Los cambios en la factura de la luz, enésimo intento para cerrar el 'agujero' del sistema eléctrico

• La subida de la parte regulada del recibo persigue recaudar 900 millones más
• El Gobierno también asegura haber recortado los costes en 2.700 millones
• En otoño deberían conocerse nuevas normas que cierren la reforma eléctrica

La electricidad subió el pasado 1 de agosto, después de que el Gobierno aprobara incrementar la parte regulada de la factura, los llamados peajes de acceso (ver Conceptos básicos). El objetivo de ese encarecimiento, según palabras del ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, era cubrir una porción del déficit de tarifa previsto para este año. En concreto, se confía recaudar de los consumidores unos 900 millones de euros adicionales al año.

Esa modificación afecta solo a la parte regulada del recibo eléctrico y no a la otra mitad, que depende de la energía consumida y del precio que se decida para ella en una subasta trimestral. Por eso, podría haber otra nueva subida en octubre, cuando se realice la próxima puja con los nuevos costes fijados por el Gobierno a las eléctricas sobre la mesa.

Más cambios en el otoño

Además de tratar de aumentar los ingresos, el Ejecutivo ha recortado la otra parte de la ecuación: los costes reconocidos al sistema. De esta forma, las grandes empresas eléctricas, Red Eléctrica Española y los inversores en renovables recibirán 2.700 millones menos a través de diversos ajustes.

La arquitectura del sistema eléctrico es muy compleja, lo que hace muy difícil comprender qué se paga realmente a través de la factura y cómo se distribuye ese dinero entre los distintos actores que participan en generar, transportar, distribuir y comercializar esta energía (ver Conceptos Básicos).

Además, esa estructura está aún pendiente de cerrarse, ya que falta una nueva batería de normas que deberían aprobarse en otoño, pero cuyos borradores ya han llegado al supervisor del sistema, la Comisión Nacional de la Energía (CNE). En ellos se especificarán medidas adelantadas por Soria a algunos medios de comunicación el 15 de agosto, como la revisión automática de los peajes cada vez que los costes sean un 2,5% superiores a los ingresos, o los incentivos que se concederán al cierre de instalaciones renovables.

A continuación se analizan algunas de las claves de la última subida de la electricidad y de su efecto en el sistema con los datos conocidos hasta ahora.

¿Cuánto subirá la electricidad para los hogares?

En el momento de anuncio del alza de precios, el ministro aseguró que el recibo de la electricidad subiría, de media, un 3,2%.

La luz subirá al menos un 3,2% por el encarecimiento de los peajes eléctricos

Sin embargo, el impacto de la modificación de los peajes en los consumidores es muy variado, lo que complica su cálculo, tal y como ha reconocido la propia CNE en su informe sobre el borrador de la orden ministerial (ver documento en .pdf). A eso se añade que la norma definitiva publicada el pasado 3 de agosto en el BOE (ver documento en .pdf)  aplica subidas aún mayores a la potencia y bajadas superiores a la  energía de las que se plasmaban en el borrador analizado por la CNE, por  lo que sus cálculos solo pueden ser aproximados.

Esa dificultad se debe a que, de forma simultánea, se han modificado los precios de los peajes y se ha cambiado el peso que la potencia y la energía tienen a partir de ahora dentro de la recaudación de esos peajes. Como explica la CNE en su análisis, antes de agosto, la potencia instalada por un consumidor determinaba el 35,5% de lo que pagaba en peajes y la energía, el resto. Ahora, la potencia supondrá el 63,8% de los nuevos peajes.

Ese cambio de estructura se ha combinado con una subida del precio aplicado a cada kilovatio (kW) de potencia instalada y una bajada de lo que se paga por cada kilovatio/hora (kW/h) consumido.

Según calculaba el supervisor del sector eléctrico, la subida de los peajes de agosto encarecerá la electricidad un 3,7% para un hogar con consumo medio acogido a la Tarifa de Último Recurso (TUR, rebautizada por el Gobierno como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor, PVPC).

“La subida de peajes penaliza a quienes no utilicen toda la potencia contratada“

Más complicado es averiguar qué ocurrirá con los consumidores que contratan una comercializadora fuera de la TUR. Para ellos, el encarecimiento en la potencia va desde un máximo del 151% a un mínimo del 12%, mientras que las bajadas de precio aplicadas al término de energía oscilan entre el 73% y el 3,7%, dependiendo de los distintos tipos de consumidor. A la vista de esto, la unión de ambas partes de los peajes determinará  la subida o bajada final en la factura de cada consumidor.

Según la CNE, el mayor impacto de la subida lo notarán “los consumidores con baja utilización de potencia”, es decir, los que menos consumen. Por eso, avisa que los pisos vacíos o las segundas residencias serán las más penalizadas: para una potencia contratada de 4,02 kW –la media estimada para 2013- y sin consumo de energía, la factura subirá 55 euros al año.

