La Justicia de EE.UU. ordena a Argentina entregar el 51% de sus acciones en YPF y Milei anuncia su apelación
- El fallo responde a la expropiación en 2012 por el Parlamento argentino del accionariado de YPF de la petrolera Repsol
- El presidente argentino ha anunciado que apelará el fallo en todas las instancias para "defender los intereses nacionales"
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La jueza federal de Estados Unidos, Loretta Preska, ha dictado una orden que obliga a Argentina a transferir el 51% de sus acciones de la petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) a una cuenta de custodia en Nueva York, como cumplimiento parcial de una sentencia ya impuesta en 2023 que le obliga pagar 16.100 millones de dólares.
El fallo responde a la expropiación en 2012 por el Parlamento argentino del paquete mayoritario de YPF a la petrolera española Repsol. Dicha decisión no incluyó una oferta pública para los accionistas minoritarios, lo que desató una demanda promovida por las firmas Burford Capital y Eton Park tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades españolas vinculadas al grupo argentino Petersen. Estas tenían un 25% de participación en YPF, si bien no participaron en el juicio.
A raíz de la sentencia, el presidente argentino, Javier Milei, ha reaccionado con firmeza y ha anunciado que apelará el fallo en todas las instancias para "defender los intereses nacionales". "Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda", ha escrito Milei en su cuenta oficial de la red social X.
Tras conocerse la orden judicial, las acciones de YPF han caído más de un 4% en la Bolsa de Buenos Aires y cerca del 5% en Wall Street.
La sentencia cuestiona el control estatal sobre el sector energético argentino
El Gobierno argentino sostiene que la ley de nacionalización aprobada en 2012, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, impidió al Estado realizar ofertas públicas para adquirir acciones adicionales a Repsol. Dicho argumento fue desestimado por el tribunal de Nueva York.
El litigio, que comenzó en 2015, ha puesto a su vez en evidencia el choque entre soberanía económica argentina y los litigios internacionales que pueden afectar la estabilidad y la gestión de activos estratégicos como YPF, que es a su vez la mayor productora de hidrocarburos en Argentina. YPF, por su parte, ha evitado hacer declaraciones inmediatas sobre la decisión judicial.
La orden de Preska ha marcado así un nuevo capítulo en una batalla legal que, además de los 16.100 millones de dólares en compensación, cuestiona el control estatal sobre un símbolo clave del sector energético argentino.
La joya energética de Argentina
YPF es actualmente la mayor petrolera de Argentina y pilar de su balanza energética. Fundada en 1922 como la primera petrolera estatal integrada del mundo, YPF fue símbolo de soberanía energética para el país sudamericano. En los años 90, fue privatizada y terminó en manos de Repsol.
Aunque Argentina pagó unos 5.000 millones de dólares a Repsol en 2014 tras su expropiación, el conflicto judicial no terminó allí. Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio de la firma Petersen —ligada a la familia Eskenazi, exaccionista de YPF— demandaron a Argentina por no haber lanzado una oferta pública de adquisición para el resto de los accionistas durante la nacionalización.
YPF no es una empresa más: produce el 40% del petróleo y el 30% del gas del país; refina el 50% del crudo argentino y opera una amplia red de estaciones de servicio. Es también la fuerza detrás de Vaca Muerta, una de las mayores reservas mundiales de hidrocarburos no convencionales.
Con inversiones por más de 5.000 millones de dólares en 2024 y una ganancia neta de 2.393 millones de dólares, la empresa lidera la expansión energética del país, con proyectos clave para exportar petróleo y gas licuado.
