El Gobierno aprueba la reforma que deja las investigaciones penales a fiscales y limita la acusación popular
- Entrará en vigor en enero del 2028 y no afectará a las ya causas abiertas
- Sumar rechaza la limitación de la acusación popular
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al proyecto de ley de enjuiciamiento criminal (LOECrim), una ley que viene a sustituir la actual que databa de finales del siglo XIX y que introduce como cambio principal que las investigaciones penales la lleven a cabo los fiscales y con cambios a la acusación popular.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el objetivo de la nueva norma es "modernizar" y "europeizar nuestro proceso penal", ya que la actual ley era de 1882, aunque había tenido varios "parches" desde entonces. Así, ha celebrado que se trata de la "primera ley procesal penal de la democracia".
Bolaños ha explicado que la nueva ley "bebe" de dos reformas anteriores, una que se hizo en 2011 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y otra que se hizo en 2013, durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Según el ministro de Justicia, el proyecto de ley que se remite ahora al Congreso para su tramitación no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028, por lo que no afectara a los procedimientos iniciados previamente, que se seguirán tramitando según la LECrim actual. Asimismo tampoco afectará al actual Fiscal General del Estado, pues el segundo y último mandato finaliza el próximo 2027.
Principales cambios
Entre las principales novedades, Bolaños ha destacado que será el Ministerio Fiscal el que dirigirá la investigación penal, tal y como ocurre en la mayoría de países de la UE.
Al mismo tiempo se crea la figura del "juez de garantías", con una función de garante de los derechos fundamentales de las partes y de control jurisdiccional de ciertos aspectos procesales durante la investigación, y que será en última estancia quien confirme o revoque las decisiones del fiscal.
Además, intervendrán otros dos jueces más: una vez acabada la investigación penal, será un segundo juez el que decidirá si se va a juicio oral, y luego será un tercer juez el que lleve a cabo el enjuiciamiento.
El ministro de Justicia ha explicado que para hacer el proceso "más ágil", solo se podrá recurrir "las decisiones que afecten a los derechos fundamentales".
Asimismo ha defendido que se refuerzan las garantías procesales de la persona investigada, regulando sus derechos fundamentales y el principio de presunción de inocencia o reforzando sus garantías en materia de medidas cautelares, en especial la detención preventiva o la prisión provisional, con revisiones de oficio cada 6 meses.
También se refuerzan las garantías procesales de la víctima, especialmente la protección de los menores de edad, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, y se incorporan garantías incluidas en el Estatuto de la Víctima, como medidas para evitar su revictimización.
Limites a la acusación popular
Otra de las novedades afectará a la acusación popular, por lo que se delimita quién pueda ejercerla, dejando fuera a personas jurídicas públicas, partidos políticos, sindicatos o asociaciones dependientes. Así, solo podrá ejercerse si se acredita un "vínculo legítimo con el interés público que se pretende defender".
Según Bolaños, se limita la acusación popular para "evitar fines espurios" de algunas organizaciones que la utilizan para personarse en diferentes causas. "Es evidente que la acusación es una herramienta de las organizaciones ultras para perseguir a los que son progresistas", ha defendido el ministro.
Cambios en el Ministerio Fiscal
La nueva ley de Enjuiciamiento Criminal incluye también la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Así, el mandato del Fiscal General del Estado (FGE) pasa a ser de cinco años y ya no coincidirá con el del Gobierno, como hasta ahora.
En este sentido, para impedir ceses discrecionales, una vez cambiado el Gobierno, por ejemplo, el fiscal general del Estado solo podrá ser cesado en el caso de incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, previo informe del Consejo General del Poder Judicial.
Además, prohíbe de forma expresa que el Ejecutivo pueda remitir cualquier indicación al Ministerio Fiscal sobre asuntos concretos, y se prevé que las comunicaciones generales serán públicas y quedarán registradas.
