La "guerra administrativa" de Israel contra 37 ONG: un castigo colectivo contra los palestinos
- El Supremo israelí paraliza temporalmente la expulsión de las ONG mientras se resuelve un recurso
- La ley afecta a una red de organizaciones que sostienen el 60% de la respuesta sanitaria en Gaza
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El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es el límite entre el horror y la civilización en tiempos de guerra. Una frontera que ha estado a punto de desdibujarse en Oriente Próximo con la prohibición de Israel a 37 organizaciones no gubernamentales internacionales, entre ellas Médicos Sin Fronteras, ActionAid, Oxfam Intermón o Save the Children, a operar en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén este, los territorios palestinos ocupados.
La medida, anunciada el pasado 30 de diciembre por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, se basa en el argumento esgrimido por Israel de que personal de estas organizaciones "estuvo involucrado en actividades terroristas", una acusación recurrente que las entidades rechazan por falta de pruebas fehacientes.
La decisión debía haber entrado en vigor este 28 de febrero, pero en el último momento, el Supremo israelí paralizó el día anterior la medida ordenada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, al menos temporalmente, al haber un recurso presentado por varias de estas organizaciones pendiente de resolverse. La petición, liderada por Médicos Sin Fronteras (MSF) junto a otras 17 entidades, ha logrado que la justicia impida su salida inmediata, evitando —por ahora— el colapso total de una respuesta humanitaria en la que estas organizaciones han invertido cerca de 500 millones de dólares en ayuda de emergencia.
Para seguir operando en los territorios palestinos, el gobierno de Netanyahu exigía a estas organizaciones completar un nuevo y controvertido registro. Este no solo contemplaba la entrega del listado con información privada de sus empleados, sino que obligaba a las ONG a reconocer a Israel como Estado judío y a comprometerse a no denunciar a sus militares ante tribunales internacionales.
Según explican algunas de estas entidades consultadas por RTVE Noticias, aunque estaban dispuestas a cooperar y negociar, el punto de ruptura fue la exigencia de una lista con los datos personales del personal palestino, lo que violaría tanto los principios básicos del derecho internacional humanitario como la legislación europea de protección de datos.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, ya calificó la medida de "espantosa" y la enmarcó en un patrón de restricciones "ilegales" al acceso humanitario que ya golpeó a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), de facto vetada ya en Gaza y cuyas instalaciones en Jerusalén este ocupado fueron demolidas por el Ejército israelí. Para la ONU, estos criterios son "vagos, arbitrarios y altamente politizados".
Sin "Plan B": el colapso del sistema
El Equipo Humanitario de País (HTC, por sus siglas en inglés), el foro que coordina a las agencias de la ONU y a las ONG que actúan en los territorios palestinos ocupados, advierte que no existe un "Plan B". La salida de estas oenegés colapsaría el sistema, ya que no hay otras instituciones con su capacidad logística y conocimiento del terreno. Estas organizaciones señaladas impulsan el 60% de los hospitales de campaña y su desaparición conllevaría el cierre de uno de cada tres centros de salud operativos. Una catástrofe que se suma a la destrucción del 94% de los hospitales de la Franja por la ofensiva israelí, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Una enfermera de MSF atendiendo a una niña acompañada de su madre en Gaza Foto cedida por MSF
Bushra Khalidi, responsable de políticas de Oxfam Intermón en Palestina, alerta sobre las consecuencias inmediatas para la supervivencia, ya que, a pesar del alto el fuego, "las necesidades permanecen extremas". "Cuando el tribunal emita su decisión definitiva sobre la petición presentada por Oxfam Intermón y otras organizaciones, esperamos que reconozca la amenaza real que supone para la vida de la población civil y respete los principios humanitarios y el derecho internacional”, mientras celebra la decisión de la justicia israelí.
Médicos Sin Fronteras (MSF) es otra de las organizaciones más afectadas, ya que contaba con trabajadores humanitarios extranjeros desplegados en el terreno. Aitor Zabalgogeazkoa, coordinador de emergencias de MSF, explica que su organización ha tenido que suspender el apoyo a la maternidad y a la pediatría del Hospital Naser de Jan Yunis, en el sur de la Franja y el mayor que queda funcional en todo el enclave. "Las unidades de quemados y trauma no van a ser tan fáciles de apoyar desde ahora. Tenemos stock para algunas semanas, pero estamos buscando vías para meter medicamentos; veremos hasta dónde podemos conseguir que entren", explica a RTVE Noticias en tono preocupado.
