso lo mismo para Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid.
Un mes después, hizo lo mismo pero con los delitos de tráfico de influencias, intrusismo, corrupción en los negocios y apropiación indebida.
Abril de 2026: Peinado compara a Sánchez con el absolutismo de Fernando VII
Y justo cuando se cumplen dos años de caso Begoña Gómez y a las puertas de su jubilación, Peinado termina con la instrucción, aunque había varios recursos pendientes en la Audiencia Provincial y propone juzgar a la mujer de Sánchez por cuatro delitos: malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. Finalmente, deja fuera el delito de intrusismo.
En su exposición de motivos, el juez aseguró que había encontrado indicios suficientes para procesar a Gómez por tráfico de influencias y que no había visto un supuesto similar en democracia hasta remontarse a la época de Fernando VII con el absolutismo. "Pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado, lo que obliga a tratar de analizar (quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII) este tipo desde la perspectiva de una interpretación teleológica y hermenéutica de los citados artículos 428 y 429 del Código Penal", afirmó.
Además, mantuvo que desde que Sánchez llegó al Gobierno "se tomaron determinadas decisiones públicas" favorables a Gómez y a su proyecto "que pudieron obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional". Es decir, que su sola condición de "esposa de" pudo servir para influir.
Peinado abre juicio oral y le retira el pasaporte a las puertas del verano
Uno de los puntos álgidos del caso llegó en junio de este año, cuando el magistrado decidió abrir juicio oral y le retiro el pasaporte como medida cautelar. En su escrito de medidas, llegó a apuntar a que la escolta de la mujer de Sánchez podría ayudar a huir a Gómez, una afirmación que levantó una fuerte crítica también entre sindicatos policiales.
Julio de 2026: la acusación se queda sola
Tanto Begoña Gómez como su asesora recurrieron la decisión a la Audiencia Provincial, quien en julio confirmó su procesamiento. Sin embargo, el tribunal solo consideró que se les debe de juzgar por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación y ordenó devolver el pasaporte a la mujer del presidente.
El juez Peinado rehízo su escrito y volvió a cerrar la instrucción y las partes a pronunciarse. La Fiscalía rechazó realizar peticiones de cárcel y reclamó su absolución al no apreciar delito alguno de los que Peinado le imputaba. Mientras que la acusación popular, liderada por Hazte Oír, solicitó trece años de prisión.
Septiembre de 2026: Peinado abre juicio
Y este lunes, dos años y medio después, Peinado ha abierto definitivamente juicio oral contra Gómez, por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. También ha dictado apertura de juicio oral contra su asesora, Cristina Álvarez, por el presunto delito de malversación relacionado, exclusivamente, por el desvío del software en concepto de "cooperación necesaria".