Sumar rechaza limitar la acusación popular
En un comunicado, Sumar ha mostrado abiertamente su rechazo a la limitación de la acusación popular, pues considera que es un instrumento que "se ha demostrado como imprescindible para el control de la sociedad civil sobre los abusos del poder económico y político". Fuentes de Sumar consideran que es "necesario" que la nueva ley contenga "más mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el debido proceso, y facilite el uso de las lenguas cooficiales del Estado".
Así, Sumar ya ha avanzado que no apoyará en el Congreso de los Diputados la limitación de la acusación popular, sino que trabajará para su fortalecimiento, así como para introducir más previsiones garantistas en la ley. Tampoco podrá contar con el apoyo de Junts a la reforma. Los de Carles Puigdemont han desvinculado su rechazo a la norma a su ruptura de relaciones con el PSOE anunciada este lunes, sino que ya la habían criticado desde el primer momento.
Además, el secretario general del PCE y miembro de Sumar, Enrique Santiago, se ha mostrado convencido de que durante el procedimiento de tramitación parlamentaria, podrán modificar la ley para mejorarla: "Nuestra confianza es plena, el resultado final va a ser muy productivo".
Aunque ha reconocido que la acusación popular puede incurrir en "abusos y fraudes de ley", ha pedido que se establezca una regulación "estricta" para limitar estas situaciones, pero sin modificar la acusación popular.
El PP cree que el Gobierno quiere "controlar la Justicia"
En rueda de prensa en el Congreso, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, ha criticado la reforma y que se haga "deprisa y corriendo", algo que ha atribuido a que el Gobierno "necesita controlar la Justicia".
"Es inviable una reforma que cambie de esta naturaleza el proceso penal en nuestro país si no se corta el cordón umbilical entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado. Y hacerlo deprisa y corriendo, sin contar con el principal partido de este país, solo nos lleva a pensar que lo hacen porque quieren asaltar también la Justicia", ha subrayado.
Según Muñoz, no es momento de presentar esta norma, cuando España está "completamente bloqueada", "sin un Gobierno que gobierne" y sin mayoría parlamentaria, y cuando, además, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, está a días de sentarse en el banquillo de los acusados por revelación de secretos.
Además, Muñoz ha señalado que aunque en otros países la instrucción penal la lleva los fiscales, en esos países, el Gobierno no nombra al fiscal general.
Jueces y fiscales, divididos ante la nueva norma
La atribución de la instrucción penal a la Fiscalía es algo que divide a jueces y fiscales.
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, María Jesús del Barco, ha asegurado que los jueces deben seguir llevando la instrucción, ya que están dotados de "imparcialidad y no tienen dependencia jerárquica" como los fiscales. En este sentido, ha sostenido que con un fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno, hay "demasiadas dudas sobre su independencia".
También el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha sostenido que plantear ahora una reforma tan profunda de la justicia es un error. "En un país tan polarizado como el nuestro, entregar la investigación penal a los fiscales sin garantizar su autonomía real supone un riesgo enorme de politización,", ha añadido.
Tampoco el presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, se ha mostrado a favor del proyecto de ley porque ha subrayado que "los jueces son independientes y solo tienen sumisión a la ley, mientras que los fiscales son excelentes profesionales, pero tienen dependencia jerárquica de sus jefes y el Gobierno nombra al fiscal general".
Para la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, Cristina Dexeus, "no es el mejor momento para esta iniciativa". "Es inoportuna dada la situación de debilidad parlamentaria del Gobierno, ya que se trata de un texto tan relevante que debería aprobarse en el marco de un pacto de Estad, al menos consensuado con el principal partido de la oposición", ha opinado.
Sin embargo, el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, ha defendido que el proyecto "modernizará el proceso penal y permitirá que la Fiscalía investigadora, auxiliada por la Policía Judicial, sustituya la figura del juez instructor que ha de pasar a ser un juez de garantías de los derechos de las partes".
También el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Félix Martín, se ha mostrado de acuerdo con el proyecto, ya que ha afirmado que dotará a la instrucción penal de agilidad y eficacia. Misma opinión ha compartido el presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, quien ha advertido de que requiere de una reforma profunda del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
