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El Gobierno amplía a la mediana empresa la obligación de pagar las prejubilaciones

  • Afecta a todas las firmas con más de 100 empleados y con beneficios
  • Informa al Pacto de Toledo sobre acercar la edad real a la legal de jubilación
  • Comisiones Obreras presenta un recurso de inconstitucionalidad

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La jubilación parcial no está cumpliendo su objetivo, según el Gobierno

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto que amplía a la mediana empresa (más de 100 trabajadores) la obligación de asumir el coste de las prejubilaciones cuando, teniendo beneficios, despidan a trabajadores de 50 años o más. A principios de este año, el Gobierno ya había establecido esta obligación para empresas con más de 500 trabajadores.

Además, a diferencia de la normativa del pasado febrero -que desarrolló uno de los puntos de la reforma de pensiones del Ejecutivo de Zapatero- que fijaba un mínimo de trabajadores despedidos, ahora se elimina ese límite y la empresa deberá asumir el coste de las prejubilaciones desde el primer trabajador de 50 años o más que despida. 

Según ha explicado la ministra de Empleo en la rueda de prensa posterior al Consejo, el objetivo de esta modificación es que "se modere el impacto de la expulsión del mercado de trabajo de manera prematura e injusta de trabajadores de más edad, algo que va en contra de la política de este Gobierno y, sobre todo, de las recomendaciones de la Unión Europea".  Fátima Báñez ha añadido que los despidos de los mayores de 50 años suponen la pérdida de "los trabajadores con más experiencia".

La responsable de Empleo ha señalado que otro motivo del endurecimiento de esta normativa es mitigar "el impacto económico importante" que tiene en las cuentas públicas.

Al igual que en la regulación anterior, las empresas afectadas por esta norma son las que hayan realizado este tipo de reducciones de plantilla después del 27 de abril de 2011.

Según la ministra de Empleo y Seguridad Social, la factura que deberá pagar la empresa tendrá en cuenta "el total de prestaciones contributivas por los trabajadores y si tienen derecho a prestación". Con esos datos "se hará la liquidación y se enviará a la empresa, que tendrá 15 días para realizar alegaciones". El pago a la Administración por parte de la empresa deberá ejecutarse en los 30 días posteriores.

Báñez ha explicado que, si en los seis meses siguientes a la presentación de los despidos, el trabajador vuelve a colocarse, se pagará solo el coste del tiempo que haya estado sin trabajo.

Informe que se eleva al Pacto de Toledo

La responsable de Empleo y Seguridad Social también ha destacado que este endurecimiento de la normativa de prejubilaciones es coherente con un informe que se trasladará al Pacto de Toledo y que busca "acercar la edad real de jubilación a la edad legal", que se sitúan ahora en 63,3 y 65 años, respectivamente. Esta última se elevará paulatinamente hasta que en 2027 sea de 67 años.

En el informe se pide desincentivar las jubilaciones anticipadas y parciales por el coste anual que suponen para la Seguridad Social, que ronda los 10.000 millones anuales.

El de las jubilaciones anticipadas es de 7.288 millones de euros: según los últimos datos disponibles (de 2011), hay 383.900 jubilados de forma anticipada, que cobran una pensión media mensual de 1.356 euros.

A la jubilación anticipada se puede acceder de dos formas: por causas forzosas (a partir de los 61 años) o por voluntariedad desde los 63. "Una de cada dos altas en el régimen general es una jubilación anticipada", ha destacado Báñez.

La pensión media de retiro ha pasado de 591 euros en 2002 a 923 en 2011

Las jubilaciones parciales (se accede a partir de los 61 años y consiste en una reducción de la jornada para lo que la empresa contrata a un relevista) cuestan al Estado 2.690 millones de euros: el número de beneficiarios es de 120.952 y su pensión media mensual, de 1.588 euros.

La titular de Empleo ha recordado que el Pacto de Toledo ya aconsejó en sus últimas recomendaciones desincentivar ambas modalidades de jubilación.

Además, Fátima Báñez ha destacado que la pensión media de retiro ha pasado de 591 euros en 2002 a 923 en 2011, "prácticamente se ha duplicado". Por eso, en su opinión, hay que "acercar la edad real a la edad legal de jubilación, prolongar la edad activa de los trabajadores de forma voluntaria y desincentivar las prejubilaciones por sus efectos negativos para el sistema".

Detalles sobre la regulación de despidos colectivos

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde al reglamento que desarrolla la última reforma laboral en el apartado del despido colectivo, la suspensión de contratos y la reducción de jornada en las empresas, incluídas las públicas.

En este segundo real decreto se detalla la supresión de la exigencia de contar con una autorización administrativa previa para poder ejecutar despidos colectivos. Esta medida, según Báñez, quiere "garantizar la seguridad de los trabajadores a lo largo del procedimiento, dando toda la relevancia al período de consultas, para que trabajadores y empresa tengan toda la información".

Se trata, según la ministra, de que "la participación de trabajadores y empresa limite el número de despidos" y permita utilizar otras formas de ajuste. Si se exigirá enviar una comunicación a la autoridad laboral, "y siempre queda la tutela judicial efectiva en caso de que las partes quieran recurrir".

Además, las sociedades que adopten esos despidos tendrán que "concretar un plan de recolocación externa de trabajadores si despide a más de 50 empleados", ha advertido Báñez, quien asegura que con ello se trata de "hacer más fácil la transición entre el empleo y el desempleo".

Recurso de inconstitucionalidad

CC.OO. presentará recurso de inconstitucionalidad al real decreto ley de procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada.

El sindicato subraya que este reglamento "vuelve a incurrir" en inconstitucionalidad porque recoge los contenidos que desarrollan lo previsto en la ley de 6 de julio con las medidas urgentes para la reforma del mercado laboral "que ya tenía ese carácter".

En opinión de Comisiones al establecer el despido como la única vía de salida que tendrán las administraciones públicas para adaptarse a las dificultades económicas "queda al descubierto" que lo que perseguía el Gobierno en el sector público era hacer el ajuste presupuestario a través de la reducción de personal.

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