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El Gobierno prepara una renta mínima transitoria para proteger a los más vulnerables mientras llega la definitiva

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El Gobierno prepara una renta mínima transitoria para proteger a los más vulnerables por la crisis del coronavirus

El Gobierno estudia poner en marcha de forma urgente un ingreso mínimo vital puente hasta cumplir su promesa de establecer uno definitivo para mitigar los efectos de la crisis del coronavirus en los más vulnerables, una medida que ya cuenta con el visto bueno de sindicatos, ONG y "grandes empresarios".

Así se han comprometido el vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias y los ministros de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en las reuniones que han mantenido este jueves con Comisiones Obreras y UGT, y con las organizaciones del Tercer Sector Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua y Plataforma del Tercer Sector.

Con este Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP), el Ejecutivo pretende garantizar que las personas más vulnerables cuenten con recursos para poder afrontar esta crisis, sin que ello signifique renunciar a su compromiso de instaurar un Ingreso Mínimo Vital (IMV) de carácter permanente. De esta manera, el Ejecutivo mantiene su compromiso, incluido en el programa de Gobierno, de poner en marcha ese IMV.

Tres meses antes de que se apruebe el IMV definitivo

Sin embargo, "las garantías técnicas y el alto grado de consenso político, social e institucional" que requiere el desarrollo de esta renta "podrían implicar un plazo aproximado de tres meses para su aprobación", un plazo que no pueden esperar los grupos más vulnerables, según ha informado la vicepresidencia segunda.

En un comunicado, la Plataforma del Tercer Sector, compuesta por 30.000 ONG, ha aplaudido esta medida y ha deseado que el nuevo salario social extraordinario "se pueda convertir en una renta mínima vital estable y duradera", que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado, y que se presente como un "derecho subjetivo a la protección y garantía de las condiciones básicas del desarrollo vital".

Además, ha defendido que sea accesible para todos los hogares en pobreza con el objetivo de garantizar un ingreso y condiciones adecuadas para poder tener una vida digna.

Por su parte, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha insistido en que ese ingreso mínimo vital a nivel estatal tenga en cuenta de manera reforzada a las personas con discapacidad o en situación de dependencia, como sucede con otras muchas prestaciones sociales.

CEOE y CEPYME no participarán en la reunión del viernes con Trabajo

CEOE y CEPYME han emitido un comunicado en el que han expresado que no se les ha hecho "partícipes de la negociación de tal iniciativa, ni se ha sometido a su discusión en el diálogo social, tal y como ha trascendido en medios de comunicación y redes sociales".

Pese a que comparten, aseguran, la necesidad de que ningún ciudadano quede desatendido ante la crisis económica sobrevenida por la pandemia de Covid-19, denuncian la existencia de "ante la manipulación interesada y la deslealtad al diálogo social y a los empresarios españoles", se sienten presionados para dar apoyo a "una propuesta de partido, que nada tiene que ver con un acuerdo consensuado en lo que debería ser el cauce habitual con los interlocutores sociales, que formamos parte de la mesa de diálogo y que siempre hemos estado de acuerdo en no dejar a nadie atrás en esta crisis". Anteriormente, el vicepresidente Iglesias había asegurado estar en contacto con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, constando, además, que "grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven adecuada y positiva esta medida".

"En estas condiciones", anuncian en el comunicado, "se hace imposible participar de este viernes, 10 de abril, en la reunión a la que hemos sido convocados por el Ministerio de Trabajo".

Sin embargo, CEOE y CEPYME reafirman su empeño por "sostener el bienestar conjunto de la sociedad" e instan al ministerio a abonar las prestaciones correspondientes "a las personas que han perdido su empleo o se han visto afectadas por un ERTE por culpa del COVID-19, y para que los autónomos, que siguen confinados sin poder trabajar y que han solicitado la prestación por cese de actividad, la cobren con la mayor celeridad".

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