Ver también: Especial sobre la crisis de deuda en Europa
El Tribunal Constitucional alemán ha ratificado la legalidad del primer rescate a Grecia y del Fondo Europeo de Estabilidad europeo. No obstante, en su dictamen el Tribunal afirma que el Gobierno alemán debe contar siempre con la aprobación del Parlamento antes de comprometerse a prestar cualquier ayuda futura, una circunstancia que podría ralentizar la aplicación de los acuerdos alcanzados por el Eurogrupo. Las bolsas europeas ha acogido con euforia la sentencia de la Justicia alemana.
Tras conocerse la sentencia, la canciller alemana, Angela Merkel, ha subrayado que el fallo avala su política y ha señalado que su "misión central en la presente legislatura" es ayudar a que Europa salga de la crisis financiera con "el mismo éxito con el que lo ha conseguido Alemania".
También la Comisión Europea ha mostrado su satisfacción por el fallo de los jueces del tribunal con sede en Karlsruhe, al suroeste del país, quienes han señalado que el primer plan de rescate del euro aprobado el pasado año cumplió todos los criterios constitucionales y que el Gobierno federal alemán mantuvo su capacidad de decisión soberana en el seno de la Unión Europea.
Con esta decisión, el máximo tribunal germano autoriza el plan de rescate de la moneda única europea y las ayudas dirigidas a los países de la zona del euro en apuros financieros y presupuestarios, como Portugal e Irlanda, y rechaza las demandas presentadas contra el primer plan de rescate del euro y las ayudas a Grecia presentadas por cinco profesores universitarios y el diputado socialcristiano bávaro, Peter Gauweiler, miembro de la coalición del Gobierno de Merkel.
El fallo da luz verde al Gobierno de Angela Merkel para seguir tomando decisiones y garantizar la estabilidad del euro.
Pero, al mismo tiempo, refuerza el poder del Parlamento, que deberá votar todas y cada una de las medidas que tome el Ejecutivo de Merkel y los siguientes Gobiernos germanos, informa Aurora Mínguez, corresponsal de RNE en Berlín.
El fallo da luz verde al Gobierno para tomar medidas, que deberán ser avaladas por el Parlamento
En concreto, los jueces del Tribunal Constitucional alemán han exigido que todos los planes de rescate y ayudas futuras sean aprobados sin excepción, al menos, por la comisión Presupuestaria del Bundestag, que deberá contar con "suficiente influencia" en el establecimiento de las condiciones de futuros acuerdos de rescate.
"El Gobierno federal requiere la aprobación del comité parlamentario de presupuestos antes de comprometer garantías", ha asegurado el juez Andreas Vosskuhle en la lectura del veredicto. "Como representantes del pueblo, los representantes elegidos por el Bundestag en el marco de la UE controlarán las decisiones básicas de la política presupuestaria", añade la sentencia.
La sentencia no se debe malinterpretar como un cheque en blanco para nuevos rescates
El tribunal ha subrayado que no puede producirse un automatismo en los pagos que socave los derechos de los diputados y reclamó que los paquetes de ayudas sean claramente definidos para que los parlamentarios tengan posibilidades de controlarlos e incluso de rechazarlos. De hecho, el juez ha subrayado que esta decisión del Constitucional "no debería malinterpretarse como un cheque en blanco para nuevos paquetes de rescate".
Este aspecto, según informa Miguel Ángel García, corresponsal de TVE en Berlín, podría suponer de facto la inoperatividad del fondo de rescate europeo, pensado para actuar con rapidez, porque cada préstamo a cada país tendrá que ser aprobado por el Parlamento de Berlín.
En declaraciones a Radio 5, director de Análisis Económico de IE Business School y catedrático de la Universidad San Pablo CEU, Rafael Pampillón, ha confirmado que a partir de ahora se ralentizará la aplicación de este fondo, pero también que habrá más seguridad y que la decisión de la Justicia alemana "otorga un respiro a los países periféricos".
En tres denuncias por separado, los demandantes sostenían que la participación alemana en el plan de rescate y las ayudas a Grecia lesionaban la potestad que, según la Constitución, tiene el parlamento sobre el presupuesto nacional.
Los demandantes consideraban además que la ayuda a Grecia en particular y el plan del rescate del euro en general lesionan un principio del derecho europeo según el cual los estados de la UE no pueden asumir deudas de otros estados miembros.
Asimismo sostenían que la compra de títulos de deuda soberana por parte del Banco Central Europeo (BCE) viola la prohibición de que el banco central financie a los estados.

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