Las crisis de Ceuta o la investigación a Zapatero, telones de fondo de la apertura de un año judicial candente
- El enfrentamiento entre el Gobierno y CGPJ a cuenta de la crisis migratoria marcan la cita, presidida por el rey
- Teresa Peramato ofrecerá su primer discurso como fiscal general en una apertura de año judicial
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Tras un verano en el que la tensión política ha estado en consonancia con las tórridas temperaturas, la apertura del año judicial señala el inicio de un otoño que seguirá igual de caldeado. La crisis migratoria en Ceuta, origen de la última disputa entre el Ejecutivo y el Consejo General del Poder Judicial, marcará este curso en los tribunales. También el desarrollo de diversas causas judiciales que afectan a PSOE y PP y que seguirán acaparando titulares.
Una de las novedades de este jueves será el discurso de Teresa Peramato inaugurando el año judicial por primera vez como fiscal General del Estado. Peramato accedió al cargo en diciembre de 2025, después de que el anterior fiscal feneral, Álvaro García Ortiz, fuese condenado por revelación de secretos.
Precisamente en repulsa por la presencia de García Ortiz en este acto solemne, presidido por el rey, el líder del PP se ausentó hace un año de esta cita, una de las más tensas que se recuerdan. Este jueves se espera que el jefe de la oposición acuda a la convocatoria en el Tribunal Supremo, para escuchar el informe de Peramato y también el discurso de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial.
La cita, que se celebra cada mes de septiembre, llega después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional haya reclamado la competencia para investigar la llegada masiva de inmigrantes y tras la defensa del órgano de gobierno de los jueces de la magistrada María Tardón de las quejas de Marlaska.
El enfrentamiento entre el Gobierno y el CGPJ
Los pasados 30 y 31 de julio en torno a 70.000 inmigrantes cruzaron de forma irregular la frontera entre Ceuta y Marruecos. Aunque el Gobierno defendió que ningún servicio de inteligencia anticipó lo que iba a suceder y Pedro Sánchez aseguró que no había evidencias de que el país vecino estuviera detrás de la “avalancha” de inmigrantes, horas antes de la comparecencia del presidente en el Congreso se dio a conocer un informe que señalaba a Marruecos en la planificación de la entrada masiva.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, solicitó detalles a la Policía y se quejó, ante el Consejo General del Poder Judicial, de la actuación de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que había reclamado a los mandos policiales no compartir ese informe sobre Ceuta. Precisamente este miércoles el Gobierno ha desclasificado 40 informes que señalan las advertencias del CNI al Gobierno y a Marruecos de un "asalto" por mar y tierra.
Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, se hizo cargo de la gravedad de la situación, pero respaldó a la magistrada de la Audiencia Nacional: "Estoy, como no puede ser de otra manera, plenamente de acuerdo contigo en tus apreciaciones sobre la gravedad y el carácter extraordinario de la crisis que estamos enfrentando, así como en que la actuación de la magistrada responde al ejercicio de sus funciones constitucionales, por las que todos debemos mostrar el máximo respeto", respondió al ministro.
Lejos de rebajarse, la tensión entre el Ejecutivo y los órganos judiciales ha seguido creciendo en las jornadas posteriores, hasta el punto de que el Gobierno y el PSOE han puesto en duda la imparcialidad de la magistrada Tardón, que asumirá la investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta con posibles delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal.
La oposición en el Congreso afeó al Ejecutivo las críticas a la jueza, que calificó de "intolerables". Y Podemos aseguró que "lo preocupante es que solo critique a los jueces cuando le golpean a ellos".
La investigación de Plus Ultra, Leire y el caso Koldo
Durante el curso judicial que comienza, el caso Plus Ultra seguirá acaparando portadas. Se investiga el rescate de la aerolínea con 53 millones de euros de dinero público y la presunta implicación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien el juez Calama acusa de haber cobrado comisiones por llevarlo a cabo. Zapatero está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
Precisamente esta semana han comenzado las declaraciones de los implicados en la supuesta trama, y el expresidente de la compañía, Julio Martínez Sola, se ha ratificado en el escrito presentado hace dos meses sobre la mediación de Zapatero en el rescate. También el exCEO de la compañía, Roberto Roselli, ha asegurado que se pagó medio millón de euros al socio de Zapatero por esas gestiones del expresidente, aunque reconoció que él no llegó a hablar con el exlíder socialista.
No será el único caso que afecte al PSOE, ya que también continuarán durante las próximas semanas las declaraciones de los investigados en el caso Leire, sobre presuntas maniobras para boicotear causas judiciales que afectaban al Partido Socialista. Y quedan pendientes de investigación piezas del caso Koldo, que instruye en la Audiencia Nacional el juez Ismael Moreno.
Además, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, afrontará en una fecha aún por determinar un juicio con jurado. Junto a su asesora, Cristina Álvarez, está acusada de los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
El juicio a González Amador y la sentencia de Kitchen
Al otro lado del espectro político también estarán, durante las próximas semanas, pendientes de los casos judiciales que afectan al PP. Con la mirada puesta en la Audiencia Nacional, donde se espera la resolución del caso Kitchen, sobre la presunta utilización de fondos públicos, en la época de Mariano Rajoy, para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Entre los acusados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su ex número 2, Francisco Martínez, para quienes se piden 15 años de prisión. El juicio quedó visto para sentencia a finales del pasado mes de julio.
También continuará la investigación del caso de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, a quien se investiga por delitos fiscales. Es precisamente el caso que provocó la caída del anterior fiscal general del Estado, condenado por filtrar un email donde González Amador reconocía esos ilícitos.
Y esta misma semana ha comenzado el primer juicio del caso Lezo, diez años después de que empezara a investigase la presunta trama relacionada con el Canal de Isabel II y con ex altos cargos populares de la Comunidad de Madrid. El expresidente madrileño, Ignacio González, llegó a estar en prisión preventiva, aunque la parte que se juzga ahora no le afecta.
Además, el Tribunal Constitucional estudiará los recursos de amparo presentados por dirigentes del "procés" contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la ley de amnistía, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la medida y el Supremo habrá de decidir la llamada "ley de nietos" cuya aplicación suspendido de forma cautelar.
