Perelló califica de "extrema gravedad" acusar a los jueces de adoptar "decisiones por razones políticas y no jurídicas"
- La presidenta del CGPJ advierte de que "cada vez que se ataca a un juez, se ataca al estado de Derecho"
- La fiscal general del Estado pide "el retorno a una situación de plena seguridad y normalidad" en Ceuta
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La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha calificado este jueves de "extraordinaria gravedad" considerar que "los jueces y tribunales adoptan decisiones por razones políticas y no jurídicas" y, aunque ha admitido que pueda haber "discrepancias" con las decisiones judiciales, ha pedido "respeto a la función jurisdicional".
"Cada vez que se ataca a un juez por una decisión se ataca al estado de Derecho", ha clamado en su discurso en el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, que ha estado presidido por el rey Felipe VI, y en el que también ha estado presente el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Para Perelló, las descalificaciones a los jueces son de una "gravedad mayor" cuando proceden de "quienes ejercen responsabilidades institucionales", en alusión a miembros del Gobierno que han puesto en duda la imparcialidad de los jueces. Y ha advertido de que estas criticias pueden "llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva".
La apertura del año judicial se produce en esta ocasión en medio de la creciente tensión entre el Gobierno y los jueces tras decisiones como la del Supremo que ha suspendido las inscripciones en el censo electoral por la llamada 'ley de nietos', o por la investigación de la crisis migratoria en Ceuta.
De hecho, este mismo jueves en una entrevista en Las Mañanas de RNE, el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha mostrado muy crítico con los jueces que pretenden "hacer política" desde los tribunales.
Defiende la independencia del Poder Judicial y pide "respeto"
Asimismo Perelló ha defendido la "independencia" del Poder Judicial y ha argumentado que los jueces y magistrados toman sus decisiones conforme a derecho, "sin ceder a influencias, presiones ni injerencias de ningún tipo".
También ha considerado que es "insostenible" utilizar la descalificación pública de jueces como "instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción".
La presidenta del CGPJ ha insistido en la importancia del "respeto y la lealtad institucional". "La lealtad institucional constituye un principio estructural del Estado constitucional que exige que cada poder público actúe en el marco de su ámbito constitucional, reconociendo la legitimidad y la función de los demás", ha incidido.
Y ha lamentado que la crítica a resoluciones se conviertan en "descalificaciones" personales a los jueces. En este sentido, ha considerado que cuando esto ocurre se "debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia". "Lo que se pone en tela de juicio cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta. El daño no se limita al juez ni al asunto concreto. Se proyecta sobre toda la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia", ha advertido.
Así, la presidenta del CGPJ ha pedido que cuando se comenten decisiones judiciales se eviten las "críticas que menoscaben la independencia de los tribunales o la confianza pública en la Justicia".
No obstante, ha admitido que "los jueces pueden incurrir en errores en la aplicación del derecho", pero ha recordado que el ordenamiento "asume esa posibilidad y establece un sistema de recursos para revisar las actuaciones judiciales y, en su caso, corregirlas".
Recuerda la crisis de Ceuta, Adamuz y los incendios
La presidenta del CGPJ ha dedicado también unas palabras de agradecimiento a los jueces que han intervenido o intervienen en temas como la crisis migratoria en Ceuta, el accidente ferroviario de Adamuz o los incendios forestales de este verano.
"En una situación tan complicada, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado; y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley", ha garantizado.
Sobre Ceuta, ha señalado que el pueblo de Ceuta "sufre" y ha exigido "una respuesta que preserve la integridad de las fronteras" españolas y "el control ordenado de los accesos, y que asegure, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en el ordenamiento" español.
La fiscal general del Estado también se refiere a Ceuta
Antes que ella, también ha pronunciado su discurso la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, el primero que da en un acto así desde que tomó posesión de su cargo el pasado mes de diciembre, tras la condena de su antecesor.
Tras presentar la Memoria de la Fiscalía, Peramato también ha destacado "la necesidad de preservar el principio de legalidad y el retorno a una situación de plena seguridad y normalidad" en Ceuta y ha considerado que esto no está "en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas".
También ha querido trasladar un mensaje de "reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta", así como ha mostrado su "reconocimiento a las instituciones, entidades, organizaciones sociales y personas voluntarias que, con profesionalidad, humanidad y entrega, contribuyen cada día a dar respuesta a estas difíciles circunstancias".
Y ha destacado "de manera especial" la labor de los fiscales en la ciudad autónoma, "cuya dedicación y compromiso resultan esenciales para garantizar la defensa de la legalidad y la protección de los derechos fundamentales de todas las personas afectadas", en concreto "de los niños, niñas y adolescentes". En este punto, ha explicado que para reforzar la capacidad de respuesta de la Fiscalía de Ceuta, se ha acordado enviar a tres fiscales de la península a la ciudad autónoma, una medida que se hará efectiva "en próximas fechas".
La corrupción, "prioridad" para la Fiscalía General del Estado
Asimismo ha reivindicado la actuación del Ministerio Fiscal contra la corrupción, que, según ha dicho, es "una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía", cuya respuesta busca "garantizar una persecución eficaz de estas conductas". También ha puesto en valor la lucha de su departamento contra el narcotráfico y ha tenido palabras de recuerdo para los agentes de Guardia Civiles que perdieron la vida en Barbate y Huelva persiguiendo a narcolanchas.
Por otro lado, ha valorado positivamente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tramitación parlamentaria, que pretende que los fiscales instruyan los procedimientos penales en sustitución de los jueces, y ha recordado que no solo la Fiscalía General del Estado da su "firme respaldo" a la misma, sino que también cuenta con el "aval" del CGPJ y de la Comisión Europea.
Además, ha reclamado "más autonomía" para la Fiscalía y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, así como que la reforma "vaya acompañada de los recursos necesarios", reforzando las plantillas y modernizando los sistemas tecnológicos.
Asimismo Peramato ha criticado los ataques que sufren los fiscales. "Se cuestionan duramente decisiones procesales concretas sin atender a los fundamentos legales que las sustentan; se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros, olvidando que todos y todas pertenecemos a una institución única que actúa de forma imparcial en los procedimientos, con sujeción exclusivamente a la Ley", ha lamentado.
Como es tradición, el Salón de Plenos del Supremo ha acogido el acto más solemne del año en los tribunales con la presencia de las autoridades del Estado, miembros del Gobierno y la alta magistratura del país. También han estado responsables políticos como el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, que este año ha regresado a este acto, después de que se ausentara el año pasado como protesta por la presencia del entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pese a que estaba procesado por un presunto delito de revelación de secretos.
