"Es un proyecto de ley extraordinariamente ambicioso". Con estas palabras definía la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, con el que el Gobierno pretende relanzar el crecimiento económico español e impulsar el cambio de modelo productivo.
La iniciativa, sin embargo, es un compendio de algunas medidas ya lanzadas y de otras que apenas se encuentran en esbozo, sin que en ningún caso se acomentan reformas estructurales de gran calado, ni en el mercado laboral ni en el sector financiero, los dos aspectos más reclamados por las autoridades económicas internacionales.
Además, el proyecto regula otros aspectos que van más allá de las medidas puramente económica como la renovación de la Formación Profesional -al margen del pacto educativo que se negocia con la oposición- o la vigilancia de los derechos de autor en internet, que ha generado una considerable polémica por la posibilidad de cerrar webs sin autorización judicial.
Salgado aseguraba el día de su presentación que el conjunto de medidas "propone a los ciudadanos un proyecto de país para 2020", que se concreta en la Estrategia para el Crecimiento Económico Sostenible. En este sentido, la titular de Economía resaltaba que el proyecto "trasciende del periodo de responsabilidad del Gobierno, por lo que pretendemos que se impliquen en él los Gobiernos sucesivos, sea cual sea su color político", aunque los compromisos concretos se refieren al período 2009-2012, hasta que termine la actual legislatura.
El anteproyecto comprende diversas medidas centradas en tres ejes: "la mejora del entorno económico, la mejora de la competitividad y la sostenibilidad medioambiental", según la ministra.
En esa panoplia de actuaciones previstas -algunas de ellas ya en marcha, otras sólo en esbozo-, destacan el aumento de la deducción fiscal por inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) del 8% al 11%, la reforma de los organismo supervisores del Estado o la obligación de las empresas cotizadas de informar sobre la remuneración de sus directivos y ejecutivos.
También se incluyen medidas para la contención del gasto público y para la reducción de la morosidad, así como actuaciones a corto plazo, como una nueva deducción para obras en viviendas que mejoren la eficiencia energética, la gestión del agua o la movilidad de personas discapacitadas.
Asimismo, se contempla una simplificación burocrática para las empresas, de forma que las sociedades limitadas más pequeñas, esto es, que tengan un capital inicial de entre 3.000 y 3.100 euros -el 80% de las que se crean en España-, podrán constituirse en un día y con un coste administrativo de sólo cien euros. Además, las empresas con un capital inicial de hasta 30.000 euros, el 15% del total, podrán constituirse en un plazo máximo de cinco días y con un coste que no superará 250 euros.
Todas estas medidas estarán financiadas por el Fondo de Economía Sostenible, que gestiona el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y que contará con 20.000 millones de euros, y el Fondo Local para el Empleo, ya aprobado por el Gobierno y dotado con 5.000 millones de euros.
En cualquier caso, Salgado ha subrayado que "quedan semanas" antes de que el proyecto llegue al Parlamento para su tramitación, ya que primero debe pasar la fase de consultas, que incluye al Consejo Económico Social, el Consejo de Estado o los agentes sociales, para después volver al Consejo de Ministros, que aprobará la versión definitiva que se presentará ante el Congreso de los Diputados.
"Trataremos de que esta ley se tramite con el máximo consenso y en el mínimo tiempo posible", comentaba la titular de Economía en su presentación, un consenso que también reclamaría el presidente del Gobierno, José Luiz Rodríguez Zapatero, al presentar la iniciativa en el Congreso. En ese camino se encuentra el Ejecutivo.
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