Argentina apela la orden judicial de EE.UU. de transferir el 51% de participaciones de YPF
- El país sudamericano tiene que pagar a través de las acciones más de 16.000 millones de dólares
- Los fondos Burford Capital y Eton Park han presentado un escrito conjunto para oponerse a la solicitud del fallo
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La República Argentina ha presentado una apelación al fallo emitido el pasado jueves por un tribunal de los Estados Unidos. La justicia estadounidense ordenó que Argentina cediera el 51% de las participaciones de la empresa estatal de energía Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
La apelación fue presentada el miércoles, aunque se dio a conocer este jueves, por los abogados que representan al Estado argentino, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
La notificación ha sido presentada en un Tribunal de Distrito de los EE.UU. en el sur de la ciudad de Nueva York, apelando a la decisión de la jueza Loretta Preska. Esta decidió que Argentina debía pagar, a través de las acciones de YPF, más de 16.000 millones de dólares (13.588 millones de euros), ya que el país fue condenado a pagar esta suma tras la nacionalización de la empresa en 2012.
Se trata de una sentencia enmarcada en la demanda por la que el país ya fue condenado en 2023 a pagar los 16.000 millones de dólares. El país mantiene el control de la petrolera a través de su participación mayoritaria y condiciona elecciones clave de la empresa, como la aprobación de medidas o el nombramiento del consejo de administración.
El proceso de expropiación tuvo lugar bajo la presidencia de Cristina Fernández, que cumple condena desde el pasado 17 de junio a seis años de prisión desde su domicilio en Buenos Aires por corrupción.
La sentencia es incompatible con la legislación argentina
Según el Ejecutivo, el fallo es de una "naturaleza excepcional" y plantea cuestiones jurídicas no resueltas. Además, de ejecutarse la sentencia, causaría un daño irreparable al violar la legislación argentina, que impide ceder acciones de YPF sin aprobación del Congreso.
Los fondos demandantes, Burford Capital y Eton Park, se oponen a la suspensión, al igual que el fondo Bainbridge, beneficiado por un fallo relacionado con la quiebra de 2001, y pidieron el lunes la ejecución de la sentencia.
En respuesta, Argentina envió al juzgado nuevos argumentos, citando incluso una reciente intervención del gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, que según la Procuración perjudica la posición del país. Apeló sin esperar la resolución sobre el pedido de suspensión, que se preveía para dentro de 15 días
Fondos de inversión en contra de la apelación
Los fondos Burford Capital y Eton Park han presentado un escrito conjunto ante la Justicia estadounidense para oponerse a la solicitud del fallo, pedido por Argentina. Los abogados de los fondos argumentan que Argentina no cumplió con las condiciones previas fijadas por el tribunal para evitar la suspensión del fallo de septiembre de 2023.
El Estado argentino no depositó ninguna garantía ni ofreció la posibilidad de poner las acciones de YPF bajo custodia judicial, tal y como exige la norma federal y la ley de Nueva York. Aseguran que la suspensión del fallo pondría en peligro los derechos de los demandantes y el país podría continuar obstaculizando su cumplimiento.
El Gobierno de Argentina, liderado por el presidente Javier Milei ya solicitó hace dos semanas a la Justicia de EE.UU. la suspensión del fallo de la jueza. Este dictaba a depositar los títulos de clase D de YPF en una cuenta de custodia global en la multinacional bancaria Bank of New York Mellon Corporation en los 14 días posteriores a la fecha de la orden. Después se entregarán los títulos a los demandantes.
Los hechos
El caso inició en 2015, cuando la inglesa Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron la demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Esas dos sociedades habían pertenecido previamente al grupo argentino Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía una participación accionarial del 25% en YPF al momento de la nacionalización y que no tomó parte del juicio en Nueva York.
Los fondos reclamaron en el juicio millonarias compensaciones, alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a la española Repsol. Argentina argumentó durante el juicio que la ley de nacionalización de YPF aprobada por el Parlamento en 2012 le impedía al Estado adquirir acciones adicionales.
La jueza Preska ordenó también a Argentina, en otro fallo, a transferir sus acciones en otra demanda entablada en 2016 por el fondo de inversión Bainbridge Fund, por el cese de pagos de su deuda soberana a finales de 2001. El fondo de inversión logró un fallo a su favor, que condenó a Argentina a pagarle 95 millones de dólares más intereses.
YPF, fundada en 1922 y cuyas acciones se cotizan en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires, tiene un rol estratégico en el sector energético de Argentina.
