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Von der Leyen reconoce que la guerra ha costado ya 6.000 millones a los europeos y urge rebajar la factura energética

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen Abdul Saboor Abdul Saboor/Pool Photo via AP
RTVE.es

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha cifrado este lunes en 6.000 millones de euros adicionales el coste de la guerra para los ciudadanos comunitarios por las importaciones de combustibles fósiles. Ha advertido de que el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre la economía de la Unión Europea (UE) es "cada vez más pronunciado" y ha urgido a los jefes de Estado y de Gobierno a tomar medidas por si el conflicto se prolonga.

Y advierte de que cualquier medida a corto plazo para contener el impacto de los precios de la energía debe evitar retrasar la transición energética, ser "temporal y específica", no aumentar la demanda de combustibles fósiles y minimizar los costes fiscales.

En una carta a los líderes de cara a la cumbre que celebrarán en Bruselas este jueves y viernes, Von der Leyen ha insistido en que los 27 deben "enviar un claro mensaje" y apunta que "nuestra prioridad sigue siendo la seguridad de nuestros ciudadanos, de los Estados miembros y de nuestros socios. Reforzaremos todos los esfuerzos diplomáticos para lograr una desescalada".

El asunto más urgente es la energía, en particular el petróleo y el gas.

La presidenta ha transmitido que actualmente el suministro de energía de la UE está garantizado, "sin embargo, el aumento de los precios de los combustibles fósiles ya está afectando a la economía". Von der Leyen ha destacado que la dependencia energética de la Unión en petróleo y gas hace necesario actuar con urgencia, pero también de forma proporcional. Por lo que insta a tomar medidas dirigidas a los sectores más afectados y "no tan generales y costosas como en la crisis energética de 2022 y 2023".

Von der Leyen enumera entre las medidas que ya se contemplan:

- La mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo coordinada por la Agencia Internacional de la Energía.

- Coordinación internacional para restablecer la libertad de navegación en la región, especialmente en el estrecho de Ormuz.

- Fomentar que otros países aumenten la producción energética para sustituir el suministro interrumpido.

- Vigilar el impacto en los fertilizantes, que afectan directamente a la agricultura y la seguridad alimentaria mundial.

Prioritario: evitar el encarecimiento de la electricidad

La presidenta de la Comisión Europea ha pedido en su carta que se aborden las causas estructurales de los altos precios de la energía, centrándose en la electricidad. Apunta que hay que actuar sobre "los costes de la propia electricidad, los de red, los impuestos y tasas y los costes de carbono" e insiste en que hay que avanzar rápidamente hacia los objetivos de energía limpia de la UE para 2030.

Recuerda que, desde 2021, la UE ha avanzado mucho en diversificar el suministro energético y aumentar las energías renovables. Ha explicado que "la cuota de renovables en la electricidad pasó del 36% en 2021 al 48% en 2025. Si se suma la energía nuclear, más del 70% de la electricidad europea ya procede de fuentes bajas en carbono", por lo que ha insistido en que "hay que evitar el cierre prematuro de activos, como las instalaciones nucleares existentes, que pueden proporcionar electricidad fiable, de bajo coste y con bajas emisiones".

La política germana apuesta por mantener el sistema actual de fijación de precios en el mercado mayorista por los "beneficios claros" que proporciona y señala que medidas como el uso de contratos de compra de electricidad de larga duración podrían ayudar a reducir la volatilidad de los precios.

Von der Leyen también sugiere que hay margen para reducir los impuestos a la electricidad, por ejemplo, eliminando tasas no vinculadas a la energía o asegurando una tributación más favorable que para los combustibles fósiles. Además, menciona en su misiva que la Comisión evaluará "caso por caso" el impacto de los mecanismos nacionales de emergencia destinados a limitar los efectos de los altos precios del gas sobre el mercado eléctrico, a los que algunos Estados miembro han recurrido en el pasado. Entre los que nombra está subvencionar o fijar un tope al precio de la generación eléctrica con gas —como la llamada "excepción ibérica" para España y Portugal—.