Pardo de Vera y otros testigos resaltan que la presencia de Aldama en la "parte noble" del Ministerio era constante
- La expresidenta de Adif también ha negado haber intervenido en la contratación de Jéssica Rodríguez
- Se desvincula de la contratación de la empresa de la trama Koldo y niega presiones
La sexta jornada del juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por la presunta compra irregular de mascarillas durante la pandemia ha dejado una conclusión clara y es la "asiduidad" con la que el presunto comisionista de la trama acudía al Ministerio de Transportes hasta el punto que accedía "sin pedir permiso a nadie" o entraba en el despacho de Ábalos sin que este estuviera presente.
La primera en declarar este miércoles ha sido la que fuera presidenta de Adif en la pandemia, Isabel Pardo de Vera, quien ha asegurado este miércoles que alertó al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, de que había visto con mucha "asiduidad" al empresario Víctor de Aldama, que no tenía ningún cargo en el Ministerio, con su asesor, Koldo García, en su despacho cuando no estaba él presente.
Según ha explicado, le "chocaba", desde "el código ético e institucional", ver a Aldama en el despacho ministerial cuando no estaba Ábalos, por lo que le preguntó que quién era esa persona que estaba en la "parte noble" del Ministerio, en su "área reservada". Al respecto, ha asegurado, le respondió que "sería un amigo de Koldo García", a quien ella identificó como el "interlocutor del ministro".
La testigo está investigada en la parte del caso Koldo que instruye la Audiencia Nacional referente a las presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública, por lo que Pardo de Vera tenía derecho a contestar a las preguntas que se le formularan en el Supremo, pero ha contestado a las partes. Su declaración era una de las claves en este juicio en el que las adjudicaciones concedidas por Puertos del Estado y Adif a Soluciones de Gestión por 24,2 millones de euros y 12,5 millones de euros, respectivamente, en marzo de 2020 centran el juicio.
Aldama "tenía acceso permanente" en el Ministerio
También un subteniente de la Guardia Civil que estaba destinado en el complejo de Nuevos Ministerios en la época de la trama ha relatado que Aldama tenía "acceso permanente" en el Ministerio de Transportes, subía a la planta de ministro "sin pedir permiso a nadie" e incluso aparcaba en el "estacionamiento de autoridades".
Según el testigo, que está investigado por el caso en la Audiencia Nacional, fue el área de seguridad del Ministerio el que habría permitido a Aldama acceder con normalidad.
Por otra parte, ha definido a Koldo García como una persona "excelente" y "respetable", "volcada en su trabajo", y que de vez en cuando le encomendó que subiese mascarillas a la "zona noble" del Ministerio desde el almacén en el que se guardaban. Asimismo ha negado ser "nexo de unión" entre el Ministerio y Soluciones de Gestión y Aldama.
Otro de los testigos que ha resaltado la familiaridad con la que Aldama estaba en el Ministerio de Transportes ha sido el ex secretario general de Puertos Álvaro Sánchez Manzanares, quien ha reconocido que llegó a pensar que "estaba en la parte ministerial", ya que estaba "gestionando la logística" para traer mascarillas.
Además, ha asegurado que en aquel momento no sabía que Aldama estaba detrás de Soluciones de Gestión. "Para nosotros, estaba en la parte ministerial. No tenemos un solo papel que nos diga que Soluciones de Gestión es su empresa. Tenía una relación estrecha con el Ministerio y les estaba ayudando en la coordinación de los aviones", ha indicado.
Niegan "instrucciones" para contratar con Soluciones de Gestión
También varios testigos han negado "instrucciones" para contratar con Soluciones de Gestión. La expresidenta de Adif ha negado haber tomado la decisión de comprar mascarillas a través de la empresa vinculada al presunto conseguidor del caso Koldo Víctor de Aldama así como también ha afirmado que no recibió "ninguna instrucción" en ese sentido por parte del Ministerio de Transportes. "Yo no recibí ninguna instrucción", ha respondido a preguntas del fiscal Anticorrupción.
Tras la presidenta de Adif ha declarado como testigo el expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo Lobo, quien ha asegurado que "ni Koldo, ni nadie" le influyó para la compra de ocho millones de mascarillas que adquirió a Soluciones de Gestión y que se enteró de la oferta cuando fue a firmar la orden ministerial "en la plataforma de firmas".
