Marruecos y el coste reputacional de la crisis de Ceuta: ¿intencionalidad o incapacidad?
- El episodio migratorio en Ceuta exhibe la desesperación social en el reino pero también la dependencia europea de Rabat
- Más de 72.000 personas entraron de forma irregular a Ceuta, la mayor crisis migratoria en España
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La entrada irregular de más de 72.000 personas, la muerte de decenas de migrantes y el colapso temporal de la ciudad autónoma de Ceuta han dejado durante la última semana dos interrogantes en el aire: cómo queda el crédito del régimen de Mohamed VI después de que sus controles fronterizos se desvanecieran durante horas y por qué España y la Unión Europea han evitado responsabilizar directamente al majzén, el círculo cercano al monarca que rige los designios al otro lado del Estrecho. Periodistas de investigación, juristas, opositores y representantes saharauis consultados por RTVE.es describen un sistema político debilitado en el interior y tensionado por los abismos sociales, pero capaz de lanzar mensajes y hacerse valer ante la Unión Europea.
España ha estimado que alrededor de 69.500 personas regresaron a territorio marroquí en los cuatro días posteriores a la avalancha. Los números superan ampliamente las primeras cifras, que habían situado en unas 50.000 las entradas registradas durante el jueves de la semana pasada. La dimensión de la tragedia se mide, sin embargo, en muertos. Según la ONG Caminando Fronteras, el balance aún provisional eleva la cifra a al menos 141 fallecidos: 78 cuerpos recuperados en aguas españolas y otros 63 en aguas marroquíes.
Las respuestas se encuentran en una relación de dependencia mutua —aunque profundamente asimétrica— construida sobre la migración, la inteligencia, las luchas antiterrorista y contra el narcotráfico, el comercio, el Sáhara Occidental y la supuesta estabilidad de la frontera meridional europea. La imagen pública del país magrebí, que en los últimos años Rabat había tratado de mejorar en suelo español a golpe de acciones de relaciones públicas y lobby, ha resultado dañada, pero no necesariamente su capacidad de presión, que algunas de las voces consultadas atribuyen a una política de chantaje permanente. La tibia respuesta de España y la UE, ofreciendo más recursos para contener la migración, lo prueba.
La implicación de Marruecos
Las autoridades marroquíes sostienen que las llegadas fueron alentadas por la desinformación en redes sociales, las redes de trata y una interpretación errónea de una sentencia española que impedía determinadas devoluciones inmediatas de migrantes interceptados en el mar. Madrid asumió inicialmente una versión similar y destacó que Marruecos había ofrecido colaboración policial sin exigir contrapartidas.
Las investigaciones periodísticas sobre la propagación de los mensajes han hallado vídeos falsos o descontextualizados y grupos de WhatsApp que compartían indicaciones sobre las rutas hacia Ceuta. Un fenómeno similar se produjo en el verano de 2024.
La difusión viral ayuda a explicar la movilización. No despeja, sin embargo, la incógnita fundamental: cómo pudieron decenas de miles de personas aproximarse a una de las fronteras más vigiladas de Marruecos sin ser contenidas. Los servicios españoles de inteligencia insisten en que Marruecos no habría organizado la salida, pero sí habría permitido que se produjera. Los controles marroquíes se habrían relajado durante julio y prácticamente desaparecido cuando las multitudes se dirigieron hacia el Tarajal durante las celebraciones del Día del Trono.
Esa diferencia semántica —organizar, permitir, alentar o no impedir— delimita el terreno en el que se ha instalado la discusión. Aunque el discurso oficial tanto en España y la UE como en Marruecos apunta a las mafias, analistas coinciden en que semejante movimiento resulta difícilmente concebible sin la pasividad, al menos temporal, de su aparato de seguridad. "Marruecos ha demostrado que no es fiable; hay que exigirle respeto", declaró el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el político español que hasta ahora ha sido más contundente hacia el país vecino.
Desde el Ejecutivo central fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la primera que sugirió una implicación, a algún nivel, del Gobierno marroquí. Exigió una investigación y afirmó que "quien haya consentido" esta entrada masiva "tendrá que asumir responsabilidades".