Por el contrario, para los consumidores con mayor gasto de electricidad, la facturación media podría caer hasta un 20%, según el supervisor eléctrico.

¿Qué efectos tiene el cambio de los peajes en el sistema?

Según la memoria económica que sirve de base a la orden ministerial, el Gobierno estima que el cambio de peajes aumentará los ingresos un 2,2% (313 millones más) respecto a los previstos en febrero de este mismo año,  “a pesar de la contracción de la demanda”, como matiza la CNE.

El supervisor insiste en que la reducción de demanda en la que se basan esos cálculos es inferior a la variación real: en junio de 2013, la demanda en la Península había caído un 3,3% respecto al mismo mes de 2012.

Por eso, concluye que los ingresos estimados por el Gobierno “podrían estar sobrevalorados en 210 millones de euros” por una diferente previsión de la potencia contratada y que esa diferencia aumentaría hasta los 289 millones de euros si se hacen los cálculos aplicando la caída real de la demanda de los últimos 12 meses. Esto abriría un nuevo agujero entre ingresos y costes.

Además, ante los cambios, los consumidores pueden reaccionar reduciendo su potencia contratada. Así, la CNE avisa de que una bajada del 5% en la  potencia de los consumidores  básicos (menos de 10 kW de  potencia sin discriminación horaria)  supondría una caída adicional de ingresos de  163 millones de euros anuales.

Estas diferencias que pueden constatarse a final de año podrían provocar nuevas revisiones al alza de los peajes, ya que el ministro Soria ha adelantado que se actualizará automáticamente cuando la diferencia entre costes e ingresos crezca más de un 2,5% para evitar que vuelva a generarse déficit.

Este movimiento estaría justificado, según han declarado a RTVE. es fuentes conocedoras del sector eléctrico, ya que "la decisión de 2009 de no trasladar los costes incurridos a las tarifas fue una decisión política, una novedad mundial".

En cuanto al cambio en la estructura de los peajes para dar más peso a la potencia, su objetivo sería –según la CNE- “reducir el impacto que el actual contexto de caída de demanda tiene en los ingresos del sistema”.

Como explica a RTVE.es Natalia Fabra, profesora de  Economía en la Universidad Carlos III y especialista en el sector  energético, "si el aumento del precio de la electricidad es  independiente del consumo, entonces, aunque  caiga la demanda, no caerán tanto los ingresos del sistema. Los ingresos  serán menos dependientes del ciclo económico".

Sin embargo, solo los costes del sistema relacionados con las redes (transporte y distribución) están vinculados directamente a la potencia demandada en los horarios punta, es decir, cuando se consume el máximo. Esos costes suponen el 45% de los que hay que financiar con los peajes de acceso, según la CNE y la memoria ministerial.

El supervisor se muestra a favor de que la facturación de la potencia suba un poco para acercarla al coste real de las redes, pero en su informe considera “drásticos” y “elevados” los incrementos aplicados por el Gobierno y exige que se justifiquen con una metodología.

“Los ingresos  serán menos dependientes del ciclo económico“

Sin embargo, la CNE adelanta que se podrían incrementar las reclamaciones de los consumidores, por lo que sugería introducir un período transitorio para que, ayudados por campañas de información, los consumidores domésticos “contraten adecuadamente la potencia” que necesitan. Si no se hace así, la CNE advierte que “podría no incentivarse la eficiencia energética”.

En esa misma línea se pronuncia Fabra: "Al cambiar la estructura de la factura eléctrica, se cambian las pautas de consumo", algo que -continúa la profesora- "desde el punto de vista económico, es totalmente contrario a lo que se debería hacer: aumento de la eficiencia energética, reducción del gasto y aumento del ahorro. A partir de ahora, costará mucho menos dejarse la luz encendida", advierte Fabra.

¿Cómo se han recortado los costes reconocidos al sector?

En la parte de la ecuación que atañe a los costes regulados, el Gobierno asegura que ha aplicado un recorte de 263 millones de euros, un 1,3% respecto a los previstos a principios de año, con lo que estima que las necesidades financieras totales del sistema serán de 20.581 millones.

Según la memoria presentada a la CNE, la retribución del transporte se reducirá en 76 millones de euros este 2013, mientras que los pagos a la actividad de distribución se recortarán en 348 millones de euros. Además, los pagos a la industria dispuesta a desconectarse para asegurar la garantía de suministro (interrumpibilidad) se rebajan en 50 millones y los pagos por capacidad (para que las eléctricas mantengan una determinada capacidad de producción) bajan en 168 millones, hasta quedar en 10.000 millones anuales.

La memoria enviada a la CNE calcula que las medidas legislativas ya aprobadas que afectan a las primas del régimen especial han ahorrado 750 millones de euros. A pesar de eso, esas subvenciones superarán los 9.800 millones -bastante más de lo previsto-, debido a la bajada del precio de la energía en el mercado (la prima resulta de restar ese precio a la retribución fija prometida por producción, por lo que si el precio baja, la prima aumenta).