Khalidi recuerda que en Gaza, una de cada cuatro familias sobrevive con una sola comida al día y las ONG internacionales entregan actualmente más de la mitad de toda la asistencia alimentaria y proporcionan "todos los tratamientos para niños que sufren desnutrición aguda severa". "Su eliminación no solo reduciría los servicios; cerraría instalaciones de salud, detendría distribuciones de alimentos y cortaría cuidados vitales. Eliminar organizaciones afianza la escasez en lugar de abordar la necesidad humanitaria", denuncia Alexandra Saieh, responsable de políticas humanitarias de Save the Children. Desde esta organización especializada en la infancia advierten sobre la gravedad de esta estrategia: "El gobierno israelí no ha renovado nuestro permiso. Por eso no podemos traer nuestros propios materiales ni a nuestro personal internacional".
Esta falta de permisos de entrada supone un muro invisible que impide la rotación de equipos especializados en zonas de conflicto. Desde Save the Children recuerdan que el acceso a la población civil en tiempos de guerra está regulado por normas internacionales que no se están cumpliendo. "La ayuda humanitaria no es un favor, es una obligación según el derecho internacional", sentencia su responsable. Las restricciones afectan directamente al suministro de productos críticos que no son armamento, pero que son vitales para la población civil. "Cuando el gobierno israelí bloquea la ayuda, no están bloqueando nada más camiones; están bloqueando comida, agua potable, medicinas, combustible para los hospitales y material para las escuelas", explica Saieh.
El cerco jurídico: "no tendrán que marcharse, por el momento"
En este escenario, las palabras de los vigentes tratados de Ginebra de 1949 cobran una vigencia amarga. "Negar el acceso a la ayuda humanitaria siendo la potencia ocupante es, según el Derecho Internacional Humanitario, directamente, un crimen de guerra", denuncia José Enrique Conde Belmonte, especialista en Derecho Internacional Público y profesor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
"Israel tiene la obligación de garantizar el acceso; imponer estas medidas obstaculiza la asistencia sanitaria y alimentaria vital", añade. Conde Belmonte advierte que estamos en estado de "paz negativa": "Una situación donde la opresión administrativa genera víctimas al privar de medios de subsistencia, algo que el Artículo 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional vincula con actos de genocidio".
La base de la arquitectura humanitaria moderna descansa sobre el IV Convenio de Ginebra, diseñado específicamente para proteger a los civiles en tiempos de ocupación, como en el caso de Gaza y Cisjordania. "Si la población del territorio ocupado está insuficientemente abastecida, la potencia ocupante aceptará los proyectos de auxilio establecidos en favor de dicha población y los facilitará en la medida de sus medios", recoge su Artículo 59.
Las propias organizaciones califican la decisión del Supremo como un "respiro vital". Los abogados Alva Kolan y Yotam Ben Hillel, representantes de la coalición demandante, han comentado sobre el fallo que la justicia "ha dado un respiro a los residentes de Gaza y Cisjordania", ya que las organizaciones que trabajan para aliviar la devastación en estos territorios "no tendrán que marcharse, por el momento". Para la defensa legal, esta victoria temporal es solo el primer paso hacia una normalización necesaria, subrayando que la corrección definitiva vendrá únicamente cuando Israel "reconozca sus obligaciones en virtud del derecho internacional, permita a las organizaciones operar y deje de tratarlas como enemigas".
El borrado de testigos internacionales
Además, el experto señala una estrategia de aislamiento deliberado a la población civil; si los trabajadores humanitarios abandonan el territorio, no habrá observadores externos. "Primero impidió la entrada a los periodistas, luego a la UNRWA y ahora son las ONG. El objetivo es que no haya pruebas y que los únicos que gestionen la ayuda sean entidades israelíes", denuncia el jurista.
Soraida Hussein, coordinadora de ActionAid España, atiende a RTVE Noticias por teléfono desde Ramala, en Cisjordania. Su organización lleva más de tres décadas en los territorios ocupados y apunta que la presencia de estas organizaciones sobre el terreno cumple también con la función de protección. "Documenta los abusos y disuade la violencia. Al apagar estas voces, el riesgo para las comunidades aumenta", asegura Hussein. Usar la legalidad administrativa para eliminar organizaciones humanitarias y testigos independientes "permite a los gobiernos reducir el espacio cívico manteniendo la apariencia de cumplimiento de la ley", señala. "Los actores humanitarios no somos solo proveedores de servicios; somos parte del ecosistema de rendición de cuentas que documenta violaciones y da testimonio del sufrimiento civil", incide en el mismo sentido Khalidi, desde Oxfam.
