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Competencia asegura que el decreto para cerrar centrales eléctricas da discrecionalidad al Gobierno

  • Cree que los criterios del Ministerio de Energía pueden ir contra la normativa europea
  • "No están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente", dice
  • También, que "crean inseguridad jurídica para las nuevas inversiones"

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El ministro de Energía, Álvaro Nadal, en una imagen reciente.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, en una imagen reciente. EFE

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado su informe sobre el proyecto de Real Decreto para el cierre de centrales eléctricas, en el que dice que los nuevos criterios del Ministerio de Energía le confieren una excesiva discrecionalidad y pueden ir contra la normativa europea.

El organismo de competencia afirma que los nuevos criterios que incluye el departamento que dirige Álvaro Nadal para autorizar el cierre, adicionales a los que ahora existen (la seguridad del suministro), como son que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, "no están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente".

En su informe sobre el proyecto de Real Decreto de Energía, que no es vinculante, la CNMC afirma, además, que "crean inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar contraproducentes para la competencia en el sector eléctrico".

Negar el cierre de una central puede ir en contra de la Comisión Europea

Actualmente, los cierres de centrales de producción de energía están contemplados en el artículo 53 de la Ley del Sector Eléctrico, que establece que las empresas eléctricas tienen que pedir autorización al Ministerio y que su solicitud sólo podrá ser denegada si la clausura de la instalación pone en peligro la seguridad del suministro eléctrico en España.

Los actuales responsables del Ministerio de Energía decidieron impulsar una nueva norma, que en principio querían que tuviera rango de ley, para lo que el Gobierno no encontró el apoyo del PSOE, y finalmente decidieron tramitar un Real Decreto que ampliaba las condiciones para poder obtener permiso para cerrar una central de generación.

Según el informe de la CNMC, las nuevas causas para denegar el cierre de una instalación de producción de energía pueden ir en contra de la normativa recogida en la propuesta de la Comisión Europea (CE) de reglamento del mercado interior, planeado en el denominado Paquete de Invierno.

En su opinión, para evaluar el impacto del cierre de centrales en el sistema eléctrico, es necesario revisar el marco normativo de forma global (metodología de seguridad de suministro, hibernación de centrales, mecanismo de pagos por capacidad y procedimiento de autorización de nuevas instalaciones).

Competencia cuestiona la necesidad del Real Decreto de Energía

En caso de venta, el proyecto de Real Decreto contempla que, si el propietario de una central no quiere seguir manteniendo una central que el Ministerio considera que debe continuar activa, la podrá vender a terceros o acogerse a un procedimiento de subasta reglado y, en caso de que haya interesados, adjudicarla a un tercero a cambio de una compensación. En este punto, Competencia dice en su informe que el mecanismo de subasta es "muy complejo" y que la compensación a un tercero por mantener una central, si la subasta queda desierta, "sería una ayuda de Estado conforme a la normativa de la Unión Europea (UE), lo cual aconseja que se notifique previamente la propuesta a la Comisión Europea".

La CNMC también cuestiona la necesidad del Real Decreto, ya que "el sistema eléctrico español no presenta problemas de seguridad de suministro en el medio y largo plazo, sino todo lo contrario". Añade que, en el peor escenario -una punta de demanda de 46.000 megavatios (MW) y baja generación-, "se podría prescindir sin riesgo de una parte significativa del parque de carbón existente".

Por eso, dice que el "exceso de capacidad debería analizarse sin precipitación y, teniendo en cuenta, que los consumidores españoles, desde la liberalización del sector eléctrico, han sufragado importantes pagos por la disponibilidad de centrales y otros conceptos".

Energía impulsó este Real Decreto alegando que la planificación energética del país no podía depender sólo de decisiones empresariales, en medio de un contexto en que se produjo el cierre de la nuclear de Garoña (Burgos), al desistir uno de sus propietarios, Iberdrola, de reanudar la producción en ella. Además, Enel, propietario de Endesa, había dado a conocer que podría cerrar algunas plantas de carbón en España e Iberdrola pidió autorización para cerrar las dos últimas centrales térmicas de carbón Velilla (Palencia) y Lada (Asturias) que tiene en España y en el mundo.

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