Migrantes en la playa ‘El trampolín ‘ en Ceuta, casi una semana después del paso masivo a través del espigón del Tarajal EFE / Reduán
Juan Soroeta, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco y especialista en la zona, sitúa lo ocurrido en una política de presión y "chantaje" más extensa: "Marruecos nunca va a renunciar a Ceuta y Melilla. Va a ser una razón de permanente chantaje con la inmigración, y en el trasfondo están las relaciones de España con Argelia, el Sáhara Occidental y la cuestión de la nacionalidad de los saharauis".
Rabat ha reivindicado históricamente Ceuta y Melilla como "presidios" pendientes de ser liberados junto a islotes cercanos como Perejil o Chafarinas, aunque la intensidad y la formulación de esa reivindicación varían según el estado de las relaciones con Madrid. Las dos ciudades no son solo una reclamación territorial, sino también un recordatorio de que Marruecos dispone de mecanismos para alterar la política interior española y la agenda europea.
Para Ali Lmrabet, periodista marroquí independiente que conoce bien esta ruta migratoria, la hipótesis de una movilización que pasó completamente inadvertida resulta incompatible con la capacidad de vigilancia del Estado. "Creo que la respuesta incompleta ya la dio algún miembro del Gobierno español: Marruecos no planeó el asalto, pero no lo impidió", apunta quien fuera detenido durante tres días en julio tras retornar temporalmente a Marruecos. "Yo diría otra cosa: si este maldito asalto se planeó en las redes sociales marroquíes, la policía política lo hubiera detectado y parado. La policía política marroquí controla todas las redes sociales en Marruecos. Ningún anónimo puede ocultarlo durante mucho tiempo".
Lmrabet expresa una incredulidad compartida por numerosos observadores: un Estado capaz de ahogar protestas, vigilar y encarcelar a periodistas o seguir la actividad digital de sus opositores —a través de un uso intensivo de la cibervigilancia y la fabricación de cargos judiciales contra la disidencia— no parece que se le hubiera podido escapar durante días una convocatoria que acabaría reuniendo a decenas de miles de personas.
Fouad Abdelmoumni, economista, defensor de los derechos humanos y una de las voces críticas más conocidas del reino, se mueve también en esa zona intermedia: "Parece aceptado que, aunque las autoridades marroquíes quizá no organizaran este éxodo masivo, por lo menos permitieron deliberadamente que ocurriera. Esto puso al descubierto la desesperación de una generación dispuesta a arriesgar la muerte por su sueño de alcanzar Europa y su pérdida de confianza en las promesas del Gobierno y de sus élites".
En su opinión, la crisis revela además "la eficacia con la que las autoridades marroquíes consiguen impedir que España reaccione de manera firme, visible e inmediata, a pesar de la enorme superioridad española en términos de poder y capacidades". El régimen queda así atrapado entre dos explicaciones igualmente perjudiciales para su reputación: o permitió que la frontera se abriera, demostrando que la migración continúa formando parte de sus instrumentos de presión; o perdió durante horas el control de una parte de su territorio y fue sorprendido por una movilización popular de dimensiones históricas.
Condena por instrumentalizar la inmigración
Europa ya ha asistido a escenas similares en el pasado. En mayo de 2021, cerca de 10.000 personas entraron en Ceuta después de que las fuerzas marroquíes relajaran la vigilancia fronteriza. La crisis coincidió con el ingreso hospitalario en España, bajo identidad falsa, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
La conexión política fue entonces más explícita. La Eurocámara aprobó en junio de 2021 una resolución en la que calificó de inaceptable la utilización por Marruecos de la migración —en particular de menores no acompañados— y el uso de la cooperación fronteriza y antiterrorista como instrumento de presión ante discrepancias de política exterior.
Cinco años después, la respuesta europea ha seguido una dirección opuesta. En lugar de plantear sanciones o exigir responsabilidades a Rabat, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto reforzar los sistemas de alerta temprana y aumentar el apoyo técnico y financiero a Marruecos sin proporcionar cuantía. "Marruecos es un socio estratégico importante, especialmente en nuestros esfuerzos por combatir el tráfico de migrantes y la migración ilegal", ha alegado Von der Leyen.