Como se aprecia en las cifras, gran parte de los costes está en los pagos por capacidad y las primas a renovables y ciclos combinados, que sumarían 19.800 millones del total, según las estimaciones del Gobierno.

También aumenta la parte de coste por subvención al suministro extrapeninsular, ya que habrá que asumir la mitad de ese sobrecoste (925 millones), algo con lo que el Ministerio de Industria y Energía no contaba, ya que pensaba que los Presupuestos Generales de 2014 iban a asumir al completo esa partida.

Tras su análisis, la CNE concluye que esas previsiones del Gobierno podrían verse superadas a finales de 2013, ya que los costes regulados podrían aumentar en más de 26 millones de euros.

¿Qué impacto tendrá la modificación de esos costes en el sistema?

Los recortes a las primas del régimen especial son las que han causado más polémica, ya que se ejecutan con carácter retroactivo: no se les pagará la retribución a la producción prometida cuando se realizaron las inversiones.

"Se les prometió una retribución que, ahora podemos decir que fue  excesiva, pero no se les puede reducir con carácter retroactivo. Me  cuesta creer que puedan pasar el filtro de los arbitrajes  internacionales y del mismo Tribunal Supremo. A nadie le puedes recortar  lo que le prometiste y, dentro de unos años, cuando terminen los  conflictos que abiertos por esta normativa, podría tocar devolverlo", advierte Natalia Fabra a RTVE.es, lo que amenaza con abrir un nuevo roto en las cuentas del sistema.

“La decisión de 2009 de no trasladar los costes incurridos a las tarifas fue una decisión política“

Esta especialista en el sector eléctrico explica que los cambios en las primas pueden hacerse "a futuro, pero no a pasado". "Puede haber habido inversores que han dicho: queremos ser los más eficientes, producir más que nadie y, para eso, compramos paneles solares suizos en lugar de chinos, e instalamos un sistema de limpieza robotizado para que los paneles no tengan motas de polvo y capten toda la energía posible. Toda esa inversión, ahora no se les va a reconocer, no se va a reconocer su eficiencia. Ese cambio de normas a posteriori va a ser malo para la inversión", recuerda.

Al reducirse los costes reconocidos, las empresas eléctricas recibirán menos retribución por las actividades que realizan y no se puede descartar que eso afecte al precio de la energía en el mercado libre y al resultado de las próximas subastas CESUR.

¿Qué problemas deja sin resolver la última reforma?

Precisamente, ese modelo de marcar una parte de la tarifa al pequeño consumidor a través de esa subasta es uno de los puntos críticos que queda sin resolver en las regulaciones hasta ahora conocidas. "Desde 2009, se ha pagado la energía un 15% más cara por comprarla en  esas subastas trimestrales, que si se hubiera comprado en las subastas  diarias", indica Natalia Fabra a RTVE.es.

Así, esta especialista subraya que la bajada que se registró en el mercado a principios de este año (debida a la "extraordinaria" producción de energía eólica e hidráulica, según el informe de la CNE) no benefició a los pequeños consumidores porque "la subasta CESUR de diciembre –que determinó el precio para  el primer trimestre- fijó un precio de 40 euros, pese a que después en el mercado cayó a 20 a principios de año. Esa diferencia benefició a los suministradores que habían vendido energía a 40 euros para todo el trimestre y  luego pudieron adquirirla durante ese período a 20".

Otra clave pendiente de resolver la apunta la CNE, que cree necesario determinar “de forma estable" los costes de acceso que deben incluirse en los peajes, "así como la metodología de asignación de todos los costes incluidos en esos peajes, y no solamente los del transporte y la distribución”.

Según opina Natalia Fabra, con las últimas normas "se distorsionan totalmente las pautas de consumo y ahorro, y no se ataja el déficit tarifario porque no se atajan los problemas del sector". "No se plantea si se están retribuyendo bien los costes reales del sector, y lo único que se ha hecho es recortar las retribuciones de ciertas actividades. Se mantienen igual las ineficiencias y los costes a medio y largo plazo serán terribles", alerta la porfesora de la Universidad Carlos III.

En concreto, apunta que "las nucleares y las hidroeléctricas reciben ingresos muy superiores a los costes que soportan" en su generación de electricidad, una sobrerretribución que cifra entre 2.300 y 3.500 millones de euros anuales. "Ante eso, la ley no hace nada. Hay un desequilibrio en las retribuciones de unos y otros", concluye.

Sin embargo, otras fuentes conocedoras del sector destacan que el mercado único de la electricidad vigente en la UE obliga a pagar a todas las fuentes de energía el mismo coste marginal, "independientemente de cómo se genere la energía". Ese coste marginal viene marcado por la fuente más cara que, por el momento, es la de las renovables debido a su mayor inversión en tecnología.

"Además -añaden esos mismos expertos-, nucleares e hidroeléctricas invierten todos los años grandes cantidades de dinero para mantener las instalaciones y cumplir las exigencias de seguridad" a las que están sujetas.