Un miembro de la comunidad de Oxfam recibe un paquete de alimentos de Oxfam en Gaza. Foto cedida por Oxfam Intermón
Zabalgogeazkoa coincide plenamente en que, si no se frena la medida definitivamente, habrá más invisibilidad sobre lo que ocurre en el enclave palestino. "Nuestros compañeros locales tienen miedo y no es tan fácil que hablen en público. Es uno de los impactos buscados, junto con el empeño en sacar adelante un plan de paz que no tiene ni pies ni cabeza todavía", agrega.
Hussein explica que, aunque trabajan a través de socias locales, la prohibición les impedirá financiar proyectos, hacer contratos o ingresar suministros esenciales. "No hay un sistema alternativo capaz de absorber esta carga. Si en Gaza se interrumpe la ayuda dos semanas, las vidas humanas también se interrumpen", sentencia.
La privatización y militarización de la ayuda
Esta deriva genera una profunda preocupación en el sector, ya que el modelo humanitario tradicional, basado en la gratuidad y la ausencia de condiciones, está siendo sustituido por una gestión militar. "Las organizaciones humanitarias trabajamos sin condiciones; no esperamos nada a cambio de la población. En cambio, dar la ayuda por medio de sistemas militares es peligroso porque se puede utilizar para subyugar a la gente", resume Hussein, de ActionAid.
La portavoz de Oxfam Intermón refuerza esta tesis. "El riesgo es una remodelación fundamental de cómo se entrega la ayuda. Si las ONG son forzadas a salir, la entrega corre el riesgo de centralizarse bajo supervisión militar o contratistas privados", advierte. Se pasaría de un modelo humanitario a un sistema de distribución gestionado por "consideraciones políticas y de seguridad".
Por otro lado, Hussein subraya el peso político de la expulsión de Jerusalén Este, símbolo de la identidad y continuidad institucional palestina. Perder esa base logística significa "más fragmentación y menos capacidad de respuesta para toda Cisjordania".
Khalidi va más allá y pone el foco en como Israel se refiere a Cisjordania como 'Judea y Samaria' -término bíblico-histórico-, rechazando la jurisdicción de la Autoridad Palestina. "Si el acceso sigue reduciéndose, los actores humanitarios perderemos acceso a las áreas más vulnerables. Las familias que enfrentan desalojos y demoliciones quedarán cortadas de asistencia legal", lamenta.
A la espera de una decisión definitiva, las oenegés tienen claro que la alternativa es seguir apoyando a la población en los territorios palestinos ocupados el mayor tiempo posible, "trabajando bajo su registro en la Autoridad Palestina". Lo harían de la mano de su personal local. De hecho, lo que más les preocupa es la seguridad de sus trabajadores palestinos. "No podemos garantizar su seguridad. Nuestros vehículos y estructuras de salud están identificadas y notificadas", esgrime con preocupación Zabalgogeazkoa.
También son conscientes de que operarían bajo una gran incertidumbre marcada por la asfixia financiera. "No existen garantías absolutas de que nuestras cuentas no sean congeladas", explica Khalidi. El responsable de emergencias de MSF coincide en que Israel puede interferir en las transferencias bancarias para impedir el pago de nóminas. "Hemos identificado soluciones temporales para pagar salarios, pero no son ideales y aumentan el riesgo operativo", confiesa la portavoz de Oxfam Intermón.
"Habrá otra vez hambruna"
Las organizaciones afectadas aseguran que el impacto del cese de operaciones internacionales sería inmediato y devastador. "Habrá menos atención médica, menos tratamientos vitales y más muertes evitables. Habrá otra vez hambruna", lamentan desde ActionAid España. La magnitud es difícil de ignorar: "Hay entidades que proveen casi un millón de platos de comida diarios; si eso se detiene, será una catástrofe", señala.
“Si en Gaza se interrumpe la ayuda dos semanas, las vidas humanas también se interrumpen“
Estas organizaciones coinciden en que el objetivo de Israel -con el respaldo de la actual administración Trump en EE.UU.- es desmantelar el sistema humanitario en Gaza, lo que sienta un precedente "peligroso e inaceptable" para el sistema de ayudas global.
Lo más alarmante para el coordinador de emergencias de MSF es que este colapso se produce en un contexto de condiciones de vida catastróficas en Gaza, donde el auge de los camiones comerciales está desplazando a la ayuda humanitaria, dejando a las grandes organizaciones a un paso de tener que suspender el reparto de alimentos por la falta de suministros básicos en el interior de la Franja.