La fórmula exhibe la paradoja: cuanto más evidente resulta la capacidad marroquí de perturbar la frontera europea, más indispensable parece su cooperación. El año pasado la UE anunció la entrega de 152 millones de euros a Rabat para presuntamente mejorar la gestión de fronteras, la lucha contra las redes de tráfico de personas y la integración de migrantes. En el último lustro, la Comisión Europea ha aportado a Marruecos 1.150 millones de euros no solo para el control migratorio sino también para sectores como la reforma administrativa, la justicia, la educación, la transición verde, la protección social o las inversiones.
Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en España, sugiere que lo ocurrido reproduce un patrón reconocible. "La situación provocada por Marruecos durante la última semana ha evidenciado su modus operandi: la utilización, entre otros elementos, de la migración como mecanismo de presión a los países vecinos. Una presión que siempre responde a una dinámica de intereses, en definitiva, a una finalidad política", arguye el saharaui. El reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental por países como EE.UU., España o Francia, y también la ONU, ha sido uno de los mayores logros diplomáticos del reino y éxitos de su campaña de presión por esa cuestión.
Cientos de inmigrantes marroquíes descansan en las calles de Ceuta EFE / Reduán
El diagnóstico de Arabi coincide con una preocupación planteada por numerosos investigadores europeos: la externalización del control migratorio concede una considerable capacidad de influencia a los países de tránsito. Elevado a gendarme de las fronteras europeas, Marruecos usa esa carta como también lo han hecho antes Turquía o Egipto.
Una baza que la monarquía alauí sabe usar hábilmente. Europa entrega fondos, tecnología, legitimidad internacional y cooperación económica a gobiernos vecinos para que impidan las salidas. Cuando alguno de esos gobiernos relaja los controles, la UE se enfrenta a una crisis inmediata. Su respuesta habitual consiste entonces en ofrecer más fondos y más cooperación al mismo socio cuya actuación —o inacción— ha demostrado la vulnerabilidad del sistema.
"No es un tema de mafias"
El discurso de Madrid y Rabat ha coincidido en atribuir un papel central a la desinformación y a las redes de tráfico. La existencia de mensajes engañosos está documentada. La cuestión es si esas redes pueden explicar por sí solas una movilización de más de 70.000 personas y la desaparición simultánea de los controles fronterizos. "No es un problema de mafias, porque es Marruecos el que organiza la inmigración. No hay mafia en Marruecos que no esté controlada por el Gobierno", asevera Sorotea.
Lmrabet, originario de la región de Tetuán y al tanto de las rutas del Estrecho, formula una objeción similar: "Las mafias no existen en Marruecos. Lo puedo decir yo, que soy de la región de Tetuán-Ceuta e hice el viaje en patera —en zódiac exactamente— para el diario El País, hace 26 años, desde la costa marroquí a la española. No hay mafias; hay intermediarios".
A juicio de Abdelmoumni, "la afirmación de que el movimiento fue organizado por el crimen organizado resulta inverosímil". "Este desplazamiento masivo dejó a los grupos criminales sin ninguna capacidad de negociación, porque nadie podía ofrecer a los migrantes un paso seguro o un transporte de pago. Claramente, el discurso de las autoridades marroquíes y españolas sobre esta clase de actores busca evitar el reconocimiento de las verdaderas responsabilidades de cada parte y de la magnitud de la desesperación que siente la población marroquí", alega.
Una realidad sombría que reflejan las encuestas. Las imágenes de miles de jóvenes lanzándose al mar rumbo a Ceuta no surgen de la nada. Según el último Barómetro Árabe, el 55% de los marroquíes de entre 18 y 29 años quiere emigrar. Y más de la mitad de quienes desean marcharse aseguran que estarían dispuestos a hacerlo incluso sin papeles. La falta de oportunidades laborales sigue siendo, con diferencia, el principal motor de esa aspiración. El Afrobarómetro, publicado en 2025 con datos recogidos en 2024, llega a una conclusión muy similar: el 64% de los marroquíes de 18 a 35 años se ha planteado emigrar.