Toledo ha explicado que "unos días antes" supo por el secretario general técnico que el Ministerio estaba pensando hacer "una orden ministerial" para la compra de mascarillas, pero que él no se encargó de seleccionar la empresa, ya que de esas gestiones se encargaba "el departamento de contratación". Además, ha añadido que él solo se dedicaba a "aceptar la oferta al final", por lo que ha reiterado que "nadie" le "influyó para la compra de mascarillas, en ningún momento".
Además, ha especificado que conoció a Koldo García "dos meses y pico después" de la adjudicación del contrato en un Consejo Rector. Asimismo ha asegurado que tras la firma del contrato solo presionó para que "las mascarillas llegaran cuanto antes". Por otra parte, Toledo ha valorado que las mascarillas fueron "baratas", porque su precio estaba "por debajo de la media".
Por su parte, el ex secretario general de Puertos Álvaro Sánchez Manzanares, que está imputado en el caso en la Audiencia Nacional, también ha rechazado haber recibido instrucciones del exasesor de Ábalos para que contratara con la empresa de Aldama, y ha indicado que "la decisión la tomaba el Ministerio". "No se nos dice que contratemos ocho millones y busquemos proveedor. Lo que se nos transmite es que en esta situación de emergencia han conseguido un proveedor", ha explicado.
De Koldo García, Sánchez Manzanares ha dicho que le trataba por que "era el asesor del ministro" y que le vio que "intentaba buscar suministros como otras muchas administraciones".
Preguntado por las reticencias que los investigadores vieron que había en el entorno de Puertos con respecto a Soluciones de Gestión, ha justificado que se debió a que en aquel momento "la situación era caótica y la incertidumbre era absoluta", ya que "nadie era capaz" de traer equipos de protección.
Pardo de Vera niega haber intercedido en la contratación de Jéssica Rodríguez
Sobre la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en empresas públicas, Pardo de Vera ha dicho que no intervino ni presionó para ello, y que tan solo se limitó a pasar el curriculum de la mujer que le habían enviado desde el Ministerio a la presidenta de Ineco para que "lo tuvieran en cuenta" en algún proceso de selección de personal. "Me pasan esto del ministro, tú lo consideras y nada más", ha dicho que transmitió a la presidenta de Ineco.
En este sentido, ha defendido que "mandar un currículum no supone absolutamente nada". Además, ha reiterado que ni recibió presiones del Ministerio ni las transmitió a Ineco. "Yo nunca lo transmití como una exigencia", ha señalado.
Además, ha afirmado que desconocía quién era Jéssica Rodríguez ni qué relación tenía con el entonces ministro cuando le remitieron su curriculum. También ha asegurado que entonces no supo dónde fue contratada a continuación.
Otros testigos
Un ex alto cargo en el Ministerio de Transportes, Javier Sánchez Fuentefría, que fue director de Organización e Inspección, ha explicado que él se limitó a pedir a las entidades del grupo de Transportes sus "necesidades de mascarillas", y con los datos que le dieron hizo una hoja de cálculo, en la que estableció que para 15 días se necesitarían casi cuatro millones, y para 30 días, casi ocho millones.
Y ha defendido que desconocía cuántas se terminarían comprando al final, aunque ha asegurado que el subsecretario le dijo que "la intención era comprar cuatro en un primer momento y luego comprar el resto". Asimismo ha asegurado que no sabía si "había empresas que querían licitar por una cantidad o por otra", por lo que ha rechazado que Koldo García pudiera influir en las cifras que él puso en la hoja de cálculo.
Otro de los testigos citados ha sido Íñigo Rotaeche, un socio de Aldama, pero ha rechazado responder a las preguntas de las partes, alegando estar imputado en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional.
La última en declarar ha sido Belén Villar Sánchez, una de las profesionales que recibió la orden de hacer una auditoría encargado por el Ministerio que dirige Óscar Puente sobre los contratos de mascarillas investigados. La testigo ha especificado que ella no participó en la elaboración del informe de la auditoría, pues tan solo se limitó a trasladar la orden que recibió del ministro de Transportes al "órgano competente que es la Subdirección General de Inspección de Servicios y Atención a la Ciudadanía", que fue el departamento que asignó a dos inspectoras, funcionarias públicas e "independientes", al cargo de la auditoría.
"Las dos inspectoras son las que deciden que documentación solicitan y a quién. Son ellas las que recaban", ha advertido, al tiempo que ha defendido que "no han recibido injerencia alguna". Además, ha resaltado que la auditoría no tenía un objetivo sancionador, sino "propositivo" para "mejorar de cara a futuro". También ha negado haber tenido "ninguna participación" en la contratación de las mascarillas que se investigan.
