España paga una multa de diez millones por no retribuir el permiso parental de ocho semanas aprobado por la UE
- El Gobierno debería haber trasladado a la legislación nacional esta normativa hace un año
- El incumplimiento de la directiva supone una sanción de unos 10.000 euros diarios


España ha pagado 10 millones de euros de multa por no retribuir el permiso parental de ocho semanas. Este es un derecho que reconocen los tribunales y que está recogido en la Directiva europea (UE) 2019/1158 que regula el permiso parental retribuido. El Gobierno debería haber trasladado a la legislación nacional esta normativa hace casi un año. Establece un periodo de hasta cuatro meses que cada progenitor que trabaje puede disfrutar para cuidar de sus hijos antes de que cumplan ocho años.
Omar Molina, director del Área Laboral de Augusta Abogados, comenta que, "dentro de esos cuatro meses de permiso, ocho semanas deben ser retribuidas". Es en este apartado en el que está el problema. España no lo retribuye, incumpliendo, según los tribunales, el plazo dado por Bruselas.
El secretario nacional de acción sindical de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), Francisco Lama, explica que "como fecha límite el 2 de agosto de 2024, para implementar esa normativa en nuestro ordenamiento jurídico", pero "la realidad es que a día de hoy sigue sin estar bien regulada".
Reclamaciones en tribunales
Debido a esto, algunos trabajadores que reclaman ese derecho de compensación acuden ya a los tribunales, como Susana López, anestesista del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca: "Tuvimos la sentencia satisfactoria reconociendo el derecho a disfrutar ese permiso y fijando una indemnización".
Esta fue la primera sentencia firme que reconocía en España el permiso retribuido, pero no ha sido la única desde entonces. Además, se han empezado compensar también daños y prejuicios. Molina afirma que "en algunas sentencias han condenado a una indemnización de 30.000 euros en contra de la administración pública".
Lama ha explicado que "se está vulnerando el derecho a las familias para el cuidado del menor y España se enfrenta a multas millonarias". El Ministerio de Trabajo y Economía Social ya ha cifrado en 10 millones de euros la multa por incumplir la directiva europea.
Choque en el Gobierno
Este tema ha supuesto un choque entre los socios del Gobierno. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cargado contra el PSOE, durante una entrevista a RNE, por "no querer aplicar" la directiva europea.
"Estamos pidiendo desde Sumar que se cumpla con esta directiva y la parte del PSOE no la quiere aplicar". Un derecho que a juicio de Díaz es "clave" y cuyo incumplimiento en Europa acarrea una sanción a razón de unos 10.000 euros diarios. El uno de agosto se cumplirá un año desde que los partidos del Gobierno acordaron el cumplimiento de esta directiva.
"No es aceptable en una democracia, pero lo más importante, hay un compromiso de Gobierno", criticó Díaz. Por ello, la ministra de Trabajo ha solicitado a la parte socialista del Ejecutivo que se despliegue este punto de la agenda social, en un país donde, bajo su punto de vista, "no ha habido política de familia a lo largo de toda la democracia".