Un fenómeno que, según Hicham Mansouri, periodista marroquí exiliado y cofundador de la Asociación Marroquí de Periodismo de Investigación, el régimen marroquí usa a su favor. "No es la primera vez que el régimen instrumentaliza la cuestión migratoria. Y resulta difícil ver qué interés real podrían haber obtenido los pasadores o las redes implicadas en semejante operación, puesto que también resultan perdedores. Vimos a niños casi desnudos, preparados para arrojarse al agua sin ningún equipo ni protección".
Una operación organizada por traficantes suele requerir rutas, pagos, embarcaciones y mecanismos para limitar el riesgo. En Ceuta, decenas de miles de personas avanzaron a pie, cruzaron pasos fronterizos o se arrojaron al mar sin protección. Fue una movilización colectiva y caótica, alimentada por el rumor de que la frontera se encontraba abierta. Las redes sociales explicaron el impulso. La pobreza y la frustración aportaron la masa humana. La desaparición de los controles creó la oportunidad.
Migrantes descansan en Ceuta tras cruzar de forma irregular la frontera que separa España de Marruecos Marcos Moreno Europa Press / Marcos Moreno
España y la UE: las herramientas de presión de Marruecos
La ausencia de una condena directa no obedece a una sola causa. España y la UE han construido una relación de dependencia con el poder en Marruecos basada en el control migratorio, la cooperación antiterrorista, la lucha contra el narcotráfico, el comercio, la pesca, la energía y la estabilidad del Magreb.
En el caso español, a esas áreas se suma la organización conjunta con Portugal y Marruecos del Mundial de fútbol de 2030, un proyecto de enorme valor económico y propagandístico al que Rabat se sumó en el tiempo de descuento en sustitución de Ucrania. Una ruptura diplomática pondría en riesgo inversiones, infraestructuras y compromisos compartidos durante años, como el renovado proyecto de unir ambos lados del Estrecho a través de un túnel que conectaría Tarifa con Tánger.
La presencia en España de alrededor de un millón de ciudadanos marroquíes o personas de origen marroquí añade también una dimensión humana. Rabat mantiene una política activa hacia su diáspora mediante fundaciones, consulados, asociaciones y la financiación o supervisión religiosa de mezquitas, donde ejerce un control en el centro de la polémica. Marruecos considera a sus ciudadanos residentes en el extranjero parte permanente de la nación y trata de conservar vínculos políticos, religiosos y económicos con ellos, así como preservar su lealtad al monarca.
También está la capacidad de Rabat para utilizar las crisis bilaterales de manera selectiva. España la comprobó en 2021. Francia ha sufrido periodos de bloqueo consular, tensiones por los visados y campañas desde medios de comunicación cercanos al Palacio Real, que llegaron incluso a difamar abiertamente a Emmanuel Macron. La relación se restablece cuando el socio europeo acomoda sus posiciones a las prioridades marroquíes, particularmente en el Sáhara Occidental.
Mansouri sostiene que la cautela española desborda el marco bilateral: "Podría pensarse que el silencio de España, o al menos su prudencia, se explica por cuestiones que superan la relación entre ambos países. Rabat aparece a menudo como un enlace estratégico para Tel Aviv y, en cierta medida, para Washington, tanto en África como en el espacio euromediterráneo". "En ese contexto, es posible que se esté desarrollando un juego más amplio en la región, que mezcla consideraciones políticas, de seguridad y de inteligencia, con el expediente palestino, Gaza y el espionaje como telón de fondo". Durante los últimos tres años, Marruecos ha mantenido sus lazos con Israel a pesar de la contestación pública en las calles del país y a pesar de la cruenta guerra en Gaza.
"El silencio español no comenzó hoy. El caso Pegasus fue una ilustración sorprendente. Pero también es posible que ese silencio sea solo aparente y que las relaciones de fuerza, las presiones o los golpes bajos continúen desarrollándose discretamente en ambas direcciones", plantea Mansouri, uno de los cientos de marroquíes que fueron espiados por el reino con ese software israelí. La referencia al programa Pegasus remite al espionaje sufrido por teléfonos del presidente Pedro Sánchez y varios ministros, con la sombra de Marruecos siempre presente en un caso no esclarecido por la justicia.
Migrantes marroquíes tratan de cruzar la frontera de Marruecos a la ciudad de Ceuta el 30 de julio de 2026 Antonio Sempere AP/Antonio Sempere
Una cooperación bilateral herida
España ha invertido durante años en una relación con Marruecos basada en la previsibilidad. La cooperación policial redujo las llegadas por determinadas rutas; el intercambio de inteligencia contribuyó a desarticular células yihadistas; las relaciones comerciales crecieron; y los dos gobiernos establecieron mecanismos para evitar que sus desacuerdos desembocaran en crisis abiertas. Ceuta ha demostrado, sin embargo, que esa estrategia posee enormes limitaciones. La cooperación funcionó después de la avalancha: Marruecos aceptó el regreso de decenas de miles de personas y sus fuerzas de seguridad recuperaron el control. Pero la rapidez con la que se cerró la frontera acentuó la pregunta sobre por qué había permanecido abierta.
Madrid ha optado por poner en valor la segunda parte de la secuencia —la colaboración para los retornos— y evitar un enfrentamiento sobre la primera. La prioridad ha sido restablecer la normalidad y contener las repercusiones europeas. Esa política protege la relación bilateral, pero alimenta la percepción de que Marruecos puede crear una crisis, contribuir luego a resolverla y presentarse finalmente como socio imprescindible, minando así cualquier confianza en el régimen autocrático que pervive al otro lado del Estrecho.
El esfuerzo diplomático de Rabat se completa con una intensa estrategia de influencia. La Embajada, los consulados, los grupos de amistad, las relaciones empresariales, las fundaciones, las cátedras en las universidades españolas y los contactos con representantes políticos y sociales conforman una red destinada a proteger la imagen del reino y sus prioridades. La embajadora alauí en Madrid, Karima Benyaich —que en 2021 admitió que "en las relaciones entre países hay actos que tienen consecuencias, y se tienen que asumir" en alusión a la acogida de Ghali—, ha desempeñado un papel central en esa arquitectura. Su gestión es cuestionada por quienes consideran que la diplomacia marroquí ha ejercido una presión excesiva sobre las instituciones españolas.
Miles de migrnates siguieron cruzando el espigón del Tarajal, frontera entre Marruecos y España, el día 31 de julio de 2026 Marcos Moreno Europa Press / Marcos Moreno
Según los expertos consultados, la crisis obliga ahora a examinar qué significa realmente la asociación estratégica. Si implica cooperación recíproca y transparencia, España debería exigir una explicación completa sobre la relajación de los controles. "Decenas de miles de marroquíes han abandonado el país con la esperanza de vivir en un país más justo y con unas administraciones menos despectivas. El marroquí de a pie sufre tanto por la pobreza como por la opresión cotidiana de los agentes del Ministerio del Interior y, más aún, por los potentados locales que se nutren de la renta oficial y extraoficial”, detalla Monjib.
Su pronóstico no resulta esperanzador: "Estas oleadas migratorias, expresión de la angustia social y moral, se multiplicarán de una forma u otra en un futuro próximo. Incluso cabe esperar oleadas de pateras hacia la península ibérica y las Canarias si la gente tiene la certeza de que no se les disparará y si no se lleva a cabo una reforma profunda del majzén".
El régimen marroquí emerge de la crisis con su imagen deteriorada, porque las escenas de Ceuta han revelado el deseo de huir de decenas de miles de personas y han puesto en duda la explicación de un Estado sorprendido por las redes sociales. El silencio institucional ante los muertos y la aparente desconexión de las élites agravan el daño reputacional.
Pero Rabat no queda necesariamente desgastado frente a España o la UE. Al contrario: la crisis ha vuelto a demostrar su capacidad para condicionar la agenda europea. Madrid y Bruselas han evitado una condena directa porque temen las consecuencias de una ruptura. Ceuta ha mostrado, en definitiva, las dos caras de Marruecos: la de un país con una sociedad joven, frustrada y dispuesta a arriesgar la vida para marcharse; y la de un Estado que, incluso después de una tragedia que erosiona su reputación, conserva intacta la capacidad para imponer silencio y cautela a sus países vecinos.
